19/12/2002 | 785

Panorama político

Al señalar que el default con los organismos internacionales reflejaba «el fracaso de un país», Duhalde terminó reconociendo, de una forma más o menos elíptica, el total agotamiento de su gobierno.


Después de haber pagado a esos mismos organismos 4.500 millones de dólares durante el año, en nombre de «evitar el default» y «abrirle paso a un acuerdo con el Fondo», Duhalde-Lavagna terminan el 2002 sin acuerdo y con un segundo default, esta vez extendido al FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el medio, les entregaron a los usureros recursos equivalentes a cuatro años de los actuales planes de empleo.


Con esta nueva cesación de pagos, los «organismos» dejarán de ingresar al Estado nacional y a las provincias recursos que ya estaban contabilizados en los presupuestos previstos para el 2003. También se «caen» los acuerdos entre el Estado nacional y las provincias en torno del llamado «financiamiento ordenado», que exigían al menos mil millones de pesos de los organismos internacionales para enjugar los déficits de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos y Córdoba, sin contar los déficit previsionales de éstas y otras provincias, que suman otros 300 millones de pesos. Esto significa que con el nuevo «default» los presupuestos que discuten el Congreso y las legislaturas provinciales se han convertido en «papel pintado».


Conciente de esta debacle, el duhaldismo ensayó una negociación de último momento con el BID, dirigida a obtener un acuerdo bilateral donde, a cambio de pagar vencimientos con este banco, se salvaran los desembolsos previstos en favor de Argentina. Este operativo probablemente contó con el aval de la cúpula del propio BID, en la medida en que el default argentino – que involucra al 16% de su cartera de préstamos – lo golpea severamente. Pero un acuerdo de estas características exigía un aval previo del FMI, cuya negativa llegó en menos de veinticuatro horas. Del mismo modo, no habrá avances en la reprogramación de la deuda pública con acreedores privados, que el gobierno también se apresuró a anunciar con bombos y platillos, sin el acuerdo previo con el Fondo. A su turno, los términos de este acuerdo han vuelto a entrar en una crisis «de fondo». Aunque el gobierno le aseguró al FMI un brutal «ajuste» fiscal para el 2003, no pudo avanzar un milímetro en los aspectos sustanciales del «acuerdo de 12 puntos» entre Duhalde y los gobernadores, que planteaban el inicio de una drástica reestructuración bancaria y la aceleración de las ejecuciones de hipotecas. En el Congreso subsiste «la negativa a votar cláusulas de inmunidad para los directores del Banco Central» (BAE, 16/12), esto es, «superpoderes» para disponer el cierre y liquidación de entidades bancarias.


El FMI no se conforma con el «ajuste fiscal». Exige también un ajuste de cuentas a la burguesía devaluadora y pesificada, para que la bancarrota capitalista argentina abra paso a una vasta recolonización imperialista. En enero pasado, el Tesoro norteamericano y los monopolios «locales» se aliaron para llevar al poder a Duhalde, tras el propósito común de la devaluación. Ahora, el «default total» pone de manifiesto el fin de esa coalición, y el agotamiento completo del gobierno que la expresaba.


 


Entre dos golpes de Estado


En esta aguda división de los explotadores, la salida al default duhaldista transita entre dos «golpes institucionales»: uno para terminar con Duhalde; el otro, para perpetuarlo.


Por una parte, los agentes del capital financiero ya han sentenciado que «el problema no es técnico ni económico, sino político. Y hasta que no se resuelva en ese terreno, hasta que no haya un gobierno democrático con quien negociar seriamente, la nave seguirá a los barquinazos», editorializa El Cronista (13/12). La misma columna reclama, a renglón seguido, «elecciones transparentes», a sabiendas, claro está, que ello jamás ocurrirá con el control de padrones, municipios y punteros que ejerce la patota duhaldista sobre la estratégica provincia de Buenos Aires. Por este mismo motivo, fracasaron todos los intentos de «consensuar» la realización de la interna peronista entre Menem y Duhalde. En suma, cuestionan que Duhalde pueda garantizar siquiera el operativo electoral prometido para fines de abril, lo que plantea su remoción. En el campo de este mismo golpe revistaría la Corte Suprema, dispuesta no sólo a la redolarización de los depósitos, sino también a restituir al menemista Pou en la presidencia del Banco Central. «Si así fuera, no alcanzan las palabras para describir la crisis institucional que se avecina» (Página/12, 16/12).


En la otra vereda, Duhalde prepara su propio «golpe». Apoyado en presentaciones judiciales que cuestionan la legalidad de las elecciones de abril, Duhalde procuraría pasarlas a octubre, para luego «efectivizar su renuncia el 25 de mayo», designar «un dirigente del partido para cubrir un interinato entre el 25 de mayo y el 10 de diciembre» (BAE, 16/12) y presentarse como candidato. Este operativo contaría con el apoyo de Cafiero y Alfonsín, con cuyo candidato en la interna radical (Moreau) habrían colaborado los punteros duhaldistas, ello a partir de sus vínculos comunes con la burguesía devaluadora.


 


Volatilización política


En enero pasado, el golpe duhaldista fue saludado por radicales y centroizquierdistas de toda laya, desde Alicia Castro hasta la Cta. Luego todos ellos, y también la mayor parte de la izquierda, dieron por «hecha» la salida electoral pergeñada por la patota bonaerense, y se apresuraron a participar en ella, sea por la vía de iniciar la campaña electoral o de declararle el «boicot». No puede sorprender, por ello, que el agotamiento del duhaldismo se cobre, también, la suerte de sus tributarios políticos: la interna radical acaba de exhibir el estado de disgregación completa del otro partido histórico de la burguesía, con denuncias que dan cuenta de un fraude de dimensiones gigantescas. El frente de apoyo a Carrió se ha partido luego de la deserción definitiva de los socialistas. A su izquierda, el «horizontal» Zamora soporta su primera fractura, acusado precisamente de ejercer el más duro verticalismo y personalismo entre los suyos.


 


Después del 19 y 20


A medida que se acerca el 19 y 20 de diciembre, el gobierno de Duhalde extrema los esfuerzos para que el agravamiento de la crisis económica y política no le abra camino a un nuevo Argentinazo. A este objetivo apuntan los anuncios de «recomposiciones salariales» para febrero y marzo, siempre «no remunerativas» (pero que, para un salario medio de seiscientos pesos, estaría sancionando un aumento del 25% luego de que el salario real ha caído un 60% a lo largo de 2002). Del mismo modo, Lavagna anuncia, por enésima vez, el «inicio de la reactivación», tan sólo porque el nivel de actividad del mes pasado aumentó un 1% respecto del catastrófico noviembre de 2001. El ministro se solaza también por la estabilidad alcanzada en los precios y en el valor del dólar. Pero si ello sucede, es porque la gran emisión monetaria realizada como contrapartida del ingreso de divisas fue contenida dentro del sistema financiero ofreciendo elevadas tasas de interés. Ahora, la misma abundancia de depósitos, y la ausencia de interesados en tomar créditos, está conduciendo a una caída de las tasas de interés que podría preceder al vuelco masivo de depósitos hacia la compra de dólares, desatando, por esa vía, la hiperinflación. La intervención estatal para elevar la tasa de interés y contener ese proceso conduciría, por el contrario, a profundizar la recesión.


Después del 20, todas estas contradicciones y crisis reaparecerán con mayor fuerza. El «Fuera Duhalde Ya», que preside la Marcha Federal, entronca con este proceso de agotamiento económico y político del régimen, y coloca a los explotados en el vértice de una crisis de poder.

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