La situación política pasó a estar dominada, en los últimos días, por la campaña contra la movilización popular que se espera para el 19 y 20 de diciembre próximos. La circunstancia de que algún puntero menemista pudiera haber sido encontrado proponiendo acciones de saqueo, no debe, sin embargo, prestarse a ninguna clase de confusión: las “operaciones psicológicas” y de otro tipo contra la posibilidad de que se produzca una gran manifestación popular parten del propio gobierno y de los servicios de infiltración del Estado. El duhaldismo es demasiado ducho como para dejar sus huellas digitales en estas acciones y por eso se las arregla para disfrazarse con punteros de otras líneas del justicialismo.

La campaña contra el 19 y 20 parte de una caracterización distorsionada de la rebelión popular del año pasado. Para el peronismo lo que ocurrió no fue una gesta popular usurpada por la Asamblea Legislativa y el duhaldismo, sino “una tragedia” caracterizada por la “violencia”. En esta versión de la historia, se trata de algo que no habría que repetir, en especial porque esta vez iría contra el gobierno de Duhalde. Los oficialistas no explican, sin embargo, por qué si están preocupados por la “violencia” todavía no han castigado a ninguno de los integrantes de los “grupos de tareas” que operaron contra el pueblo en diciembre pasado, y no sólo esto, sino que continúan bajo la protección del gobierno. El duhaldismo disimula su política represiva acusando de “violentos” a quienes se manifiestan por sus reivindicaciones y son atacados por la Policía y la Gendarmería. Aunque no ha logrado imponer la militarización de las barriadas debido a la gran lucha piquetera, esa militarización, por medio de la Gendarmería, sigue siendo un objetivo estratégico del gobierno.

Obviamente, los duhaldistas y sus secuaces son gente ingrata. Sin la rebelión del año pasado no habrían llegado al gobierno como usurpadores ni habrían podido licuar las deudas de sus mandantes por medio de la pesificación. La burguesía “nacional” coqueteó con el pueblo confiscado mientras tuvo que pelear contra la “convertibilidad”, pero alcanzado su objetivo ha dirigido todos sus ataques a las masas; la gestión duhaldista supera cualquier cosa que hubiera hecho Cavallo en materia de confiscación, expoliación y hambre de los trabajadores.

Los D’Elía se han sumado entusiastamente a la campaña contra el 19 y 20 mediante la fácil propagación de las versiones sobre saqueos y la adjudicación de la responsabilidad de la “violencia”, no sobre los servicios del Estado, sino sobre otras organizaciones piqueteras. Es que los D’Elía sabotearon la rebelión popular el año pasado y hoy militan junto al Diálogo Argentino, cuyo principal propósito es quedarse con los “planes sociales” y el correspondiente dinero, claro, del Banco Mundial, para someter a los desocupados al control de los agentes del empresariado y el clero. Las “campañas de solidaridad” que proliferan desde hace bastante tiempo tienen por exclusivo propósito tomar el control de los planes sociales para derrotar al movimiento piquetero y transformar a los desocupados en clientes del capitalismo.

Las iniciativas populares, sin embargo, para darle una carácter político y multitudinario al próximo 19 y 20, crecen todos los días. El pueblo ha recibido la campaña oficial como una provocación; Duhalde va a recibir la misma respuesta a su campaña que la que recibió De la Rúa cuando declaró el estado de sitio. Los explotadores son duros para aprender y tienden a repetirse, lo que se explica porque son una clase condenada. El Congreso del Partido Obrero votó, el último fin de semana, darle una fuerte batalla política a la campaña oficial, subrayando que: a) Duhalde es un usurpador que llegó al gobierno para estrangular las aspiraciones de la rebelión popular del año pasado; b) los objetivos de esta rebelión no han sido alcanzados, a saber, “que se vayan todos” y que los reemplace una nueva representación popular que reorganice al país sobre nuevas bases sociales.

Es que contra todo el autobombo del “veranito”, el gobierno se encuentra en una situación de “expectativas decrecientes”. Así lo descubren los sociólogos de las encuestas, que afirman que “la curva de las expectativas públicas acerca del futuro del país ha experimentado una caída inesperada, acentuada sobre todo en las dos últimas semanas de noviembre” (Zuleta Puceiro en El Cronista, 3/12). El encuestador denuncia “la guerra abierta por los espacios de poder en el justicialismo”, porque esto significa que no hay salida política y que el régimen, por lo tanto, puede derrumbarse en cualquier momento. En efecto, aunque las elecciones se han re-programado, como los depósitos en los bancos, para el 27 de abril, el gobierno sigue sin candidato y sin internas. Se supone ahora que el PJ deberá ir a elecciones con cinco candidatos diferentes con la promesa de apoyar al más votado en un segundo turno. El plan político ha quedado así agarrado con alfileres. En estas condiciones, el gobierno incapaz de superar el hambre y la desocupación, tampoco es capaz de armar una salida política. El encuestador citado se ve entonces obligado a juntar las “expectativas decrecientes” a “un cuadro electoral de dificultades crecientes y, en el horizonte inmediato, un futuro poder presidencial de debilidad institucional”.

El “panorama político” se caracteriza, en las vísperas del 19 y 20, por una renovada tendencia al derrumbe del duhaldismo.