El flamante y misógino ministro de Justicia, Martín Soria, en combinación con el portal El Destape de Roberto Navarro, ha desempolvado los registros de ingresos y reuniones oficiales de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos del período de Macri, registros que Alberto Fernández tenía a su disposición desde el día uno de su asunción. Allí, además de los muy nombrados Hornos y Borinsky, figuran jueces y camaristas federales, fiscales, espías, funcionarios, periodistas y dueños de medios de comunicación.

El ministro Soria afirma que esa lista prueba el lawfare, dado que dichos magistrados se reunían en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos en fechas cercanas a tener que resolver contra CFK o su entorno.

Por caso, se registran 8 visitas del presidente de la Casación Hornos (dos a la Quinta de Olivos y 6 a la Casa Rosada), 15 visitas del juez del mismo tribunal Mariano Borinsky, quien dijo que iba a jugar al paddle. También están apuntados en las reuniones Arribas, Angelici, el fiscal Plee, el juez de la Cámara Federal Llorens (que resolvió en la “ruta del dinero”). El portal K todavía no ha creído conveniente publicar la totalidad de la lista de visitantes de la Casa Rosada que obtuvo, según dice, con un pedido de “acceso a la información pública”.

En la misma línea de Soria, ha salido Diego Molea, el presidente del Consejo de la Magistratura que nombró el gobierno, que ya ha iniciado sumario contra el juez Hornos, pero que difícilmente obtenga las mayorías necesarias para avanzar en su destitución. También se han presentado pedidos de sumario contra Borinsky.

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien además es parte interesada porque carga a cuestas un procesamiento en la causa del “Memorándum” con Irán, fue más lejos y manifestó que la lista probaba que las causas estaban armadas y que por lo tanto deberían declararse nulas, puesto que intervinieron magistrados que debían excusarse de entender en los procesos.

Para el kirchnerismo, estaría probado que durante el macrismo existió una “mesa judicial” que integraba a funcionarios, operadores judiciales, servicios de inteligencia, magistrados y dueños de medios de comunicación, con el objeto de perseguir a CFK y su entorno. Esperan conseguir para CFK lo que consiguió Lula. Difícil, dado que en el sistema judicial argentino hay más instancias de juicio que en Brasil, de modo que habría que declarar nula no solo la intervención de un juez sino la de varios jueces y fiscales.

Como el kirchnerismo no pudo avanzar con su reforma judicial para frenar o limitar las distintas causas que la “mesa judicial M” ya puso en marcha, es que ha armado su propia “mesa judicial K” con la parte de la corporación judicial que le responde (Justicia Legítima), agrupamiento que ya supo ocupar lugares estratégicos en el Consejo, pero también en la AFI con la designación de la exfiscal Cristina Caamaño como interventora del organismo de espías.

Ningún incauto creerá que El Destape, El Cohete a la Luna o C5N realicen un trabajoso peregrinaje para conseguir información pública como cualquier ciudadano de pie, sino que es claro que, así como Clarín, La Nación e Infobae participaban de la “mesa judicial M”, ellos forman parte de la “mesa judicial K” que ahora asume una iniciativa de ataque mediático y judicial a los operadores judiciales del macrismo, como su último recurso en procura de su defensa propia.

Si no pueden anular juicios o avanzar con la remoción de jueces que podrían condenarlos rechazando sus apelaciones, el gobierno quiere picarles el boleto para que tengan que excusarse o poder recusarlos con fundamento en futuras instancias. En esa línea fue una reciente presentación del Colegio de Abogados de la Capital Federal, que se presentó como querellante en la “causa Lomas”, para que se declare nula la decisión de llevarla a Comodoro Py, ya que la resolución lleva, justamente, la firma de Hornos y Borinsky.

El lawfare se ejerce a dos bandas. En una causa que podría dar mucho que hablar, María Servini de Cubría viene de dictar el llamado a indagatoria y la prohibición de salir del país para “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial que Macri refirió que le llevó la idea de nombrar a ministros de la Corte por decreto. Esto se da en el marco de la causa que con el patrocinio del Dr. Beraldi (abogado de CFK) le inició Fabian De Souza (socio de Cristóbal López) a Macri, Marcos Peña, Rodríguez Simón y otros, porque habrían conformado una asociación ilícita para apoderarse las empresas del Grupo Indalo.

Pero las denuncias contra el macrismo, en lugar de exculpar al kirchnerismo, ponen de manifiesto que tanto las corruptelas de kirchneristas como de los macristas están a la vista opinión pública, en lo que es un régimen de corruptos. Los crímenes que se ventilan de un lado y del otro, en una suerte de guerra judicial cuyo telón de fondo es una disputa por el control del aparato del Estado, no dan lugar a equívoco más allá de que opinen lo contrario algunos izquierdistas que salieron a defender a CFK (PTS y el caso Báez).

Es cierto que se podría esgrimir que tanto en las investigaciones contra CFK como contra Lula, existieron irregularidades procesales y manipulaciones jurídicas. Pero los kirchneristas o los lulistas fueron un canal de la corrupción endémica capitalista de la patria contratista, donde las causas de Odebretch o “la ruta del dinero” son solo la punta del iceberg de los desfalcos de los últimos 40 años. Por otro lado, no es casual que mientras Odebretch se llevó puesto a presidentes y funcionarios en todo América Latina, en Argentina ha habido un pacto de macristas y kirchneristas para que no avancen las investigaciones, pues se encontraban coaligados los Báez y los Calcaterra.

Los bolsonaros y los macris no solo no tocaron un ápice a la patria contratista de sus respectivas burguesías, sino que la cobijaron y también le gestionaron en mayor escala sus negociados con el Estado. Los macristas deben defender a la corpo judicial porque así procuran la impunidad para sus propios chanchullos. Es evidente que todas las causas que acosan al macrismo en distintos puntos de la justicia federal son intentadas llevar a Comodoro Py para dormirlas. Pero el kirchnerismo no impulsa la lucha contra la casta judicial y el llamado lawfare en un sentido general y progresivo, sino que reclama una igualdad de impunidad, para todas y todos.

Les trabajadores tenemos en frente un régimen de corrupción e impunidad que ha saqueado la Nación, en beneficio de un puñado de capitalistas y en detrimento de las condiciones de vida de las masas, y que ventila sus chanchullos en los tribunales cuyos magistrados también son corruptos e intervienen no en función de la averiguación de la verdad sino en representación de los distintos sectores capitalistas en pugna.

El desmantelamiento del actual sistema judicial capitalista entrelazado con los servicios de inteligencia y las mafias es vital para les trabajadores. Sobre esa base se debe dar paso a una reestructuración de los tribunales a partir de la electividad y revocabilidad de los magistrados por el voto popular. Con este planteo transicional, avanzaremos en la lucha más general por elevar la conciencia de la clase obrera respecto de la necesidad histórica del gobierno de los y las trabajadores.

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