El juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa por el apropiamiento ilegal de Papel Prensa SA durante la dictadura militar. El fallo resulta particularmente grave porque niega las consecuencias extorsivas de un acto de terrorismo dictatorial.

 

Papel Prensa había sido fundada por el banquero David Graiver, de manejos turbios con los fondos de la agrupación Montoneros, a la que aparentemente estafó. Cuando se produjo el golpe de 1976, Graiver había huido del país, pero poco después murió en México, en un accidente de aviación extraño, porque nunca se pudieron identificar los cadáveres ni se encontró la caja negra.

 

Entre abril y mayo de 1976, casi todo el directorio de Papel Prensa fue secuestrado por grupos de tareas militares, entre ellos, la esposa de Graiver, Lidia Papaleo y Rafael Ianover, ahora querellantes en la causa contra Magnetto y compañía. Papaleo, Ianover y los otros fueron torturados personalmente por el general Bartolomé Gallino, lo cual indica la importancia que se les daba a aquellas víctimas. Cuatro meses después, el 2 de noviembre de 1976, Papaleo vendió Papel Prensa a una sociedad integrada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Papaleo denunció que fue obligada bajo tortura a efectuar esa operación y que Magnetto mismo le dijo: “Firmá o podés dar por muerta a tu hija”. Vendido Papel Prensa en esas circunstancias, Papaleo nunca llegó a cobrar la suma absurda de 7.000 dólares correspondientes a la primera cuota.

 

Según actas militares, otro Gallino, Oscar, oficial preventor a cargo de “investigar” aquella operación, el 7 de abril de 1977 “recibió a los directores y asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del grupo fundador de Papel Prensa SA” (Tiempo Argentino, 6/6/10). Ese Gallino con el que se reunieron Magnetto, Noble y Mitre era el subjefe del centro clandestino de detención y exterminio El Tolueno, en la zona 4 de Campo de Mayo, donde, entre otros crímenes, fueron asesinados los militantes del ERP capturados en el asalto al Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975.

 

Ahora, Ercolini dice que no hay prueba ni indicio alguno sobre el vínculo entre los secuestros de Papaleo, Ianover y los otros y la venta de Papel Prensa; sugiere, además, que el grupo vendió la empresa amenazado por Montoneros, debido a la deuda que Graiver habría tenido con esa organización. El fallo resulta en ese punto simplemente ridículo: Papaleo no se habría sentido amenazada por el secuestro y torturas a que fue sometida por un grupo de tareas, sino por la posibilidad de que Montoneros, a esa altura casi destruido, le hiciera daño por una deuda. La gravedad del asunto es que el fallo desconoce las consecuencias de un secuestro, torturas y amenazas de asesinato.

 

Ercolini es una síntesis personal del estado de corrupción política y de todo tipo en que se encuentra la Justicia argentina. Allegado del ex procurador Esteban Righi, sobreseyó con velocidad récord a Néstor Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito apenas asumió en su juzgado, en 2004. En 2008 también salvó a los Kirchner en otra megacausa por asociación ilícita y fue denunciado por Elisa Carrió, que pidió juicio político contra él. Cuando los vientos empezaron a cambiar ordenó la detención de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, por recibir dádivas. Y ahora libra de responsabilidad a un grupo de tareas de la dictadura. La vieja servilleta de Carlos Corach cambia de orientación según los vavivenes de la política, pero sigue funcionando a full.