El escriba del grupo Clarín tiene parte de razón al referirse a la reciente intervención de Guillermo Moreno como un episodio que “parece una película de la mafia”. Pero la película completa, desde la creación de Papel Prensa, revela una trama mafiosa de más largo alcance que incluye a las empresas periodísticas. “La mafia en versión estatal”, tituló Ricardo Roa su columna de opinión (8/10). “Y privada”, olvidó completar.

En 1972, el lobby empresarial había logrado que el Estado invirtiera en la creación de una empresa “nacional” que produjera papel para diario a los efectos de abaratar los costos de ese insumo ya que, hasta mediados de los setenta, diarios y editoras de revistas importaban la casi totalidad del papel a precios astronómicos. Lanusse adjudicó directamente –sin licitación– la mayoría de las acciones a un grupo conformado, entre otros, por César Civita, dueño de Editorial Abril, Livio Kuhl, de Celulosa Jujuy y de Luis Alberto Rey, reservándose el Estado el 25% de las acciones.

Hacia 1975, la mayoría accionaria había sido transferida, a David Graiver, el banquero asociado a la organización Montoneros. Al año siguiente, Graiver “muere” en un dudoso accidente de aviación. En 1978, luego de detener a su familia bajo las órdenes del asesino Ramón Camps y de obligar su esposa a firmar un preboleto de venta de todas las acciones, los representantes del Estado –entonces accionistas mayoritarios por la apropiación de todos los bienes de Graiver– convocan a una asamblea para ofertar el paquete de acciones que reciben, como regalo, los diarios Clarín, La Nación y La Razón. En septiembre de ese mismo año se inaugurará la planta en San Pedro y, entre los que celebran el discurso fundacional del genocida Videla, figuran en primera fila Ernestina Herrera de Noble (Clarín), Bartolomé Luis Mitre (La Nación) y Patricio Peralta Ramos (La Razón).

Habrá que esperar al año 2000 para que Clarín termine de comprar a “precio vil” –tal como fuera denunciado por una de las Cámaras de Apelaciones y ratificado por la Corte Suprema– la participación correspondiente en Papel Prensa de la quebrada empresa La Razón.

Ya bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, el entonces fiscal Ricardo Molinas llevó adelante una extensa investigación que concluyó con un durísimo informe que denunciaba “uno de los casos de corrupción más graves de la historia argentina” (Crítica de la Argentina, 13/4/08). Alfonsín desactivó la causa. Hasta hoy, además, existe un verdadero complot para ocultar las denuncias de los efectos contaminantes de Papel Prensa en el río Baradero (ídem).

Fuera del complot, como es lógico, quedaron los restantes empresarios periodísticos: las primeras denuncias de Héctor Ricardo García (antes de quebrar Crónica) y Julio Ramos (Ambito Financiero), quienes recusaron el formidable negocio (para los otros grupos) y el perjuicio de recibir cuotas reducidas de papel “nacional”, con un precio mayor al que lo adquirían La Nación y Clarín. Jorge Fontevecchia, del grupo Perfil, revela que el costo de la tonelada de papel importado a principios de año era de 810 dólares, la del papel nacional a 500 dólares para las empresas accionistas y de 610 dólares para el resto. Siempre que puedan acceder, porque, según declara, “de las 170 mil toneladas que fabrica por año, 40 mil son consumidas por La Nación, 100 mil por Clarín y apenas 35 mil se venden a otros diarios. El resto de los diarios compra su papel –84 mil toneladas– en el exterior” (Perfil, 10/10/09). En esa misma nota, Fontevechia señala que a la fecha Papel Prensa dejó de ser un gran negocio por la caída estrepitosa del precio del papel importado, que se redujo a casi la mitad, apenas un 11% más caro que el nacional. Eso explicaría el precio devaluado de la empresa, que rondaría los 85 millones de dólares, y, en parte, la embestida oportunista del gobierno para amenazar con una expropiación (con pago fácil) para una reventa posterior entre accionistas amigos.

El pasaje por el directorio de funcionarios como el radical Julio César Saguier, el ex menemista Luis Juez y el ex jefe de Gabinete de los Kirchner, Alberto Fernández –para muestra unos botones– habla de algo más que complicidad. Se trata de una de las tantas alianzas estratégicas que, como es de esperar, siempre huelen a podrido.