El gobierno envió al Congreso el paquete fiscal, titulado “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, en complemento a la ley de bases. La iniciativa propone, entre otras medidas, restituir la cuarta categoría de Ganancias, demostrando que para Milei la casta son los trabajadores que logran superar la línea de pobreza. En contraste, se premia a los evasores con un blanqueo de capitales y una moratoria impositiva.

El presidente que dijo en campaña electoral “antes de subir impuestos me corto un brazo”, presenta un paquete fiscal centrado en impuestazos sobre los trabajadores. De aprobarse en el Congreso, alrededor de 800 mil asalariados volverán a tributar Ganancias (ahora rebautizado Impuesto a los Ingresos Personales). El proyecto establece un Mínimo No Imponible (MNI) de $1,8 millones brutos mensuales ($1,5 millones netos) en el caso de los que no tienen hijos menores, y de $2,2 millones brutos ($1,9 millones netos) para quienes tienen hijos menores.

De este modo, los trabajadores que conquistan remuneraciones que ajustadamente logran superar el umbral de la pobreza (que en marzo se ubicó en $773.385) pasan a ser confiscados por este impuesto, cuando el salario de ningún modo puede ser considerado como ganancia. Además, se actualizará el MNI por inflación una sola vez al año (actualmente el ajuste es trimestral), haciendo que, como resultado de la inflación y el devenir de las paritarias, nuevos contingentes de trabajadores sean alcanzados por este tributo durante los doce meses que el piso de Ganancias se mantiene congelado.

Como si fuera poco, el proyecto oficial incorpora como parte de la base imponible del impuesto todos los pagos recibidos por los trabajadores en relación de dependencia, como las horas extras, el aguinaldo, los viáticos, los bonos, el plus por zona fría, el pago de gastos de educación del grupo familiar, tarjetas de compra, vales de combustible, etc.

Solo mantiene deducciones especiales para los trabajadores petroleros, lo cual probablemente sea una zanahoria para obtener los votos de los legisladores de Santa Cruz y Neuquén, cuyos gobernadores quieren evitar a toda costa que se produzcan levantamientos obreros en los yacimientos de sus provincias que obstaculicen los negocios de las empresas hidrocarburíferas instaladas allí.

Esta disposición constituye un verdadero zarpazo al bolsillo de los trabajadores que dejan de estar exentos de Ganancias si esta ley se aprueba, dado que comenzarían a pagar hasta $60 mil por ese concepto (Clarín, 17/4).

La reposición del regresivo impuesto al salario, al ser coparticipable, es el caballito de batalla que tiene el gobierno nacional para recoger el apoyo parlamentario de los representantes de las provincias. Con este objetivo, el ministro Guillermo Francos viene manteniendo reuniones con los gobernadores, quienes, incluso los opositores, no tienen ningún problema en “mandar al muere” a los trabajadores a cambio de defender sus cajas y preservar los intereses de las burguesías locales. Hasta el kirchnerista Gerardo Zamora de Santiago del Estero se sentó a negociar con Francos el voto favorable de los tres senadores de su provincia.

El proyecto también contempla impuestazos sobre la población trabajadora más precarizada mediante el aumento de las cuotas del monotributo. La cuota de la categoría más baja pasa de $12.128,39 a $26.600 (+119,3%) y la segunda más baja de $13.561,75 a $30.280 (+123,3%). Insostenible para muchos cuentapropistas, prestadores de salud o empleados que trabajan en relación de dependencia bajo esta figura -fraude laboral que es moneda corriente en el Estado- que perciben ingresos sumamente deteriorados.

Sucede que, en la medida que el cumplimiento de las metas fiscales del FMI se está viendo amenazado por la caída en la recaudación fruto de las políticas recesivas, el gobierno agrava la presión fiscal y el ajuste sobre el pueblo trabajador. En marzo ya no hubo superávit primario, dado que, según Asap (Asociación Argentina de Presupuesto), la recaudación sufrió una caída del 14,1% real en términos interanuales, empujada principalmente por la merma del IVA (-30,5%), lo cual se explica por el retroceso del consumo. De hecho, la promesa gubernamental de levantar el cepo cambiario choca con las metas superavitarias que impone el Fondo, puesto que implicaría la eliminación del Impuesto País.

En contraste, las medidas que apuntan a incrementar la recaudación  pero que están dirigidas a los capitalistas son mucho más benévolas ya que ofrecen a cambio distintos beneficios. Por un lado, el proyecto de Milei contiene una moratoria impositiva mediante la cual, aquellos empresarios que posean deudas impositivas y de la seguridad social, podrán abonarlas en hasta 84 cuotas, con rebaja de intereses de hasta el 70% y condonación de multas.

Por otro lado, establece un blanqueo de capitales, donde los activos que se regularicen “quedarán liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas, así como serán exonerados del pago de impuestos que se hubieran omitido ingresar (Ganancias, internos, IVA, Bienes Personales y el aporte extraordinario, denominado Impuesto a la Riqueza)” (ídem). 

La doble vara del gobierno es total: pretende robustecer al fisco premiando a los capitalistas que lo defraudan, mientras coacciona a los trabajadores para que paguen más impuestos. De hecho, el gobierno se cuidó de no incluir en este paquete fiscal ningún punto que pudiera generar conflicto con algún sector patronal, hasta eliminó a último momento el artículo que disponía la suba del impuesto al tabaco. Sucede que “se quemó con leche” con la Ley Ómnibus y quiere evitar que los choques con sectores de la burguesía lo lleven a una nueva derrota parlamentaria.

Si bien quiere compensar con impuestazos sobre los trabajadores, el escenario recesivo hace que esto no sea suficiente para alcanzar las metas fiscales del FMI, e, inevitablemente, alguna fracción de la clase capitalista tenga que pagar el ajuste de su bolsillo. Con lo cual, por más que el gobierno esta vez haya apelando al diálogo con la oposición antes de presentar los nuevos proyectos, la crisis por arriba está lejos de haberse cerrado.

Con todo, las medidas fiscales que tratará el Congreso, y la ley de bases pronta a presentarse, constituyen una afrenta para los trabajadores y toca enfrentarlas con la movilización callejera, sin depositar ninguna confianza en la oposición patronal, preocupada en tejer acuerdos con el gobierno para sostenerlo en el poder y oficiar de recambio en las próximas elecciones. La perspectiva de “hay 2027” es un camino de derrota para el movimiento popular, construyamos desde ahora un plan de lucha hacia la huelga general para tirar abajo la ofensiva antiobrera del gobierno y el FMI.

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