Desde el Ministerio de Infraestructura de la Provincia se informó a los medios que destinará 55 millones de pesos para instalar dentro de la catedral de La Plata un nuevo sistema detector de fuego, terminar de construir una de las torres y renovar el servicio de mantenimiento.

Las mismas fuentes que los fondos comprometidos no serán para resolver “falencias estructurales”, ya que pronto comenzarán a realizarse estudios para el mantenimiento general más profundo de la Catedral y que se prevé una licitación para la renovación del mantenimiento básico y la limpieza de la iglesia.

Lógicamente, este acuerdo entre el gobierno y el arzobispado platense no es gratuito, la iglesia católica ha jugado un rol de contención de la crisis, interviniendo directamente como “mediador” en el conflicto del Astillero Río Santiago y atacando todas las reivindicaciones del movimiento de mujeres y disidencias, específicamente contra el aborto legal, la aplicación de la ley de educación sexual en las escuelas y la implementación del cupo laboral tras en el estado provincial. No es casual que medios periodísticos de la ciudad hayan informado que parte de la “reforma de la catedral” sea la instalación de rejas en el frente de la misma, cuando en octubre de este año se va a desarrollar el encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad.

Este desembolso del estado provincial se realiza en medio de la enorme crisis económica que el gobierno pretende descargar sobre la clase obrera. Ese dinero debería ser destinado por ejemplo a la infraestructura de los hospitales y las escuelas públicas que se caen a pedazos, como también a los edificios públicos en los cuales los estatales trabajan todos los días en condiciones insalubres. Cabe destacar que a nivel nacional, el presupuesto destinado al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que es el organismo encargado de la aplicación de la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, equivale a $11,36 por mujer e implica una retracción del 18% con respecto al asignado en 2018. Asimismo, en la ciudad de La Plata existe un único refugio para mujeres en situación de violencia, dependiente del municipio, que sólo tiene capacidad para albergar a seis mujeres y su grupo familiar.

El jefe de Gabinete Marcos Peña anunció el año pasado, en el Congreso, que paulatinamente iban a dejar de subsidiar a la iglesia católica. Sin embargo, este financiamiento tiene como sustento “legal” la Ley 21.950, todavía vigente, firmada por Videla y Martínez de Hoz en 1979, que establece que le corresponde al Estado pagar los sueldos de todos los arzobispos y obispos de la Argentina, equivalentes al 80% de lo que percibe un juez nacional de primera instancia.

Separación ya de la Iglesia del Estado.