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En
los conflictos gremiales, habitualmente hay dos propuestas: la de la patronal y
la de los trabajadores. No es el caso de Paraná Metal. El viernes 23 se va a
considerar una que no viene ni de una ni de otra. Se trata de una propuesta de 10
puntos que hace Estado, elaborada en el Ministerio de Trabajo que ha expropiado
la dirección del conflicto.

Que
la propuesta venga del Ministerio es significativo, pues indica que ése será el
modelo a seguir por el gobierno para los futuros conflictos gremiales. El
viernes en Villa Constitución, entonces, se pondrá en consideración una salida
estratégica, tanto para el Ejecutivo nacional como para la clase obrera.

Rechazar
el acta

Los
diez puntos presentados por el Ministerio de Trabajo, sus fundamentos y sus
“consideraciones”, constituyen golpes muy fuertes a los trabajadores
de Paraná Metal.

Si
se aprueba la idea oficial, el Ministerio supervisará toda la operación de
“salvataje”, que en principio se estiraría hasta febrero de 2010.

Como
ha indicado Prensa Obrera en una edición anterior, el gobierno llegó a un principio
de acuerdo con un “inversor”, Carlos Leone, lo cual de ninguna manera
asegura la fuente de trabajo de los 1.200 obreros. El gobierno controla el
proceso pero no se hace cargo de la planta; si en el futuro el inversor
quiebra, el gobierno se lava las manos.

Mientras
tanto, sin hacerse responsable por el funcionamiento de la planta, el gobierno
“ayudará” al nuevo patrón con los llamados “subsidios a la
producción”.

La
propuesta admite la liquidación del actual convenio, pues elimina -de hecho- el
laudo 29, que regula la actividad de compañeros que trabajan en la fabricación
de autopartes de la industria  automotriz
aunque están bajo el convenio metalúrgico. El laudo 29 establece un salario
intermedio entre el convenido del Smata y el de la UOM (a favor del primero). Ese laudo costó
grandes luchas y se aplica, como quedó dicho, a las autopartistas de la UOM que trabajan para las
grandes terminales automotrices. Si se impone la propuesta del ministerio y el
laudo 29 queda suprimido, el ingreso de esos operarios retrocederá al convenio
limpio de la UOM,
con una pérdida muy fuerte en premios y de las categorías más calificadas.

Además
de esta rebaja salarial, el Ministerio pretende que sean aceptadas suspensiones
rotativas sin fecha fija de finalización con grandes rebajas salariales. Esto
adelanta que, además de la intención de trabajar con algo más del 50% de la
planta permanente, podemos estar en presencia de un achique estructural por
muchos años y, por lo tanto, que las suspensiones luego se transformen en
despidos como sucedió en General Motors.

Uno
de los aspectos más negativos de la propuesta es que no se dice cuál va a ser
el futuro de las tercerizadas y de las 
cooperativas. El dato no es menor, pues en Paraná Metal actúan varias
cooperativas y ocupan 390 operarios. Sus trabajadores no son
reconocidos como personal efectivo y no han quedado incluidos en el acta
elaborada por Trabajo. Sólo hay en la propuesta un reclamo “aparte”
de las cooperativas; los contratados, tercerizados y las cooperativas figurarán
entre los primeros “caídos” en esta propuesta.

La
propuesta viene acompañada de un duro golpe a la democracia sindical y a los
trabajadores. El Estado pretende que sea rechazada o aprobada, sin posibilidad
de discutir enmiendas o alternativas, y en una votación secreta, sin debate en
una asamblea general. Se trata de una extorsión.

La
directiva de la UOM
de Villa se ha acomodado a la exigencia del gobierno, pese a que sabe por
experiencia que las votaciones secretas son el método preferido de las peores
burocracias.

Nos
pronunciamos en contra de la votación secreta. Los trabajadores deben deliberar
y tiene la posibilidad de contraproponer en una asamblea general.

Ningún
desconocimiento del convenio. Ninguna rebaja salarial. Que se repartan las
horas de trabajo sin afectar el salario entre todos los trabajadores de Paraná
Metal.

O
el gobierno se hace cargo de la planta bajo el control de los trabajadores o
entraremos en una agonizante nueva estafa. Se debe garantizar la totalidad de
los sueldos adeudados y su pago íntegro hasta la normalización definitiva de la
situación. No a la propuesta.

Juan Ferro