El inquilino precario, último eslabón del régimen de los pulpos inmobiliarios.

Desde el último trimestre del año pasado, se han producido en la ciudad más de cien desalojos. “Actualmente, hay 477 en trámite” (Clarín, 9/5). Así irán a la calle quince mil personas.

Esta furia expulsiva arranca con la reforma al Código Penal, de octubre pasado, que autoriza a los jueces a desalojar “en cualquier estado del proceso y aún sin procesamiento”.

Los empresarios inmobiliarios festejaron la reforma. Es un grito de guerra contra las 150.000 personas que viven en 3.000 casas ocupadas, el 30% de las cuales es de propiedad de la ciudad. El fondo de la “reforma” es la especulación con propiedades antiguas, promovida por la política oficial de transformación del sur de la Ciudad en un enclave turístico y comercial. La víctima, el trabajador más explotado.

Quiénes son los verdaderos “ocupantes”

El dedo acusador de la Justicia y la Policía apunta a los “ocupantes”. Pero en la mayoría de los casos, estas familias pagan el alquiler de sus cuartos a supuestos “propietarios”, que desaparecen al momento del desalojo. Hay una mafia de “operadores” de casas con situaciones dominiales indefinidas, en sucesión o en remate. Otro fraude frecuente es la compra de inmuebles a través de hipotecas por parte de especuladores que luego no las pagan. En el remate, en combinación con los martilleros, el especulador “recompra” la propiedad por una cifra irrisoria. Entretanto, él mismo organiza la “ocupación”, estableciendo alquileres precarios. Después se vende el inmueble a valores de mercado, desalojando antes a los inquilinos.

Los desalojados, en muchos casos, ya han iniciado trámites para la compra de viviendas sociales en la Comisión Municipal de la Vivienda o el Fonavi. Durante años, sus carpetas fueron “cajoneadas”.

La precarización laboral es otra “partera” del inquilino precario: el trabajador contratado o en negro carece de las condiciones para acceder a un alquiler en regla y termina pagando cifras absurdas por una pieza en una casa “ocupada”. El último eslabón de esta escala de superexplotación es el inmigrante, quien por falta de documentación *y de los recursos para acceder a ella* apela a estos alquileres informales.

 

Los hoteles

Sobre la ola expulsora, se ha montado un negocio degradante: el alquiler de hoteles por parte del Gobierno para los danmificados. En “99 hoteles al borde de la demolición, sobreviven unos 8.500 porteños ‘sin techo’…” (La Primera, 19/5), aunque según un relevamiento no oficial, “unos 2.500 sin techo” nunca pisaron donde figuraban como alojados (ídem). Se previeron 9 millones en este rubro para todo el 2001, pero la “proyección” de los primeros 5 meses arroja un gasto de… 14 millones para todo el año. La cifra duplica el plan de urbanización de villas de la CMV. Alcanza para construir viviendas para miles de desalojados.

Pero la ola de expulsiones desbordó este esquema: ahora “Promoción Social” ofrece “indemnizaciones” de 700 u 800 pesos a los alojados en hoteles para que los abandonen. El final es la calle donde duermen miles.

 

Plataforma de acción

Cada desalojo concentra todos los problemas de los trabajadores de la ciudad: ausencia de una política de vivienda social; salarios miserables y en negro; carestía del suelo; sojuzgamiento del inmigrante… La responsabilidad es del régimen político. El Gobierno de la Ciudad la elude; dice que la legislación sobre desalojos es de “jurisdicción nacional”. Pero tampoco reclama al Congreso Nacional su derogación. Existen medidas urgentes para acompañar a la suspensión de los desalojos por un plazo mínimo de dos años: el inicio de una investigación integral sobre la situación de dominio de todas las llamadas “casas ocupadas”. Que se establezca, por ley, la prolongación indefinida de todos los alquileres precarios en inquilinatos. Que el Estado se haga cargo de los alquileres de propietarios de vivienda única, despedidos de su trabajo. Inventario de las casas desocupadas e investigación de su propiedad, para adjudicación a los “sin techo”. Que se investiguen los hoteles “bancados” por Promoción Social, y se destinen estos fondos a la construcción de viviendas sociales. Empadronar, al mismo tiempo, a los ocupantes precarios y establecer un plan de acceso a viviendas sociales con cuotas que no excedan el 10% del ingreso familiar. Sobre esta plataforma impulsamos un gran movimiento común de todos los desalojados y “sin techo”.