Parcial marcha atrás con el tarifazo de gas
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Organización y lucha para derogarlo completamente
El retroceso parcial del gobierno con el tarifazo de gas es un triunfo – parcial también– de la movilización popular que a lo largo de este año luchó en todo el país contra esta confiscación. Con esta acción, el gobierno quiere contener la segura ira que provocará la llegada de las facturas con precios astronómicos por el mayor consumo de gas debido al frío. “La marcha atrás era casi inevitable desde que se instrumentó la medida porque en invierno una familia tipo con cocina, dos estufas, un termotanque o calefón, entraba dentro de los ajustes con aumentos de hasta un 300 y un 400% con respecto al año anterior” (Ambito Financiero, 4/6). Ahora, alcanzado este primer paso, hay que redoblar la organización y la lucha contra todos los aspectos del tarifazo, tanto en el gas como en la electricidad, hasta su derogación.
Mentiras
El miércoles 3, el gobierno decidió sacar a un millón de hogares del pago de un cargo (impuesto) destinado a amortizar las importaciones de gas de Bolivia y del barco que fondea en Bahía Blanca. Esta exención es parcial, vale sólo entre mayo y agosto, y deja en pie todos los otros aumentos. Para ese millón de hogares, por caso, las boletas de gas de los bimestres mayo-junio y julio-agosto traerán aumentos de entre 58% y 65% respecto del año pasado para un consumo similar (Ambito Financiero, 8/6). Y a estos porcentajes se les suman las sanciones vigentes del Programa de Uso Racional de la Energía (Pure).
El gobierno miente cuando dice que esta decisión se basa en el menor precio del petróleo y el gas respecto de noviembre de 2008, cuando resolvió aplicar los cargos. En realidad, el petróleo es hoy más caro. El día del anuncio, el 28 de noviembre pasado, el barril cotizaba a 54 dólares mientras que ahora gira alrededor de los 67-70 dólares. Es decir, el cálculo de este cargo se hizo sobre un valor del petróleo artificialmente elevado (el precio del gas está determinado por el del crudo).
Por otro lado, está en cuestión la necesidad de importar gas este año por la caída del consumo y las temperaturas más altas previstas para este invierno. El gas entregado por las distribuidoras a hogares y estaciones de servicio de GNC bajó 7% en marzo de 2009 versus marzo de 2008, y el consumo industrial se derrumbó 24,7% en el primer trimestre de este año versus igual período del año pasado. La perspectiva es que esta tendencia se mantenga el resto del invierno. Y a ello se suma que se prevé que la temperatura entre mayo y septiembre será superior a la normal (La Nación, 24/5). Por esto, el cargo a la importación comenzó a generar un “superávit” que ya era conocido por las petroleras y lo reclamaban para sí (Ambito Financiero, 4/6). El gobierno cuantificó ese “superávit” en 200 millones de pesos, pero no ha mostrado las cifras ni el método que empleó para llegar a esa conclusión.
Después de las elecciones
El gobierno teme un invierno caliente por la reacción popular contra el tarifazo. “La medida, aunque buscaría evitar un efecto contraproducente de cara a las elecciones, no tiene resultado inmediato porque las facturas más altas en pesos recién iban a empezar a recibirse después del 28 de junio” (Ambito, 4/6). Más todavía porque quiere autorizar el aumento del 10% al 30% pendiente para todos los usuarios – excepto los de Gas Natural BAN, que ya lo pagan– y que irá a las arcas de las petroleras, las transportistas (TGN y TGS) y las distribuidoras (La Nación, 4/6).
El día anterior a la medida oficial, mil personas se movilizaron en el sur santafecino, provenientes de las localidades de “Los Molinos, Villada, Casilda, Firmat, Bigand, San José de la Esquina y Arteaga, entre otras” (La Capital, 3/6). Reunidos en asamblea, los manifestantes resolvieron “notificar a la Cooperativa Chabás Gas –concesionaria del servicio– que los usuarios de esta localidad sólo pagarán el consumo y no el cargo fijo impuesto por decreto, además de pedirle la postergación por 30 días de la factura de gas” (ídem). El diario agrega que “serían más las localidades del sur santafesino que se sumarían a esta movida, además de las que ya están comprometidas”. Asimismo, en Tucumán, un juez federal ratificó la prohibición de cobrar el cargo, al igual que en Santa Cruz, donde se han juntado miles de firmas contra el tarifazo del gas (lanación.com, 5/6).
El tarifazo sigue vigente. Organización y lucha para derogarlo completamente. Que las privatizadas abran sus libros para conocer realmente “el costo” del gas. Que el gobierno haga públicas sus cuentas.
