27/04/2000 | 664

Paremos el 5 y votemos al Partido Obrero el 7

Ahora está más claro que la criminal represión que se abatió hace una semana contra los compañeros que se encontraban de vigilia frente al Congreso nacional, el miércoles 19, fue absolutamente premeditada. Debido al fracaso de las negociaciones que la Alianza y el justicialismo habían mantenido el día previo en torno a la famosa claúsula que garantizaría la no rebaja de los salarios por un tiempo limitado, y al fracaso también del reclamo de los gobernadores justicialistas de seguir controlando los planes Trabajar, el gobierno armó una provocación para evitar que el Senado sesionara en condiciones de crisis. Temía, simplemente, que el tratamiento de la reforma laboral quedara postergado por un tiempo indeterminado.


La represión sirvió como excusa a todas las bancadas para levantar la sesión y para darse más tiempo para cocinar los términos finales de la reforma laboral. Según Clarín (24/4), fue en estas circunstancias que intervino el cardenal Primatesta para reclamar a la dirección sindical la desconcentración de los manifestantes. Se perdió así una gran oportunidad para llamar a un paro general de protesta contra la represión y contra la reforma, sobre caliente. Cuando la concentración se estaba disolviendo apareció una importante columna de la Ford –un hecho de importancia incuestionable–, que había recorrido varios kilómetros a pie, retomando el método del paro activo de las grandes luchas obreras.


El papel del clero en defensa de los intereses patronales quedó todavía más de manifiesto cuando La Nación (23/4) publicó una declaración del presidente de Cáritas, Jorge Cassareto, en la que éste llamaba a acatar lo que resolviera el Congreso y atacaba a lo que denomina «las corporaciones», es decir a los sindicatos. Quedó al desnudo, de este modo, el fracaso de la política de confianza de Moyano en el clero. Esto ocurría luego de sus otras expectativas fracasadas: en un gobierno de la Alianza, antes de las elecciones del 24 de octubre pasado, y en el Senado peronista luego de que el proyecto de ley fuera aprobado en Diputados.


Rebaja salarial con todo


Al final, el Senado aprobó la reforma con el agregado de una claúsula que prohibiría por dos años la rebaja de los salarios. Se trata, en realidad, de una escandalosa estafa, en un país que ya las ha conocido de todos los tamaños y formas. Es que se refiere al salario básico, que hoy en día es una parte ínfima del salario de bolsillo, el cual se compone principalmente de premios, incentivos y un horario más largo de trabajo. A las patronales les bastaría con tocar cualquiera de estos rubros para producir una reducción del salario efectivo del trabajador.


Pero tampoco el básico está exento de una reducción, esto porque el tiempo de vigencia de dos años de la nueva claúsula es lo que demoraría la negociación colectiva y la entrada en vigor de sus acuerdos.


De todos modos, un proyecto que tiene por eje fundamental admitir períodos de prueba de hasta un año, no puede garantizar ningún piso salarial; una, porque el personal a prueba no está convencionado y, otra, porque la función de esta disposición es permitir una permanente rotación de personal y, por lo tanto, salarios más bajos para los que son contratados en reemplazo de los que son despedidos sin indemnización.


El proyecto mantiene la supremacía del convenio menor sobre el mayor y permite que las nuevas convenciones deroguen derechos adquiridos en los convenios precedentes. El punto que se agregó en el Senado para que los estatutos gremiales decidan si prevalece la posición del sindicato local o la del nacional, en caso de divergencias entre ellos, sólo apunta a reforzar a la burocracia de los sindicatos sin mejorar para nada la capacidad de negociación de los obreros. Este punto liquida cualquier ilusión en que la reforma laboral fortalecía a los sindicatos de base frente a las federaciones o sindicatos nacionales.


La reforma no toca la cuestión de la duración de la jornada de trabajo, por la sencilla razón de que su objetivo es ultraflexibilizador. Pero de este de modo permite que el salario pueda ser reducido alargando la jornada laboral o intensificando los ritmos de producción.


Queda por último el hecho de que una vez sancionada, la ley será acompañada por un decreto reglamentario. Es decir que De la Rúa, rehén del FMI, quedaría como árbitro de su implementación. En Santa Fe, por ejemplo, se encuentra en marcha un intento de reglamentar la conciliación colectiva, para que quede a cargo de estudios jurídicos privados, en reemplazo del rol que le cabe hoy al Ministerio de Trabajo.


Esto viene al caso porque el Senado produjo una derogación ficticia del arbitraje obligatorio que figuraba en el proyecto que votó Diputados, esto porque reemplazó la automaticidad del arbitraje cuando no hay acuerdo, por el derecho de cualquiera de las partes a reclamarlo, algo que otorga a la patronal el derecho a imponerlo. Este arbitraje podría también ser objeto de privatización en el decreto reglamentario, para lo que bastaría incorporar al plano de los convenios laborales la figura de la mediación que ya figura en las disputas civiles o individuales.


Como se puede apreciar, los cambios introducidos por el Senado no alteraron en absoluto el carácter antiobrero de la reforma. La ilusión de que podría ser corregida fue siempre una ilusión, concientemente mantenida.


Tomemos la iniciativa de nuestras reivindicaciones


Terragno declaró la semana pasada que el objetivo de la reforma laboral no es crear empleo sino resolver una crisis fiscal. O sea, alentar a los patrones a blanquear a su personal en negro (y de este modo blanquear sus operaciones comerciales que también están en negro) dándoles un régimen legal similar al que rige en la práctica para los trabajadores no registrados. Este fue también el principal argumento que utilizó el FMI. Pero esto también va a fracasar, porque las patronales simplemente no quieren pagar impuestos. Contratan en negro para no pagar impuestos y no al revés, es decir que no pagan impuestos porque están forzadas a contratar en negro. Esto demuestra que la política capitalista en curso, que necesita resolver la crisis fiscal para poder pagar la deuda externa, está completamente empantanada; no hay medidas legales que la puedan resolver. Como ocurre en terreno fangoso, cada presión al acelerador embarra más al auto. La única salida es que los capitalistas abran los libros, que se establezca un control obrero y que se repudie la deuda externa en tanto factor de confiscación nacional.


Se ha alcanzado el punto máximo de la crisis laboral y de la crisis de política económica en general. Esto explica la profundización de la movilización obrera. Pero para darle una perspectiva a esta profundización, el movimiento obrero no debe simplemente rechazar la reforma laboral sino oponerle a ella nuestras propias reivindicaciones. Sin esto, estaremos siempre dando la vuelta a la noria.


Junto al reclamo de un salario mínimo superior a los 600 pesos para una jornada de ocho horas, el movimiento obrero debería denunciar todos los convenios y exigir paritarias por industria con un pliego reivindicativo previamente establecido, que atienda desde los salarios por categorías hasta las condiciones laborales y de seguridad e higiene. También debería poner sobre la mesa la cuestión de las pasantías, que compiten con el obrero a la baja del salario, e igualmente debería hacerlo ante la carga descomunal que representan las empresas privatizadas sobre la economía nacional y sobre los consumidores. Nos referimos a comunicaciones, transportes y puertos, y también al petróleo, cuyos precios monopólicos están hundiendo las posibilidades de recuperación económica. Que se abran los libros de estos pulpos, se investiguen sus ganancias desemesuradas y se renacionalicen sus ramas estratégicas.


La movilización del 26


Ruckauf dio a entender en un programa de televisión que los gobernadores peronistas jugaron un papel fundamental para frenar la movilización de la CGT del miércoles 26. Dieron, como es conocido, la orden de votar la ley a sus senadores; pero además presionaron a las intendencias en manos del justicialismo para que no apoyaran la concentración. Como decimos más arriba, la propia CGT evitó valerse de la represión de la semana precedente para calentar los motores y el clero puso todo lo que tiene para apoyar a De la Rúa y al Senado. La movilización del miércoles fue multitudinaria y combativa; pero, violando toda la tradición obrera en este aspecto, Moyano apresuró la finalización del acto, cuando lo que correspondía hacer era quedarse en la plaza para mantener la presión y para exteriorizar el repudio a una sanción del proyecto.


En estas condiciones, la convocatoria de Moyano a un paro general para el 5 de mayo sirvió para descomprimir la movilización y para apurar la decisión de desconcentrar. Queda clara, entonces, la enorme limitación del llamado al paro; plantea más la posibilidad de clausurar una etapa que la de abrir una perspectiva de lucha organizada.


La movilización dejó al desnudo la enorme crisis política que afecta al conjunto del peronismo y a la burocracia sindical, cuando Moyano tuvo que denunciar, porque las evidencias estaban ahí mismo, que el justicialismo había roto con los trabajadores y que no había que votar a los traidores. Acentuando más el cuadro de la crisis, Moyano llamó a salvar al peronismo prácticamente de la totalidad de sus dirigentes y representantes, porque incluso la CGT de Daer y aun varios dirigentes de la de Moyano han apoyado la reforma laboral. Pero salvar al peronismo de sí mismo es una contradicción insuperable. Lo que se planteó, de hecho, en el escenario de la movilización es, más que el derrumbe del peronismo, la tendencia que va ganando cuerpo a su superación.


Al paro del 5 hay que asegurarlo


En los dos meses que han pasado desde la movilización del 24 de febrero, el cuadro político de la dirección sindical que conduce Moyano se ha modificado de la siguiente manera: la gran patronal devaluacionista se ha pasado al completo apoyo a De la Rúa, es decir que Moyano ha quedado aislado de los pretendidos industriales nacionales. De otro lado, el gobierno se deshilacha día a día ante el descontento social y sus contradicciones internas, lo cual hace presumir una crisis de gabinete que reemplazaría a los «tibios»por los duros, poniendo por ejemplo a López Murphy en Economía. Una expresión de esto es el carácter cada vez más policial de la campaña electoral de Ibarra en la Capital.


El problema es, de nuevo, darle una perspectiva a la movilización obrera, o sea darle los medios y los objetivos para que pueda superar las limitaciones de la burocracia sindical, la cual ha perdido su cohesión interna. Planteamos trazar una perspectiva de lucha sistemática y organizada por nuestras reivindicaciones, cuya necesidad se hará más intensa con el desarrollo del conjunto de la crisis.


Llamamos a los activistas y trabajadores a asegurar el paro lanzado por Moyano para el próximo 5, mediante pronunciamiento de agrupaciones, asambleas, agitación, congresos de delegados y asambleas populares.


Llamamos a pronunciarnos por un programa de reivindicaciones en oposición a la reforma laboral. Llamamos a la solidaridad activa con los compañeros en huelga en Impositiva; con la próxima lucha contra los despidos en el Colón, en municipales, en la administración pública y en docentes.


Llamamos a colaborar activamente con las marchas de desocupados que se programan en distintas provincias.


Llamamos a formar desde ya piquetes de huelga para garantizar el paro general y para darle una forma organizada, conciente y activa a la huelga.


Llamamos a que la CGT convoque a un congreso de delegados de fábrica para elaborar un plan de lucha y un programa obrero frente a la crisis capitalista y a las exigencias sin límites del FMI.


LLAMAMOS A LA MOVILIZACION PARA CONQUISTAR BANCAS OBRERAS Y SOCIALISTAS EN LA LEGISLATURA, QUE NOS DARAN LOS MEDIOS POLITICOS PARA PROFUNDIZAR Y AMPLIAR LA LUCHA OBRERA Y TRANSFORMARLA EN LUCHA NACIONAL CONTRA EL IMPERIALISMO.


PAREMOS EL 5, Y EL 7 VOTEMOS AL PARTIDO OBRERO.

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