Acaban de producirse dos tentativas de desalojo masivo en la Capital, donde la Justicia y el gobierno se empeñaron en expulsar a los vecinos a sangre y fuego. En Ayacucho al 100 –sede de un comité de la UCR ocupado por compañeros sin techo–, la orden de expulsión quiso llevarse adelante a palos y gases contra cuarenta familias. La represión dejó un saldo de siete vecinos hospitalizados. En la mañana siguiente, en Castelli al 100, otro impresionante despliegue policial cercó a una manzana entera del barrio de Once, con el objetivo de dejar en la calle a otras quince familias. Sin embargo, la intentona represiva se topó, en ambos casos, con la movilización del Bloque Piquetero, de Asambleas barriales y partidos de izquierda, que batallaron durante horas hasta obligar a la Justicia y al Estado a dar marcha atrás en los desalojos. Pero fuentes judiciales estiman que esta furia expulsora podría alzarse, en las próximas semanas, con más de 300 familias de la Capital.

 

Las leyes de la Cámara Inmobiliaria…

Como lo denunció Altamira en la sesión del 15 de agosto –horas después de la lucha callejera contra los desalojos–, estamos ante un operativo premeditado de los monopolios inmobiliarios. En el curso de los últimos dos años, la legislación penal fue modificada para permitir que los jueces ordenen lanzamientos de desalojo en cualquier estado del proceso, e incluso sin que se haya dictado el auto de procesamiento. Se ha instaurado así, en la justicia penal, el principio de “primero desalojamos, después juzgamos”. Esta reforma, que data de octubre del 2000, fue dictada y luego saludada por la Cámara Inmobiliaria, asegurando que daría lugar a un verdadero “boom” en el mercado de alquileres. Pero desde entonces, el número de viviendas ociosas no ha cesado de crecer en la Capital, como resultado del aumento de la desocupación y de la miseria social general, es decir, del “programa” de los mismos monopolios desalojadores.

Los que promueven la guerra contra los “sin techo” se presentan como defensores del “pequeño propietario usurpado”. Pero el pequeño propietario es, antes que nada, una víctima del mismo régimen social que condena al desocupado a vivir en la calle. En la ciudad de Buenos Aires hay 10.000 propiedades intrusadas. Pero existen otras 40.000 viviendas ociosas, que sus propietarios no logran alquilarle a nadie. Viviendas sin familias, por un lado, y familias sin vivienda, por el otro, retratan las dos caras de un régimen social que ya es incapaz de asegurarle la supervivencia a los explotados.

 

…y el fin de “promoción social”

Completando el operativo expulsor, el gobierno de Ibarra acaba de declarar el default de su política asistencial hacia los “sin techo”. Desde que se aceleró la ola de desalojos, el gobierno “progre” acudía a los lanzamientos para ofrecerle a los afectados albergue en los hoteles de paso rentados por el gobierno, o mecanismos de traslado a la provincia. Se trataba, claro está, de un esquema “asistencial” sin soluciones reales, cuyo propósito era disuadir a los desalojados de cualquier resistencia. Pero los “parches” de Ibarra han colapsado, bajo el crecimiento imparable de la crisis social. En los últimos meses, el número de personas que viven en la calle se ha triplicado, pasando de seiscientos a dos mil. En un año, creció en un 40% la cantidad de familias que viven en los hoteles “rentados”. Naturalmente que el colapso de la “promoción social” debería servir de lección para emprender transformaciones sociales de fondo. Para los “progres”, en cambio, se trata de la coartada perfecta para abandonar a su suerte a los “sin techo”. Hace un mes, desalojaron sumariamente a quienes vivían en las plazas y parques de la ciudad. Diez días atrás, le pusieron punto final al programa de albergue en hoteles para los desalojados. Ahora, estos vecinos recibirán un “vale”, que les permitirá pagar un alojamiento alternativo “hasta erogar un máximo de 1.800 pesos” (decreto 895). Precisamente, la primera “experiencia” con esta nueva “operatoria” intentó aplicarse con los compañeros de la calle Ayacucho, a quienes les ofrecieron vales de… 125 pesos por familia. Ante la lógica respuesta negativa de los ocupantes, “Promoción Social” se encogió de hombros… y abrió paso a los cascos, los gases y los palos.

 

Suspender los desalojos

En la lucha contra los desalojos de Ayacucho y Castelli, se han expresado todos los componentes de la situación política: por un lado, el default del gobierno “progresista”. Luego, un nuevo fracaso en la tentativa de avanzar contra las masas apelando a la represión. Pero, nuevamente, quien le ha hecho morder el polvo al Estado ha sido el movimiento piquetero, que batalló en las dos casas amenazadas y que horas más tarde se movilizó hacia la Jefatura de Gobierno para reclamar por la suspensión de todos los desalojos en la Capital. El eco de esta lucha ha llegado a la Legislatura, obligada ahora a discutir esta cuestión que, meses atrás, Altamira había plasmado en un proyecto de ley.

Frente a los monopolios inmobiliarios y su gobierno, hagamos avanzar el programa de los “sin techo”: que se suspendan todos los desalojos públicos o privados por dos años. Colocar todos los predios ociosos del Estado a disposición de los “sin techo”, comenzando por los de la “Corporación del Sur”. Subsidio estatal al pequeño propietario con inquilinos que no pueden pagar un alquiler.

Si ganamos en Ayacucho y en Castelli, vayamos ahora por una victoria en toda la Ciudad.