Se ha instalado en estos días el debate en torno a la paridad de género en el acceso a cargos públicos y en las listas electorales (el llamado “50 y 50”). En el congreso hay una batería de proyectos de distintos bloques políticos (Cambiemos, Frente Renovador, FpV, FAP), que plantean la incorporación paritaria de hombres y mujeres en distintos poderes del Estado: en el Congreso, en la Corte Suprema, en los juzgados federales, en el gabinete y en la fórmula presidencial. Los medios informan que “diputadas de todos los bloques” (aclaramos que no así el bloque del FIT-PO) están trabajando en unconsenso político para incluir en todos los dictámenes de reforma política la paridad de género. A este contubernio entre macristas, radicales, massistas y kirchneristas se ha sumado el PTS, a través de su diputada Myriam Bregman.

 

 

Distraccionismo

 

En un contexto de grave retroceso de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras, así como de acuerdos con el clero que se expresan en la ofensiva contra Belén y contra el cumplimiento del aborto no punible, el aumento del cupo femenino es un encubrimiento de la vulneración de derechos que sufren las mujeres. La paridad de género es la zanahoria de los ajustadores.

 

Si la intención fuera promover un mayor protagonismo social y político de las mujeres, deberían atenderse entonces las causas sociales y materiales que nos colocan en un lugar subordinado dentro de esta sociedad: el trabajo precario, la desigualdad salarial, la tutela religiosa en el sistema de salud y educativo, la violencia hogareña e institucional, la clandestinidad del aborto, la ausencia de derechos laborales -y la lista sigue.

 

Al mismo tiempo, la paridad en las listas será utilizada para contrabandear una reforma política reaccionaria, que refuerza la regimentación estatal de los partidos políticos.

 

Un dato para resaltar es que todos los proyectos presentados hacen referencia a dos géneros: hombre y mujer (de allí el “50 y 50”). Es decir que en el recetario progresista contra la exclusión sexista se coló la heteronormatividad, dejando por fuera de la inclusión a la comunidad trans. Pero, ¿en qué consiste esta “inclusión”?

 

 

¿Conquista legal?

 

De ninguna manera estamos ante una discusión similar a lo que representó la conquista del voto femenino, que sacó a las mujeres de la “minoría de edad” y la tutela del varón en el ejercicio de los derechos políticos. Allí la cuestión era derribar una discriminación jurídica. Aquí no está en juego arrancar derechos al Estado, sino la regimentación estatal de los partidos políticos. Cabe recordar, a su vez, que el actual cupo del 30% vale para mujeres y para varones por igual, pudiendo integrar las listas de cualquier partido hasta un 70% de cualquier género. El carácter regimentador de la nueva ley puede apreciarse en el hecho de que establecería también un cupo “masculino”: por caso, si un partido eligiera para sus listas a un 60 o 70% de candidatas mujeres, no podría postularlas.

 

Problema de clase

 

En nuestro país, con el 38,5% de diputadas  y 41,7% de senadoras mujeres, no se ha logrado aprobar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que hace 9 años viene siendo sistemáticamente presentado en el Congreso -y sistemáticamente cajoneado. Con el kirchnerismo, ¡8 años! de gobierno de una mujer no han permitido que avance este derecho. Bajo el gobierno de Cristina Kirchner se ha agudizado la violencia contra la mujer y se multiplicaron los femicidios, creció brutalmente la explotación sexual y laboral de mujeres y niños sin que se haya desmantelado una sola red de trata, y se profundizó la injerencia clerical dentro de las diversas instituciones del Estado. Actualmente, mujeres gobernadoras son punta de lanza de un brutal ajuste: Bertone en Tierra del Fuego, Alicia Kirchner en Santa Cruz. Tenemos una canciller mujer, Susana Malcorra, denunciada por ocultar violaciones a niños en África, por parte de tropas de la ONU. El Parlamento actual está plagado de mujeres que ofician de agentes del clero y la consecuente subordinación de la mujer. La vicepresidenta Gabriela Michetti, mujer ella también, es de las primeras en la lista.

 

En otras palabras: el sometimiento y la subordinación de las mujeres es un problema de clase, no de género. Se trata de un valioso mecanismo de la clase dominante para garantizar la reproducción de un régimen de explotación de una mayoría por parte de una minoría propietaria de los medios de producción. Es decir que la opresión de las mujeres no obedece al lugar que tienen en las instituciones de gobierno, sino al papel que hombres y mujeres ocupan en las relaciones de propiedad y de producción, su pertenencia de clase y su programa político.

 

Este feminismo liberal, a cuya comparsa se ha  sumado el PTS, postula la integración de las mujeres al aparato de Estado, haciendo abstracción del carácter clasista del programa y los partidos que esas mujeres portan, y del Estado mismo. La igualdad que se promueve no afecta un ápice al régimen de explotación social. No hay aquí una reivindicación popular, sino la aspiración de ciertos sectores de allanar el camino a un cargo político. La “inclusión democrática” de mujeres en cargos ejecutivos es el sanbenito de la cooptación estatal; ejemplos sobran en la historia (¡la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres!).

 

 

Un programa de lucha para las mujeres

 

Nuestra intervención en el congreso consiste en reforzar la lucha de las mujeres contra el régimen social opresor y su Estado, no en reforzarlo como aparato de dominación. Luchamos por desnudar ante las masas la naturaleza y el carácter clasista de un régimen en descomposición, no por reforzar las ilusiones en el Estado y sus instituciones. La función política de este debate es puramente distraccionista, de cara al ataque en curso contra el conjunto de los trabajadores. El Partido Obrero se empeña en sentido inverso, nuestra intervención parlamentaria está al servicio de desarrollar la lucha de las trabajadoras para quebrar el ajuste: por un consejo autónomo de las mujeres contra la violencia de género, la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, licencias por violencia de género, la separación de la Iglesia del Estado y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En ese camino, luchamos por sumar a la mujer trabajadora a la lucha por una transformación social dirigida por la clase obrera.

 

Foto Camila Almada Meneses