27/07/2006 | 956

Paro agrario: No todo es como parece

El 17 de junio, el gobierno anunció el reparto de la Cuota Hilton, la tajada más jugosa del negocio de las exportaciones cárnicas. La “cuota” nunca fue afectada por la prohibición. El consorcio de los frigoríficos conocido como ABC, que concentra el 85% de las exportaciones, elogió la “transparencia” del reparto de este año (La Capital, 18/6). Ese consorcio llevó a juicio al secretario de Agricultura, Miguel Campos, al que acusa de haber “facilitado”, en 2004, la entrada de operadores no calificados en el reparto de la Hilton. Este año, a diferencia de otros, no se hizo lugar a los reclamos judiciales de los frigoríficos bonaerenses ligados a Samid-Duhalde, que intentaron abrirse por esa vía un lugar en el mercado de la Hilton. Sí, en cambio, se dio cabida a algunos frigoríficos regionales. Entre ellos, por primera vez, a uno de la tradicional familia oligárquica y gorila de los Patrón Costas, de Salta, asociada al banquero kirchnerista Jorge Brito, del Macro-Bansud.


El gobierno se allanó en lo fundamental a las demandas del monopolio que ejercen desde hace años las “cinco empresas (Swift Armour, Quickfood, Friar, Gorina y Finexcor) que dominan el 55%” de la Cuota Hilton (N. Giacarra y M. Teubal, El campo argentino en la encrucijada, 2005). “Las diez primeras empresas del sector, controlan el 77% del mercado de carnes de exportación” (ídem).


A quién favoreció la prohibición


Aunque perdió una parte de sus exportaciones, el frigorífico más importante, el Swift (que preside el ABC), no chistó. El secretario de Agricultura santafecino, Costamagna, explicó las razones: “se contrapesa con la decisión del gobierno nacional de liberar totalmente las exportaciones de los termoprocesados, principal producto de Swift” (La Capital, 18/6).


La tan mentada “prohibición” fue un negocio redondo para este grupo. Cuando la hacienda estaba a precio de remate (mientras “duró la veda exportadora”), los exportadores continuaron “comprando… industrializaban esas remesas y las guardaban, a la espera de una pronta reapertura de las ventas que, por fortuna para ellos, ya es un hecho” (La Nación, 3/6).


El gobierno ha venido aplicando la mayoría de las medidas que reclamaba la diputada santafecina Alarcón, favoreciendo a los grandes pulpos de esa provincia, “que exporta el 50% del volumen nacional” (La Capital, 4/7).


Nuevas concesiones


Un día antes del anuncio de la Cuota Hilton, el gobierno anunció la reducción del 16% del precio de la urea, un insumo básico para el cultivo del trigo. “Según la Rural, el acuerdo significaría 60 millones de dólares menos de costo para los productores” (La Nación, 17/6). En la misma semana, el gobierno dio lugar a “la regionalización del Senasa” — el organismo a cargo del control de la sanidad animal — , un “viejo reclamo de las entidades del sector” (Clarín, 22/6). La Nación (1/7), en una nota editorial, definió el anuncio como una “promesa de alto significado”.


Ahora el gobierno ya anunció que estudia la rebaja de las retenciones a las exportaciones de productos de la industria láctea, que se aplicaron oportunamente para frenar supuestamente también el alza desmedida de sus productos en el mercado interno (lo mismo que con la carne).


Conclusiones


Por esa vía sinuosa, el gobierno golpea a los sectores más débiles de la cadena productiva de la ganadería, favoreciendo a los principales intereses capitalistas del sector, que se han beneficiado extraordinariamente con los negocios de exportación. Esto es, los grandes frigoríficos y ganaderos, las grandes usinas lácteas (la mayoría en manos de capitales extranjeros, o en camino a quedar en ellas) y los grandes tambos.


La “crisis de la carne” fue aprovechada por el gran capital para acentuar el proceso de reorganización capitalista y concentración monopólica en curso. Las medidas del gobierno sirvieron a la “oligarquía” del 2% de los ganaderos, 3.818 individuos físicos o jurídicos que poseen 15.000.000 de cabezas de ganado, equivalente al 30% del rodeo nacional vacuno. Mientras tanto, el 60% de los productores (116.332) tienen menos de 100 vacas promedio cada uno (cifras oficiales, tomadas de la página web de la Federación Agraria).

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