Esta semana estarán listas las ofertas del concurso para las concesiones viales que el gobierno entregará bajo el sistema de Participación Pública y Privada (PPP). Este esquema que se aplicará por primera vez en la historia del país fue apoyado por el massismo y los bloques parlamentarios del PJ, incluida una parte del Frente por la Victoria.

Mientras en los regímenes tradicionales el Estado aporta a medida que la obra avanza, en el esquema llamado PPP, el privado pone el dinero para realizar la obra. Y el gobierno decide qué herramienta financiera utiliza para devolver ese desembolso en una determinada cantidad de años.

Como ya lo advierten diversos analistas, el adelanto privado estará cargado con intereses muy elevados. El argumento oficial es que el país no tiene los recursos suficientes y que si no acepta esta opción, la obra no podría realizarse. Lo que se omite decir es que el país ya ha tenido un endeudamiento récord, no para obras de infraestructura sino para financiar la bicicleta financiera, la fuga de capitales y el gasto corriente, parte del cual ha sido utilizado para el pago parasitario de la propia deuda y subsidios al capital.

El Estado se compromete a pagarle a los privados en una cantidad de años. En el caso de las rutas, el repago saldrá de un fondo que se nutre con un porcentaje de la venta de combustibles -o sea, asociado al tarifazo en estos últimos. Por otra parte, el repago contempla la entrega de la concesión durante un lapso de tiempo, cuyos adjudicatarios embolsarán los peajes que, para asegurar el pago de la deuda a privados, también estarán dolarizados. Además, los adjudicatarios reclaman recortar el personal y una flexibilización de sus condiciones de trabajo como condición previa a asumir la concesión de los servicios viales. El sindicato que nuclea a los trabajadores anticipó medidas de fuerza en caso de que se pretendan implementar estos cambios.

Habrá que ver qué otras cláusulas leoninas se incorporarán en estos contratos. Por lo pronto, y en busca de hacer más atractivas las condiciones para los inversores, el Ejecutivo dispuso que estén exentos de pagar IVA y Ganancias, y ante cualquier controversia podrán concurrir a “tribunales arbitrales extranjeros”.

Pero en nombre de que la obra es financiada por privados, la deuda no se incorpora a los registros oficiales. Por esta vía, el gobierno disimula las verdaderas dimensiones de la deuda. Estamos ante una grosera adulteración de las cuentas públicas. El macrismo no tiene nada que envidiarle a sus antecesores kirchneristas.

Esta operatoria leonina no es, sin embargo, ninguna panacea para la realización de las obras de infraestructura. Macri apela tardíamente a un sistema que está fracasando en las metrópolis capitalistas. Es lo que se constata con la quiebra de la contratista inglesa Carillion (40 mil empleados y miles de subcontratistas) y el riesgo que pende sobre su competidora, la contratista Capite, las empresas líderes de este esquema en Gran Bretaña. Una situación similar se verifica en España. La crisis del sistema de inversión público-privado ha replanteado la cuestión de la nacionalización de los servicios y la obra pública, aunque bajo la forma de un nuevo rescate al capital. El aumento de la tasa de interés ha terminado por hundir a estas empresas, expuestas a un gran nivel de endeudamiento que se sostenía a partir del financiamiento barato.

Los consorcios interesados reclaman garantías para participar de la adjudicación. Pero no actúan con la misma vara para las seguridades que ellos deben ofrecer respecto de la ejecución. “El consorcio que gane deberá aportar el 10% del costo de la obra, en una suerte de capitalización del consorcio y, con ese dinero, iniciará la obra. Luego, tiene hasta fin de año para cerrar el financiamiento” (La Nación, 14/4). O sea que la operación está “abierta” en lo que se refiere a su financiamiento, y habrá que ver si el adjudicatario consigue los fondos y a qué costo. Estamos ante una operatoria con final incierto, y con más razón, si acelera una suba de la tasa de interés internacional.

Llamamos a oponernos a este nuevo mecanismo de saqueo e hipotecamiento de los recursos del país. Planteamos crear un fondo nacional especial sobre la base de un impuesto extraordinario al gran capital junto a la nacionalización de la banca, para centralizar el ahorro nacional en pos de un plan de desarrollo industrial integral y de obras públicas e infraestructura dirigido por los trabajadores.

 

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