Existe una clara disonancia entre el discurso que enarbola el gobierno en relación al FMI y las políticas que efectivamente lleva adelante. En el terreno de la acción, Alberto Fernández deja de lado todo tipo de demagogia y se dispone a cumplir los dictámenes del Fondo, en aras de arribar a un acuerdo. Una hoja de ruta que comenzó a transitar el macrismo y de la cual el Frente de Todos no se aparta un milímetro.

El primer punto de contacto es que en ambos mandatos se ha cumplido con cada uno de los vencimientos con el organismo. Así las cosas, desde que se contrajo el préstamo en 2018 se le pagó  USD 7.919 millones al FMI, a costa de las reservas del Banco Central. Como vemos, el oficialismo, a pesar de reconocer el carácter fraudulento de la deuda contraída bajo la anterior gestión, decide rescatarla sin miramientos.

A su vez, encontramos que la única política que se dio el gobierno actual para contener la inflación ha sido la de continuar con el postulado macrista de reducir la base monetaria a través de la emisión de Leliqs y Pases y apelando a un ajuste en regla sobre el gasto público.

Ya hemos mencionado en estas páginas que el actual presidente del Banco Central está evaluando, tal como indicó el FMI, establecer tasas de interés positivas (superiores a la inflación) a los fines de hacer más atractivas las inversiones financieras en Leliqs y pases. El objetivo es esterilizar la emisión monetaria con dichos instrumentos, y, de este modo, atenuar sus efectos inflacionarios. Por otro lado, al Fondo le interesa que, en un cuadro de escasez de reservas líquidas y huelga de inversiones, los pesos circulantes no se vuelquen al dólar provocando una corrida.

Sucede que esta receta no es nueva: en octubre de 2018, el ministro de Economía de Macri, Nicolás Dujovne, ya anunciaba ante el Fondo su predisposición a subir la tasa de interés del Banco Central, ubicándola por encima del 60% (Clarín, 29/12). Una orientación con derivaciones profundamente recesivas que no hace más que incrementar el pasivo del BCRA, el cual se ha convertido en una verdadera “bola de nieve”.

Hoy ese endeudamiento explosivo alcanza la friolera de $4,7 billones. Solo en diciembre dicho stock escaló un 5%, puesto que el BCRA colocó pases por $262.948 millones para absorber lo más posible los pesos emitidos en el mes. Este mecanismo le ha permitido al gobierno reducir en un 10% la base monetaria durante 2021, en términos reales comparado con 2020 (Ámbito, 29/12).

Otra vía para lograrlo, como hemos dicho, ha sido el ajuste sobre las partidas sociales. Sin ir más lejos, el ministro Guzmán se jacta de haber sobrecumplido las metas de déficit fiscal pautadas para 2021: el año terminará con un rojo del 3,5% cuando el propio presupuesto proyectaba un 4,5%. Finalmente, las tijeras del FMI no solo marcaron el paso de la anterior gestión presidencial -donde, por ejemplo, se recortó un 12,59% la planta de empleados estatales-, también guían el accionar del gobierno actual.

Esto se evidencia muy rápidamente si reparamos en las jubilaciones. Ocurre que, como consecuencia de la reforma jubilatoria macrista, los haberes previsionales perdieron un 19,5% contra la inflación desde principio de 2018 hasta finales de 2019. Ahora bien, a partir de la suspensión de la movilidad al asumir Alberto Fernández y los posteriores aumentos por decreto, la confiscación fue mayor: las jubilaciones aumentaron apenas entre  el 24,3% y el 35,3%, por detrás del 42% que establecía la fórmula suspendida. Durante 2021, tras la sanción de la nueva movilidad que divorcia los haberes del costo de vida, el gobierno se ha “ahorrado” más de $335 mil millones entre enero y noviembre licuando el gasto jubilatorio por medio de la inflación. A fin de cuentas, tanto el macrismo como el Frente de Todos se han dedicado a hundir en la miseria a los jubilados para complacer al FMI.

Por otra parte, en materia tributaria, Dujovne ya tenía en carpeta incrementar los impuestos provinciales, hasta incluso aplicar una suerte impuesto a la riqueza, para poder alcanzar el superávit fiscal tan demandado por el Fondo a la hora de cerrar un acuerdo. Este mandato fue recogido por Alberto Fernández, quien acaba de sellar un Pacto Fiscal con los gobernadores que autoriza el aumento de Ingresos Brutos y Sellos y habilita a las provincias a crear nuevos tributos. Un sendero de impuestazos que serán descargados fundamentalmente sobre el bolsillo popular. En cuanto al Aporte Solidario a las Grandes Rentas y Fortunas por única vez, está claro que no respondió a ninguna bandera progresista del gobierno actual, sino que estuvo en sintonía con las exigencias del FMI.

A fin de cuentas, existe un hilo conductor entre ambas gestiones presidenciales porque tanto al oficialismo como a la oposición derechista los une la agenda del FMI, a la cual se vuelca el conjunto de la clase capitalista, presurosa de refinanciar sus propias deudas.

El acuerdo con el Fondo, si bien acentuará la contradicciones que anidan en el seno de la burguesía, implicará ante todo un ataque en regla sobre las condiciones de vida de la población trabajadora. El pacto en cuestión prefigura un escenario de más ajuste, devaluación, recesión económica, tarifazos y reforma laboral. Por lo tanto, se impone la necesidad de combatirlo en las calles, con independencia de las variantes patronales, para abrir paso a una salida a la crisis en favor de las mayorías.

 

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