La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, declaró que en caso de llegar a la presidencia de la Nación aplicaría una reforma laboral antiobrera por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Los candidatos patronales se pelean por mostrar quién iría más a fondo contra los trabajadores en un eventual gobierno propio, incluso bastardeando toda la supuesta “institucionalidad” de la que dicen ser los mejores exponentes.

Las declaraciones de Bullrich tuvieron lugar en una entrevista con Alejandro Fantino, en radio Neura, cuando el conductor la interrogó respecto a qué haría ante la negativa del sindicalismo, la izquierda y otros sectores a modificar leyes que protegen a los trabajadores. Bullrich contestó: “Hago un DNU y te las derogo en dos minutos, no te preocupes”.

Cuando Bullrich puntualizó respecto a qué leyes se estaba refiriendo lo hizo en dirección a las que regulan las indemnizaciones por despido incausado y al régimen de sanciones y multas ante irregularidades patronales. Mientras que las primeras protegen el trabajo estable –disuadiendo a las patronales de despedir a su antojo-, las segundas directamente sancionan el trabajo no registrado y el fraude laboral.

"Hago un DNU y lo derogo en dos minutos"

Patricia Bullrich opinó que "nunca un empresario gana un juicio laboral", propuso eliminar normativas "ridículas" y sostuvo: "Vamos a derogar todas las leyes de multas por indemnización". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/9blZVqQrfX

— Corta 🏆 (@somoscorta) October 3, 2023

Con la excusa de “bajar el costo laboral”, Bullrich se propone derogar leyes con procedimiento ilegales para consagrar un régimen de ilegalidad, despidos, fraude laboral y trabajo no registrado, que golpea no solo a los trabajadores de forma directa sino también con el vaciamiento de la Anses, el Pami, las obras sociales y el propio fisco.

Bullrich justifica esta campaña ilegal en “defensa de las Pymes”, a las cuales se compromete a “salvar de la muerte” liquidando en su paso a los trabajadores. Con el pretexto de las Pymes, que muchas veces esconden formas de tercerización y precarización de las grandes patronales, la candidata de Juntos por el Cambio se propone legislar por decreto para toda la clase capitalista.

Cuando le consultaron al respecto de la inconstitucionalidad del procedimiento sugerido para la derogación de leyes y convenios colectivos con fuerza de ley por medio de procedimientos atípicos como los DNU, Bullrich fue más a fondo. Advirtió que plantea subordinar la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, porque se trataría de una “justicia laboral contaminada”.

Para Juntos por el Cambio la Justicia es “independiente” siempre y cuando responda a los mismos intereses y políticas de su gestión, lo que revela un reconocimiento del vínculo de clase entre ambos poderes (Ejecutivo y Judicial). La Justicia laboral nacional está lejos de ser el paroxismo de los derechos laborales –muchas veces avalando indemnizaciones para dejar pasar despidos discriminatorios u otras vulneraciones mayores-, sin embargo podría convertirse en un terreno de disputas de la propia clase capitalista respecto a los métodos con los cuales aplicar el ajuste.

Todos los candidatos patronales hacen méritos para llamar la atención de sus mandantes capitalistas, pero a la vez expresan las discusiones sobre cómo efectivamente avanzar en ese camino. Sergio Massa ofrece como garantía ante el ajuste la contención de las centrales obreras y las organizaciones sociales oficialistas; Javier Milei tiende lazos acelerados con Luis Barrionuevo, Gerardo Martínez y parte de esa misma burocracia; y Patricia Bullrich apela al decretismo antiobrero en una segura combinación con la complicidad de la burocracia sindical que, bajo el macrismo, se dedicó solo a paros domingueros los días feriado.

Solo la izquierda supo plantarse firmemente con los trabajadores contra las ofensivas del macrismo, como en las jornadas del 14 y 18 de diciembre del 2017 contra la reforma jubilatoria, y del actual gobierno fondomonetarista. Un planteo que parte de extender la organización independiente de los trabajadores, su deliberación en los lugares de trabajo y su acción por medio de la convocatoria a un congreso de delegados con mandato de base que resuelva un paro nacional y un plan de lucha contra el ajuste.

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