La desaparición de Paula Perassi, cuatro años atrás, reúne todos los elementos de descomposición política y social de la provincia de Santa Fe. Por un lado, el régimen político corrupto de la región que garantiza la impunidad y el encubrimiento; por el otro, el empresariado y el poder policial, que se encuentran íntegramente involucrados con cinco imputados.

 

Por su parte, y en una clara señal de que la pena no será dura, el juez Adolfo Prunotto Laborde revocó el pedido de prisión preventiva y habilitó la libertad bajo fianza de los acusados Strumia, Mitchel, Ruminski, los jefes de la policía Puyol y Krenz, y los oficiales Gómez y Galtelli. El repudio popular a la impunidad se hizo sentir en el centro de la ciudad de San Lorenzo el 28 de agosto.

La banca del Partido Obrero en el Concejo Deliberante de Capitán Bermúdez elevó una declaración política de repudio al fallo del juez. Luego, junto a la multisectorial del Cordón Industrial, reclamó que los bloques políticos de los concejos del Cordón (desde Puerto General San Martín hasta Granadero Baigorria), que se pronuncien. La experiencia demuestra que sólo con la lucha podremos terminar con el régimen de impunidad impuesto y garantizado por los que gobiernan. La fuerza de la familia, junto a la movilización, conquistó la conformación de equipo forense nacional para hallar el cuerpo, empezando por los lugares señalados por la familia y sus abogados.

 

En nuestra provincia hay centenares de jóvenes muertos víctimas del delito organizado. La movilización ha logrado colocar en agenda sólo a algunos de ellos. El caso de Mariano Ferreyra es un ejemplo a seguir. La movilización y denuncia contra el Estado logró meter preso no sólo a los autores materiales sino a los instigadores, empezando por José Pedraza y a los policías encubridores.

El caso de Paula Perassi, como los de Any Rivero, en Bermúdez; Marito Secondino, en Beltrán; Ramiro Burgueño, en San Lorenzo; Gerardo Giménez, en Baigorria; Franco Casco, o los recientes de Gerardo Escobar, desaparecido y asesinado en Rosario, y Roberto Arrieta, fusilado en la comisaría de Puerto San Martín, demandan una movilización de conjunto para terminar con el régimen de impunidad en Santa Fe.

 

El PO propone la convocatoria a una gran movilización que recorra, a pata y pulmón, de punta a punta el cordón industrial y agrupe a todos los casos de impunidad. Que la misma sea impulsada, junto a los familiares y amigos, por los sindicatos, organizaciones políticas y de derechos humanos.