El lunes 24, Alberto Lebbos (el papá de Paulina Lebbos, asesinada en 2006) denunció ante el nuevo fiscal que investiga el crimen de su hija, que un hijo del gobernador Alperovich y un hijo de su secretario privado -el ex comandante de Gendarmería Alberto Kaleñuk- eran los asesinos de Paulina. Denunció también a distintos funcionarios políticos, judiciales y policiales como encubridores del crimen. Lebbos denunció también que recibía amenazas. 

Al mismo tiempo, ha aparecido un video en el que un ex miembro del Side señala -con lujo de detalles- los pormenores de los hechos que envolvieron al crimen de Paulina y a sus protagonistas. Unos de los individuos señalados en ese video, un cuidador del club del Cadillal, se encuentra como el primer detenido que tiene esta causa.

El gobierno no ha respondido a la denuncia de Lebbos ni al video. Sólo uno de los hijos de Alperovich, Gabriel, se presentó espontáneamente ante la Justicia con un escrito en el que negó cualquier relación con el hecho. Pero las sospechas no recaen en Gabriel, sino en el otro hijo, Daniel. En la época en que comenzó la investigación y cundía la sospecha de un crimen de "los hijos del poder", Daniel viajó a Israel y nunca regresó.

Como resultado de una intervención del Ministerio de Justicia, Lebbos pudo, luego de siete años, tener acceso a los expedientes, en los que comprobó que las vías de investigación dirigidas a los "hijos del poder" no habían sido profundizadas. Lebbos denunció ésta y otra infinidad de irregularidades, las cuales provocaron el cambio de fiscal.

A partir de entonces, un conjunto de hechos se combinaron vertiginosamente. La Casa Rosada vetó la candidatura 'testimonial' anunciada por Alperovich, lo cual obligó al gobernador a armar otra lista con el vicegobernador y actual ministro Manzur a la cabeza. Simultáneamente, varios sectores de peso en el aparato del PJ comenzaron a hacer visible sus disidencias. Todos estos factores se combinan con un agravamiento de la crisis industrial y la crisis social. Lebbos viene denunciando el encubrimiento político del crimen de Paulina desde 2006. El nuevo fiscal ha vuelto a decretar el secreto del sumario. Como lo venimos haciendo desde 2006, pero ahora más que nunca, es necesaria la movilización independiente para que efectivamente los asesinos y sus encubridores políticos, judiciales y policiales vayan a la cárcel.