El Senado ha votado la privatización de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero. Menem venía presionando por este nuevo remate, para obtener unos 250 millones de dólares para pagar la deuda externa. (En el presupuesto del 97 figura la venta de estas centrales nucleares).

Las tres empresas producen el 15% de la electricidad que consume el país y facturan entre 250 y 300 millones anuales.

Junto a la entrega de YPF, Gas del Estado y las empresas eléctricas, y las próximas y anunciadas privatizaciones de Yaciretá y Eseba (por parte de Duhalde), esta venta culmina la entrega energética nacional.

No sólo es un remate —ni siquiera se obtendrán los 500 millones que había ‘evaluado’ la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)—, sino que quedarán como deuda del Estado cerca de 2.000 millones de dólares invertidos en Atucha II y Embalse (aún sin terminar).

La ley de privatización, entre otras ‘perlas’, permite construir un basurero nuclear y no prohíbe la importación de desechos nucleares. Este es un punto central en la operativa de cualquier usina atómica. Cuando la Thatcher intentó privatizarlas en Gran Bretaña “fracasó inicialmente cuando pretendió que los operadores privados se hicieran cargo de los residuos radiactivos” (La Prensa, 3/4).

Es el Estado el que se hará cargo, entonces, de los residuos, e incluso las futuras “adjudicatarias no se harán cargo de los costos que implique el cierre de las plantas cuando terminen su vida útil” (Página 12, 3/4). Las nuevas patronales asumirán “una responsabilidad civil por ‘daño nuclear’ por una suma de 80 millones de dólares” (La Razón, 3/4), debiendo el Estado cubrir los montos que superen dicho límite.

En su intento por maximizar sus ganancias, serán rebajados los gastos de mantenimiento. Las centrales atómicas privatizadas se convertirán, así, en una verdadera bomba atómica.

También se le ha dado un fuerte golpe a la investigación científica nacional. La CNEA, que tiene a su cargo los centros atómicos de Bariloche, Constituyentes y Ezeiza, contaría, de acuerdo a la ley votada, con un canon que deberían pagar los futuros operadores para solventar la investigación. Pero según denuncia Palamidessi, secretario de la Asociación de Profesionales de la CNEA, “es muy probable que eso sea vetado por el presidente Menem, porque los eventuales operadores se opondrán con toda seguridad” (Página 12, 3/4).

El ciclo de combustible se viene privatizando desde la época del gobierno alfonsinista. La ‘oposición’ avala este régimen de privatizaciones. El frepasista Alvarez ha declarado que “de todo lo que se hizo hasta ahora, mi idea es no volver para atrás con nada” (El Cronista, 1/4).

La privatización menemista llevará al despilfarro, a la sangría de las finanzas nacionales, al desastre ecológico y al abandono de toda investigación independiente en la materia.