El retiro del proyecto de reimplantación de la pena de muerte por parte de Menem le valió el inmediato “reconocimiento” de todos los sectores “bienpensantes" de la sociedad, en primer lugar la burocracia de la Iglesia católica. La retirada presidencial y la rápida aquiescencia de sus “críticos” revelan que el proyecto era, apenas, una jugada para “apurar” la aprobación de un conjunto de leyes que refuerzan fenomenalmente los aparatos represivos. Los hechos confirman plenamente esta caracterización.

La Cámara de Diputados acaba de aprobar “en general” la ley de “seguridad interior”, que fuera "consensuada” por el PJ y la UCR, La ley legitima el famoso decretazo presidencial de febrero que autorizó la intervención de las FF.AA. en la represión en caso de “conmoción interna” (estado de sitio mediante). La ley, además, crea un Consejo de Seguridad Interior encargado de coordinar las acciones represivas y de inteligencia de la Policía Federal, las policías provinciales, la Gendarmería y la Prefectura. Desde el Plan Conintes (1958) para aquí, los “naturales” destinatarios de los afanes” de los sucesivos Consejos de Seguridad fueron los militantes populares, los activistas sindicales, los partidos de izquierda y el conjunto de la población trabajadora.

Los senadores, por su parte, aprobaron una serie de enmiendas al Código Penal que aumenta las penas de prisión contra el “delito social” y la actividad sindical y política. Los legisladores, sin embargo, no encontraron “oportuno" aumentar la pena por el delito de violación y hasta se dieron el lujo de reducir la pena de cárcel por el delito de “prevaricato”, es decir la coima al funcionario público. Todo esto retrata el cinismo de todos los actores de esta “penosa” comedia.

Los senadores tampoco se olvidaron de duplicar la pena por la “compulsión a la huelga”, lo que significa ilegalizar a los sindicatos y al activismo obrero exactamente en el momento en que Menem los “apura” para poner a las huelgas fuera de la ley.

El nuevo código penal, además, liquida la libertad de prensa al penar “la publicación de datos políticos, económicos o militares que sin ser reservados o secretos no estén destinados a su publicación”. Con esto, tos senadores resguardan legalmente la actividad conspirativa diaria del Estado contra los explotados. Por si esto fuera poco, los senadores crearon una nueva “figura delictiva” de carácter exclusivamente político, “la turbación del acto electoral”, lo que significa la negación de la libertad política al prohibir el boicot electoral como un arma política.

El Senado también reformó el Código de Procedimientos Penal limitando enormemente la posibilidad de excarcelación de tos procesados por delitos leves o contra la propiedad.

Con la reforma reaccionaria al Código Penal y al de Procedimientos y con la instauración del Consejo de Seguridad Interior, la burguesía se prepara para emprender una represión salvaje contra la actividad política y sindical de tos trabajadores, contra la resistencia a sus planes de miseria y degradación social y contra “el delito contra la propiedad”, una forma apenas velada de guerra civil desencadenada por la descomposición de su régimen social.

El papel directriz a la hora de definir la estrategia represiva de la burguesía contra el pueblo lo jugó el clero. La Conferencia Episcopal fue tajante: no rechazó la pena de muerte sino que, apenas, la consideró “inoportuna”, pero se pronunció por un urgente “endurecimiento del sistema judicial y penal”.

Cumplido su papel de presión y distracción, el proyecto de pena de muerte puede ser archivado, pero queda como un “valioso” antecedente para legitimar el “ajusticiamiento" de detenidos y “sospechosos”.

“Volveremos” amenazó el presidente.

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Así son las cosas

La “muerte institucional” en argentina

El “ajusticiamiento" de detenidos indefensos es una norma no escrita de la legislación, la justicia y la policía argentinas, según lo revela una investigación realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa ñica, publicada por Página 12 (12/8).

Los investigadores del Instituto relevaron lo que se denominan “muertes institucionales” (producidas por policías, guardiacárceles y otras fuerzas represivas). Las cifras obtenidas son verdaderamente escalofriantes.

Según el informe, se produce anualmente una “muerte institucional” en Buenos Aires cada 59.000 habitantes; en Córdoba se produce una cada 27.000 habitantes, cifras infinitamente superiores a las que registran las violentas ciudades estadounidenses que nos presentan las series de televisión. En New York, hay una muerte institucional cada 265.000 habitantes, una cada 342.000 en Chicago o una cada medio millón de personas en Detroit. Los mismos indicadores de la represión policial en Bélgica muestran una “muerte institucional" cada tres millones y medio de personas.

El retiro del proyecto presidencial de la pena de muerte sirve para mejor encubrir esta verdadera masacre.