El penal de Batán (U-15), en las afueras de Mar del Plata, se ha convertido en una cárcel-fábrica. En medio del conflicto con los trabajadores marplatenses de la pesca, la empresa Infood instaló allí una planta procesadora de pescados y mariscos, cuyos operarios fueron seleccionados entre los internos de esa comunidad carcelaria. Los trabajos, que emplean a 35 reclusos, empezaron el lunes 26 de noviembre.

La empresa dice que dará obra social y asesoramiento legal a los familiares de los obreros privados de su libertad, pero no ha informado sobre salarios ni condiciones de trabajo. Hasta hoy, la población de los penales argentinos que cumple algún tipo de labor remunerada –aproximadamente el 30 por ciento de los internos– cobra entre 1,50 y 7 pesos por día. El trabajo esclavo ya se aplica en las cárceles del país e Infood decidió aprovecharlo.

Además, como indica la criminóloga Claudia Cesaroni, “la inmensa mayoría de los lugares de encierro en nuestro país carece de condiciones mínimas para la realización de tareas laborales en un contexto seguro y digno” (La Gaceta del Cielo, 22/11). Casi la totalidad de las personas que trabajan en los penales argentinos hace labores de limpieza y mantenimiento, no remuneradas o pagadas con tarifas humillantes, casi siempre al servicio personal de los carceleros o de presos “porongas”.

Como se ha visto en las últimas masacres en distintos penales del país –la última en la Cárcel de Varones de Santiago del Estero– y en los más de 200 muertos por violencia que se registran en ellas cada año, la Argentina incumple de manera bestial tanto las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Naciones Unidas, 1955), como los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (Asamblea General de la ONU, 1990). Estos “principios” dicen que “se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles, que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y el suyo propio”.

Ahora, la “reinserción” en el mercado de trabajo quedará determinada por la voracidad de empresas como Infood, que superexplotan hasta límites de salvajismo a sus trabajadores en libertad. Qué no harán con quienes están privados de ella. Por supuesto, la formación y el trabajo (esclavo) de los internos no atenderán en absoluto a su trabajo futuro sino a las necesidades inmediatas de las empresas.

Antes que presos, son obreros

Esos negreros intentarán contraponer el trabajo esclavo de la cárcel-fábrica al de los trabajadores de sus plantas fuera de ella, y lo emplearán a modo de instrumento de presión contra la lucha sindical. Uno más.

Otro experto en la cuestión, Raúl Salinas (autor del interesante libro “El problema carcelario”) señala que, habitualmente, en las cárceles se ofrece “un trabajo rudimentario, mal pago y en pésimas condiciones de seguridad, porque lo que se busca en realidad es conseguir mano de obra barata” (ídem anterior).

La introducción de esta forma de trabajo será causa de nuevas violencias, puesto que los empleos se repartirán entre “amigos” de penitenciarios y “porongas”, y su distribución se resolverá faca en mano, como casi todo en esos lugares.

Los antecedentes internacionales de la cuestión son atroces. China ha sustentado buena parte de su construcción económica de la última década en el trabajo esclavo de millones de presos; en los Estados Unidos las empresas encuentran negocios excelentes y tétricos en el trabajo de presos por 25 centavos de dólar la hora, sin seguro de desempleo, ni posibilidades de huelga, ni vacaciones ni derecho alguno.

El problema es irresoluble sin abordar la problemática de fondo en las cárceles argentinas, depósitos infrahumanos transformados en lo que Marx llamaba, en el siglo XIX, “casas del terror” (terrorhouses). Sin embargo, para impedir el esclavismo carcelario y eliminar un nuevo factor de presión contra la clase obrera, resultará indispensable que, junto con las fábricas, ingrese en los penales la organización sindical, promover la agremiación inmediata de los obreros-reclusos, su incorporación al convenio de la actividad, obra social, salario mínimo igual a la canasta familiar, elección de delegados y todo lo que corresponde a su condición de trabajadores.