Cuando todo indicaba que el 7 de diciembre un interventor designado por Sabbatella se instalaría en Cablevisión para iniciar el desguace del grupo Clarín, el gobierno decidió enviar una ley al Congreso que le permitiría solicitar la intervención de la Corte Suprema para que decida en este sentido. Cuando todos esperaban “la acción directa”, los K ¿se han decidido por la “legalidad”? Los defensores de Clarín -que reúnen a toda la oposición, desde Macri a Solanas, y desde los que votaron a favor hasta los que votaron en contra de la ley de medios- opinan, sin embargo, que promover ese “per saltum” por medio de una ley es, en sí mismo, un atropello; porque esquiva, sin razones de causa mayor, las diferentes instancias de apelación del Poder Judicial. Recurrir a la Corte implica, antes que nada, admitir la posibilidad de una posición intermedia entre la “desinversión” inmediata que quiere imponer el gobierno y las largas al asunto que pretende la Corpo, para la cual habría que resolver antes su reclamo de inconstitucionalidad del artículo correspondiente -Nº 161- de la ley de medios. Ha quedado instalada, en medio de las publicidades rivales de uno y otro, la presunción de una negociación que es poco menos que imposible hasta que uno de los contendientes no se vea forzado a producir un cambio estratégico de rumbo. Es así que la batalla por nominar jueces adictos sigue siendo campal, en previsión de que alguno de ellos tenga la ocasión de fallar a favor de la constitucionalidad o no del mencionado artículo. A la certeza que despliegan algunos voceros contrarios al oficialismo -como Grondona, como el ex director de Ambito Financiero, Roberto García, o como el portal Urgente-, de que el gobierno ya no tiene margen para imponer la “re-re-re” ni el desguace de Cablevisión, el oficialismo responde con una embestida judicial en toda la línea. Ni siquiera hay que excluir del embate el asunto de la Policía de Santa Fe, para doblar el brazo al “clarinista” Hermes Binner.

Con la línea del “per saltum”, ¿el gobierno apelará igualmente a la “gran Chávez”; o sea, al famoso 7D, que promete la intervención de Cablevisión, o esto es un recurso para mantener unida a la tropa? El gobierno podría estar esperando una evaluación del llamado 8N, el cacerolazo de rechazo a la “re-re-re”, que empalma con la oposición al desmantelamiento de los medios de Clarín. Todo el mundo le está tomando el pulso a todo el mundo. Por eso el gobierno no descuida tampoco la ofensiva contra Papel Prensa, que podría recibir un impulso nuevo con la decisión de ceder a la Comisión de Valores la regulación de la Bolsa de Buenos Aires. La ruptura del monopolio de los accionistas de la Bolsa para negociar la transacción de valores fue saludada como una modernización institucional, que se aplica desde hace tiempo en las principales Bolsas del mundo, porque reduce los costos de comercialización de los títulos. Sin embargo, es sospechada también de una intención de interferir en el capital accionario de la empresa de papel, que controlan La Nación y Clarín.

La súbita preferencia del oficialismo por la vía judicial en detrimento de la intervencionista también responde a la necesidad de otorgar el sello de la legalidad a los grupos capitalistas que se vayan a quedar con los despojos de la Corpo. La ley de medios no busca abolir el monopolio capitalista de la comunicación, sino proceder a una reprivatización y a establecer una alianza mediática que sustituya la que, hasta 2008, los K tenían con la Corpo. ¿Acaso el gobierno cree que cuenta con mayoría en la Corte, más allá del apoyo incondicional de Zaffaroni, o que estaría ganada para una ratificación de la ley de medios? La Justicia refracta intereses capitalistas diversos; incluida la presión internacional, no sólo los que encarna el gobierno. La desinversión tampoco es tema simple, porque debe llevarse a cabo evitando una desvalorización de las licencias -que irán unidas a los abonados-, algo que preocupa a la Corte -defensora de la propiedad privada, antes que cualquier otra cosa. Con relación al “per saltum”, la Corte Suprema ya ha hecho saber que llegado el caso verá si corresponde o no tomar la causa en sus manos; y es de descartar que un pronunciamiento pueda hacerse en los plazos que el gobierno pretende.

Paralelamente a las movidas judiciales, el kirchnerismo busca cooptar capitalistas. A los empresarios amigos que beneficiaría con las licencias que le quite a Clarín -como Vila-Manzano, Cristóbal López o Electroingeniería- les quiere agregar el apoyo de las telefónicas, con el negocio de la televisión digital. El Cronista da cuenta de que el gobierno quiere que Movistar, Personal y Claro presten el servicio de TV digital desde diciembre y, de ser posible, antes del 7D. El negocio incluye la venta de celulares smartphones y de televisores que ofrecen el servicio TDA. A esto se le agrega la disposición de que AR-SAT, una empresa estatal de fabricación de satélites, brinde también servicios de telefonía móvil.

El gobierno se encuentra en un brete, porque tiene problemas para avanzar y para retroceder. Del cuadro trazado surge que en la disputa entre el gobierno y Clarín ninguno de los bandos está interesado en la “libertad de prensa” ni en “democratizar la palabra”.