Después de ocho años, la crisis política ha devuelto a la tapa de los diarios el triple crimen de General Rodríguez y sus derivados, como el negociado de obras sociales sindicales con medicamentos adulterados. Aquel caso fue convenientemente tapado por otros escándalos y porque el juez Ariel Lijo tardó ocho años en llamar a indagatoria a los imputados, cosa que hizo recién en marzo de este año. Otros encubridores sistemáticos de esas estafas criminales contra la salud del pueblo fueron el fiscal bonaerense Juan Bidone y la procuradora de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, ex defensora de Aníbal Fernández en otras causas penales. Falbo fue denunciada por aquel encubrimiento y esa denuncia está en el despacho de Sandra Arroyo Salgado, quien, según Elisa Carrió, la deja dormir por presiones de Sergio Massa y de dos caudillos del PRO bonaerense: Gustavo Posse y Jorge Macri. Carrió debe saber de qué habla, puesto que es socia política del PRO y de Cambiemos. En este punto, conviene recordar que María Eugenia Vidal ha armado una suerte de pacto permanente con Massa, de modo que las denuncias de Carrió apuntan a la línea de flotación de la gobernación bonaerense.

 

Pero el caso Pérez Corradi trae otras “reminiscencias”: por ejemplo, la del financista Néstor Lorenzo, dueño de una cadena de droguerías vinculadas con la causa de los medicamentos adulterados, que involucró a la burocracia sindical al punto de haber llevado a la cárcel a Juan José Zanola durante dos años. En 2007, y con el fruto de estos negocios, se aportaron fondos a la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio Cobos. El recaudador de esos recursos, Héctor Capaccioli, entonces superintendente de Salud de la Nación, se definía él mismo como “soldado de Alberto Fernández”, hoy portavoz de Massa. La ruta de Pérez Corradi, como se ve, más que ruta es una autopista.

 

Ahora, aquella bomba de tiempo que se desactivó en 2008/2009 amenaza de nuevo con una explosión, por la detención de Ibar Pérez Corradi, a quien algunos consideran el instigador del triple crimen de General Rodríguez, cometido en agosto de 2008. Entonces, los cadáveres de tres empresarios farmacéuticos vinculados con el tráfico ilegal de efedrina aparecieron acribillados a tiros. Sin embargo, los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por aquel crimen, fugados y recapturados poco después en un episodio peor que confuso, aseguran que Pérez Corradi sólo es un empleado de Aníbal Fernández.

 

La protección, la caída

 

Hasta hace muy poco, nadie buscaba a Pérez Corradi, que tiene “muy buenos amigos en la Side y en la Bonaerense” (La Nación, 20/6). Gendarmería dejó trascender que había alertado a Sergio Berni sobre la presencia de Pérez Corradi en Paraguay, pero el entonces secretario de Seguridad nada hizo. Ahora ¿quién lo detuvo? Contra lo que dice Patricia Bullrich, la AFI no buscó a Pérez Corradi. Ella se enteró de la detención porque la llamó el ministro del Interior paraguayo, no por la AFI. Se trate o no de una detención pactada con el propio Pérez Corradi, es evidente que la “seguridad” argentina actúa por cuenta y orden de la DEA, que “administra” el narcotráfico continental de acuerdo con los intereses de la penetración política y económica yanqui en la región. Como parte de este operativo, estaría la “reubicación” de Antonio “Jaime” Stiuso en la ex Side.

 

La detención de Corradi podría terminar de demoler a otro flanco de la camarilla kirchnerista: la de Aníbal Fernández y su ex compañero de fórmula, Martín Sabbatella. Fernández, se sabe, es un provocador profesional contra el movimiento popular (Darío y Maxi, Mariano Ferreyra, detención del “Pollo” Sobrero).. Y hay más: la caída de Pérez Corradi golpea también a varios de los nuevos amigos o socios de Macri -los de la “oposición responsable”- y a franjas amplias de la burocracia sindical. El “mani pulite” argentino choca con las tendencias disolutorias del régimen político.