Más de 200 personas se movilizaron el sábado en una Marcha del Silencio junto con los familiares y amigos de las víctimas de la masacre de la Comisaría 1ª, en Pergamino. Así, empieza la respuesta popular a un crimen de Estado que puso de manifiesto la situación de los presos hacinados en comisarías de la provincia y, en general, del sistema penitenciario y de la política represiva que los gobiernos descargan contra los sectores más empobrecidos.

 

Se debe recordar que, en octubre de 2003, cuatro personas fueron encontradas muertas en esa misma comisaria. Uno de ellos ahorcado, otros quemados o por ingesta de vidrio molido. El denominador común con el caso actual es el hacinamiento, que no constituye tanto un problema edilicio sino un método sistemático de desgaste físico y moral de los reclusos.

 

Enero de 2006 también tuvo su víctima. Es decir, no trata de hechos aislados. Muy por el contrario, organismos de derechos humanos y contra la represión policial denuncian más de 5 mil víctimas del aparato represivo estatal desde 1983. La reacción popular que despertó esta masacre ha sido respondida con la militarización de la ciudad. Un vallado protege el perímetro de la comisaria y de la fiscalía, mientras la policía castiga con razias y persecuciones las barriadas donde viven los familiares de las víctimas.

 

Con la UJS y el Partido Obrero denunciamos activamente la responsabilidad del Estado y de todo el régimen político, y principalmente a la gobernadora Vidal; a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y al intendente local, Javier Martínez (PRO). Exigimos una investigación a cargo de una comisión independiente constituida por familiares y organismos de derechos humanos, la apertura de los libros de las comisarías y el control vecinal de las seccionales por esos mismos organismos.