Luego de que fueran detenidos cinco policías por el asesinato de siete presos en la comisaría 1ª, en las redes sociales se ha anunciado una reaccionaria concentración de agentes para reclamar por la libertad de los asesinos. La convocatoria es además una respuesta provocadora a la movilización de más de 400 vecinos de Pergamino, que reclamaron en las calles justicia para los detenidos, a quienes se dejó morir en un incendio.

 

El llamado en las redes llegó mientras el comisario Alberto Donza seguía prófugo (aparentemente habría aparecido esta tarde), y luego de que se multiplicaran las denuncias del fiscal Nelson Mastorchio –a cargo de la causa caratulada como “abandono de persona seguida de muerte”– y los familiares y amigos de las víctimas denunciaran amenazas y constantes razias en sus barrios.

 

Esa provocación intenta contrarrestar la profunda movilización popular, acompañada por organismos de lucha contra la impunidad del Estado, que resultó decisiva para establecer las responsabilidades institucionales de un organismo putrefacto, de comprobados vínculos con el delito organizado. Se trata de la misma policía que viene de reprimir un evento de festejo de estudiantes secundarios.

 

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La convocatoria policial deja otra vez a la vista la condición criminal y mafiosa de esa institución, y es un intento de transformar un crimen de Estado en un ejemplo más de impunidad. La tarea de los organismos de lucha es apuntar hacia arriba y dar cuenta de las responsabilidades políticas de esta masacre, que comprenden a todo un régimen político que descarga sistemáticamente la represión contra la juventud y los sectores populares.

 

A la provocación que significa esta marcha debemos oponerle la profundización del plan de lucha detrás de un programa de independencia política del Estado y de sus partidos. La movilización popular es la garantía de la victoria: el juicio y castigo de todos los responsables.