Después de que saliera la ley de emergencia provincial, que habilita al gobierno a endeudarse por el equivalente a 600 millones de dólares, el gobernador Omar Perotti planteó que "el Estado no puede estar parado" y planteó como una posibilidad que se introduzcan las cuasimonedas en Santa Fe. Fiel a su oficio, el secretario de Hacienda fue más concreto y señaló que por la caída de la recaudación fiscal en marzo no hay recursos para pagar los salarios de abril, "ante esa situación, a nivel general las provincias analizan la emisión de cuasimonedas" (La Nación, 3/4), llevando la iniciativa, incluso, fuera de las fronteras de Santa Fe.

En un comunicado, el sindicato del magisterio Amsafe adelantó que rechaza las declaraciones, que de esta forma apuntan contra el salario de estatales y docentes. “El gobernador también expresó que ´no hay piso, no hay recursos para garantizar el pago de los sueldos´, expresión que genera incertidumbre en miles de familias trabajadoras santafesinas. Patacones, Lecop, Quebracho, Cecacor, Bocade y Bofe quedaron en la memoria de las y los trabajadores y en el imaginario popular asociados al escenario de la crisis del 2001 gestada con fuerza en los 90 con la aplicación de las recetas del FMI en nuestro país y que combinó una crisis económica, política y social con una fuerte caída de la recaudación y la falta de crédito externo. Trabajadoras y trabajadores provinciales cobramos nuestro salario entre el 70 y el 85% en bonos. La situación fue desesperante porque en los comercios no se los admitían y se veían obligados a vender los ´papelitos´ a las financieras o casas de cambio donde se cotizaban al 40 % de su valor nominal" dice el comunicado de la conducción provincial que encabeza Sonia Alesso.

Párrafo seguido la burocracia se contradice y plantea que "las condiciones hoy no son las mismas. Las cámaras legislativas acaban de aprobar la Ley de Necesidad Pública". Pero precisamente el agravamiento de la crisis por el impacto de la pandemia sobre expuso la crisis capitalista y en nuestro país el fracaso de las recetas del FMI que el gobierno nacional y sus adláteres continúan aplicando al seguir el camino del endeudamiento y el pago de la deuda externa. El kirchnerismo local y las organizaciones satélites del Frente de Todos han adoptado la táctica política de deslindar vínculos con Perotti como si fuera independiente de los designios de Alberto Fernández. Pero incluso antes de la crisis por el coronavirus, el gobernador demostró ser uno de los oficialistas más obsecuentes, como lo demuestra la designación de Marcelo Saín (en la “caliente” cartera de Seguridad). Las medidas nacionales se han replicado punto por punto en Santa Fe, incluido el formato de la ley de emergencia. 

Emergencia y paritarias: los superpoderes de Perotti

A raíz de la pandemia, todas las paritarias del estado quedaron suspendidas, en particular la docente un motivo de crisis para gobierno y burocracia sindical que se vieron sacudidos por la intervención de las seccionales combativas que organizaron la bronca en la base docente y arrancaron el no inicio y su continuidad casi hasta las puertas de la suspensión oficial de clases. Perotti birló la cláusula gatillo y se propuso desde un inicio un ajuste en educación, al punto de ni siquiera designar numerosos funcionarios vaciando áreas. 

Con paritarias suspendidas, el gobierno también aprovechó la crisis para avanzar con la ley de emergencia santafecina que salió aprobada luego de que desde el bloque del Frente Progresista (PS/UCR) -mayoría en diputados y con capacidad de veto- dieran luz verde, con el quórum y la abstención que no impidió que la ley saliera. La misma tiene dos ejes: un brutal endeudamiento y el manejo discrecional de esos fondos de parte del poder ejecutivo. Ya sea que hablemos de materia alimentaria, sanitaria, contrataciones, presupuestos municipales y comunales, empresas mixtas provinciales (EPE), seguridad, pandemia, la ley habilita tomar deuda para cubrir los requerimientos; en tanto que establece que esos recursos serán administrados en todos los casos por el poder ejecutivo, en la investidura del gobernador o de sus ministros que quedan facultados a "convocar personal, rescindir contratos" inclusive en el ámbito del poder judicial, y también a "adecuar procedimientos y normativas, reasignar partidas, fijar tasas e impuestos". Debe llamar la atención de la población progresista, que el diputado Carlos Del Frade saludara que la "ley finalmente saliera".

La cuestión del endeudamiento choca con las restricciones externas y el Estado está tomando deuda con la banca provincial, que paradójicamente fue privatizada cuando gobernaba Jorge Obeid y el actual secretario de Hacienda, Agosto, era su presidente. "Se obtuvo un préstamo de 5.000 millones de pesos del Nuevo Banco de Santa Fe a una tasa del 38 por ciento a pagar en el lapso de un año. El financiamiento con la emisión de letras en pesos se terminó por ahora por lo que la única manera que queda es recurrir a un endeudamiento con los bancos, para lo que hay un límite", destacó el funcionario que más fervientemente defendió la privatización. 

Que la crisis la paguen los capitalistas

En Santa Fe operan pulpos cerealeros como Cargill, Dreyfus y Cofco, con facturaciones multimillonarias a nivel mundial, que no obstante tributan entre el 0,20% y 0,25% por la “comercialización de cereales, forrajeras, oleaginosas y cualquier otro producto agrícola” sobre los puertos privatizados del Paraná con los que han sido beneficiados por todos los gobiernos.

Grandes empresas como Acindar están radicadas en parques industriales y zonas francas beneficiadas con "alícuotas promocionales", como sucede en Villa Constitución. Un régimen de subvención capitalista que no ha impedido que el empleo industrial fuera arrasado durante los últimos años, ni ha redundado en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

La introducción de cuasimonedas para pagar el salario de docentes, municipales y trabajadores del Estado sería la contracara más brutal de cómo el gobierno utiliza todos los recursos del Estado para seguir financiando a los capitalistas, mientras en ciudades como Rosario estallan la desocupación, el hambre y el crimen narco. 

Rechazamos el pago en especies. Los trabajadores de la educación y el Estado deben estar alertas y profundizar la organización solidaria que se han dado en tiempos de coronavirus, reclamando el pago del salario en tiempo y forma, así como la aplicación automática de la cláusula gatillo según inflación. Basta de ajustar a lxs trabajadores. Que la crisis la paguen sus responsables.