Tras un largo y desgastante conflicto que duró dos años y medio, el jueves pasado el gobierno provincial promulgó la ley que declara "de utilidad pública y sujetos a expropiación" a los terrenos de Altos de los Cachorros. De esta manera, las cinco familias que habitan esas dos parcelas no corren riesgo de desalojo y dieron un paso clave para conservar sus hogares. Ahora el objetivo es avanzar en la regularización de la situación dominial del resto del barrio y reclamar mejoras en la infraestructura. Con ese fin, el domingo hicieron una asamblea encabezada por Nora Eliçabe y por Carlos Cornejo, dirigente del Partido Obrero local. En ese encuentro, los vecinos comenzaron a juntar firmas para elevar un petitorio al Municipio con el objetivo de conseguir el arreglo de calles, la implementación de desagües y la regularización del cobro de impuestos para que lleguen las boletas a nombre de los actuales residentes. Nora indicó que "vamos a ir por eso y a tratar de que se afiance la tenencia de la tierra de la gente que está ahí. En el barrio están en situaciones similares. Algunos recibieron amenazas de estudios de abogados, ofreciendo préstamos para que les paguen. Queremos regularizar los papeles", recalcó. A partir de esta legislación, el Estado tiene cinco años para realizar la expropiación de los terrenos, que se ejecuta en forma de "venta compulsiva". El caso El 4 de enero de 2005, cuatro familias adquirieron los lotes sobre los que construyeron sus viviendas en el barrio Altos de los Cachorros. Entre todos, juntaron 14.000 pesos que pidió el vendedor. En aquel momento, firmaron el boleto de compra venta y no lo volvieron a ver. Cinco años después, aparecieron los verdaderos dueños y reclamaron los terrenos, de 18 por 54 metros cada uno, ubicados en la calle Luis Agote, entre Ambrosetti y Moyano, a 300 metros de la Panamericana. En principio, las familias pudieron negociar con los propietarios para adquirir los terrenos. En primer lugar, exigieron el pago de 41.800 dólares, con una entrega inicial de 15.000. Los habitantes juntaron la cifra solicitada, pero luego los dueños elevaron la entrega a 30.000 dólares. Evitaron el desalojo en cuatro oportunidades gracias a la asesoría del PO y al impulso de un proyecto de expropiación en la Legislatura bonaerense que ingresó allí en 2010, pero que recién fue aprobado hace pocas semanas.Pilar: las familias de Altos de los Cachorros salvaron sus techos y van por más
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Tras un largo y desgastante conflicto que duró dos años y medio, el jueves pasado el gobierno provincial promulgó la ley que declara "de utilidad pública y sujetos a expropiación" a los terrenos de Altos de los Cachorros. De esta manera, las cinco familias que habitan esas dos parcelas no corren riesgo de desalojo y dieron un paso clave para conservar sus hogares. Ahora el objetivo es avanzar en la regularización de la situación dominial del resto del barrio y reclamar mejoras en la infraestructura. Con ese fin, el domingo hicieron una asamblea encabezada por Nora Eliçabe y por Carlos Cornejo, dirigente del Partido Obrero local. En ese encuentro, los vecinos comenzaron a juntar firmas para elevar un petitorio al Municipio con el objetivo de conseguir el arreglo de calles, la implementación de desagües y la regularización del cobro de impuestos para que lleguen las boletas a nombre de los actuales residentes. Nora indicó que "vamos a ir por eso y a tratar de que se afiance la tenencia de la tierra de la gente que está ahí. En el barrio están en situaciones similares. Algunos recibieron amenazas de estudios de abogados, ofreciendo préstamos para que les paguen. Queremos regularizar los papeles", recalcó. A partir de esta legislación, el Estado tiene cinco años para realizar la expropiación de los terrenos, que se ejecuta en forma de "venta compulsiva". El caso El 4 de enero de 2005, cuatro familias adquirieron los lotes sobre los que construyeron sus viviendas en el barrio Altos de los Cachorros. Entre todos, juntaron 14.000 pesos que pidió el vendedor. En aquel momento, firmaron el boleto de compra venta y no lo volvieron a ver. Cinco años después, aparecieron los verdaderos dueños y reclamaron los terrenos, de 18 por 54 metros cada uno, ubicados en la calle Luis Agote, entre Ambrosetti y Moyano, a 300 metros de la Panamericana. En principio, las familias pudieron negociar con los propietarios para adquirir los terrenos. En primer lugar, exigieron el pago de 41.800 dólares, con una entrega inicial de 15.000. Los habitantes juntaron la cifra solicitada, pero luego los dueños elevaron la entrega a 30.000 dólares. Evitaron el desalojo en cuatro oportunidades gracias a la asesoría del PO y al impulso de un proyecto de expropiación en la Legislatura bonaerense que ingresó allí en 2010, pero que recién fue aprobado hace pocas semanas.
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