En la sesión de este miércoles el bloque de “Hacemos por Córdoba” del gobierno de Schiaretti promovió una cuestión de privilegio en Legislatura que terminó con la suspensión por seis meses de la legisladora Patricia De Ferrari, del bloque macrista que integran una parte de la UCR y el PRO, por haber reclamado la aparición de los “Falcon verdes” para reprimir las ocupaciones de tierras. La sesión fue un escándalo, donde el PJ violó toda la normativa al respecto de las sanciones, aprovechando que tiene la mayoría de las dos terceras partes en el parlamento provincial.

Los cruces entre los bloques derechistas y los representantes de la Iglesia dejaron en evidencia dos cuestiones fundamentales que hacen a la situación política. Por un lado que la sanción fue “negociada” entre el oficialismo y el bloque macrista. Y por otro, y más importante aún, que el bloque del PJ impostó en forma grosera una supuesta defensa de los derechos humanos y un repudio al terrorismo de Estado, llegando a emparejar las declaraciones de la legisladora con el nazismo.

La maniobra del PJ y la sanción tienen un objetivo concreto. Se coloca a una persona y una fuerza política (macrismo-UCR) como defensores del terrorismo del Estado, mientras se desarrolla ahora mismo una fuerte política represiva sobre la población trabajadora, que no es más ni menos que la ejecución en los hechos, de aquello que reclama De Ferrari, de palabra.

En Córdoba la policía de la provincia acaba de acribillar a balazos a un grupo de pibes en la pequeña localidad de Paso Viejo que terminó con el asesinato de Joaquín Paredes y varios heridos. El crimen puso contra las cuerdas nuevamente al régimen policial de Schiaretti que ha respondido a la enorme crisis económica, social y política que vive la provincia, con una represión generalizada que parece no tener límites. El gobierno intentó responder al asesinato con un protocolo policial, que fue un fiasco. La farsa armada en la Legislatura tiene este objetivo inmediato.

Pero Joaquín no es la única víctima de la represión estatal. Ya son siete los casos de gatillo fácil. Al comienzo de la cuarentena la infantería reprimió brutalmente a municipales de Jesús María terminando con 41 trabajadores encarcelados. Luego siguieron las represiones los trabajadores de UTA, repartidores, entre otras; y a las ocupaciones de tierra que defiende el Polo Obrero en las barriadas más pobres. Asimismo se criminalizó la organización gremial y la protesta social con la justicia adicta. Todos estos casos de represión estatal fueron fríamente programados y ejecutados por el gobierno, que coronó toda su política de represión estatal conformando un “COE” con la policía, el ejército y la gendarmería.

El sorprendente reproche de los que ejecutan la represión a aquellos que la piden solo puede entenderse como un encubrimiento de toda esta política, que lejos está de haberse saldado. Por el contrario, hay que decir que esto recién comienza. La quiebra de la provincia recae y recaerá sobre las espaldas de las y los trabajadores, como sucedió con el robo jubilatorio o con las paritarias de miseria salarial que impone el gobierno, con la complicidad de la burocracia sindical.

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Todo este operativo fue enfrentado y denunciado en el propio recinto por la legisladora del Frente de Izquierda, Soledad Díaz García, quien repudió los dichos de Patricia De Ferrari a los cuales calificó como “sincericidio” y expresó: “nosotros no perdemos de vista que hay una coincidencia en este modo de operar frente a las ocupaciones que comparten tanto Schiaretti, como el gobierno de Fernández, Kicillof y Berni, y particularmente en contra de la ocupación más emblemática, que no está en Entre Ríos, está en Guernica, y que en nuestra provincia tiene episodios dramáticos que han terminado en represión”.

“Se plantea una cuestión de privilegio ¿para sancionar qué? La política que ustedes mismos están desarrollando en la provincia, la política de los Falcon verdes. Y no quiero dejar de mencionar que tenemos siete casos de gatillo fácil, de pibes asesinados por la policía, por la espalda. Díganme si esto no es terrorismo de Estado”, destacó la legisladora por el Partido Obrero en el FIT.

Y Soledad terminó: “llamamos al conjunto de los trabajadores, a las masas populares, a repudiar las declaraciones de la legisladora De Ferrari, pero también llamamos a repudiar el accionar del conjunto de este régimen, de las fuerzas políticas que lo componen, no en el terreno de esta Legislatura, si en el terreno de la movilización, porque ustedes no tienen ningún tipo de autoridad para hacerlo. Sabemos muy bien desde el Frente de Izquierda y Partido Obrero de persecución y de macartismo, de censura a la opinión política, y con esto ustedes quieren generar un peligroso precedente que va a ser utilizado fundamentalmente contra los voceros de los trabajadores, contra los voceros de la izquierda”.

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