El pacto Menem-Alfonsín se está abrochando también en la Universidad. Dos semanas después que la Comisión de Educación de Diputados aprobara un “régimen económico-financiero”  que elimina la gratuidad de la enseñanza superior, el gobierno justicialista y los rectores radicales se pusieron a discutir la instrumentación práctica de este atropello para inaugurar la privatización integral de la Universidad.

Según “Página 12” (3/12), el Consejo de Rectores radicales (CIN) y el Ministerio de Educación ya habrían alcanzado un “acuerdo en el 99% de los puntos”. Los ejes centrales de este contubernio serán el arancelamiento y la autorización definitiva a las universidades para constituir “sociedades” en común con empresas capitalistas. En una operación de pinzas, estas dos iniciativas vienen siendo impulsadas desde hace tiempo por el gobierno en el plano legislativo y publicitario, y por los radicales en la Universidad. Los aranceles ya se cobran formalmente en todos los pos-grados, y las “contribuciones voluntarias” rigen de hecho en otros niveles en numerosas facultades.

Los convenios con grupos capitalistas han crecido ininterrumpidamente desde que en 1986 se fundó UBATEC, una empresa de la UBA con la patronal agrupada en la CGI, que ya suscribió 551 contratos de negocios, y que factura entre el 8% y el 16% del presupuesto de la enseñanza superior. Un informe reciente sobre el tema, de “Clarín”  (28/11), lleva el expresivo título: “Universidad S. A.”.

El pacto Menem- Alfonsín en la Universidad consagra el reinado de los grupos privatizadores y la ”limpieza” de los claustros de todos los estudiantes que no puedan pagar el arancel. Tal como se hace con las provincias para forzar “el ajuste”, el presupuesto educativo será rigurosamente discriminado según el grado de subordinación a la política de mercantilización de la enseñanza. No habrá dinero para las facultades que fracasen en conseguir clientes y hacer negocios, y habrá subvenciones extras para los “rectores-gerentes exitosos”.

La privatización de la Universidad es una obra maestra de la hipocresía, puesto que la instrumenta la UCR en nombre de la gratuidad y la defensa de la educación pública.

El pacto  se vehiculizará mediante la postergación del tratamiento legislativo del “régimen económico-financiero”  y la eliminación de la facultad del Ministerio de Educación de revocar decisiones de los Consejos Superiores, una medida que provocaba roces entre Schuberoff y el gobierno. Como parte del acuerdo, el gobierno aceptaría delegar en los rectores un atributo clave del proceso privatizador, como es la discriminación de los salarios entre los docentes según criterios de “productividad”, es decir, estimulando los convenios y contratos con empresas privadas.

Para la UCR esta atribución es esencial, ya que le permite afianzar la actual formación de una aristocracia profesional, en la que se apoya socialmente para aniquilar la gratuidad. De acuerdo a “Página 12”, para facilitar el curso del contubernio radical-peronista, la Universidad habría recibido una partida presupuestaria adicional de 120 millones de pesos. La plata que el “Estado ya no tiene”  aparece mágicamente cuando hay que aceitar políticamente un acuerdo antipopular con prebendas a los funcionarios. El pacto Menem-Alfonsín en la Universidad es un repugnante atropello a toda la comunidad educativa.