En una conferencia de prensa Alberto Fernández y Kicillof presentaron lo que el gobernador definió como una inversión histórica para reforzar el aparato represivo de la provincia. Los $37.700 millones que la Nación se dispone a invertir según el anuncio se distribuirán de la siguiente manera: $10.000 que irán directamente a las cajas de los intendentes; $3.780 millones por el envío de casi 4.000 gendarmes y/o policías federales, dotación que duplica a la ya actuante en la provincia; $12.800 millones para la construcción de nuevas cárceles; $3.234 millones para terminar el complejo carcelario Agote en Mercedes, una cifra similar para refaccionar comisarías; $1.425 millones para centros de atención de Covid-19, y $3.370 millones para el “adorno” del plan, que es la construcción de 4.000 “paradas seguras” del transporte público.  El anuncio incluyó el plan de incrementar en 10.000 efectivos a la bonaerense que desde marzo se cargó 42 víctimas del gatillo fácil y a Facundo Castro

En lo que es toda una definición política en medio del reclamo de renuncia de Berni en las masivas movilizaciones del día de ayer 3 de septiembre, el responsable político de la desaparición y asesinato de Facundo Castro y su par de la Nación, la ministra de Seguridad Frederic, estuvieron presentes en la conferencia, que además por medios virtuales incluyó la participación de los intendentes de los 24 distritos del Gran Buenos Aires (GBA), de todos los colores políticos. La escenificación contó en primera fila con los intendentes Gustavo Posse (Juntos por el Cambio, San Isidro), Gustavo Menéndez (PJ, Merlo) y la kirchnerista quilmeña Mayra Mendoza, distrito en el que se produjeron en los últimos tiempos desalojos de tomas, y en el que las “asambleas barriales” alineadas al kirchnerismo saludan la “saturación policial” de los barrios.

Ayer nomás todos los intendentes de la zona sur del GBA, incluyendo a Mendoza y a ultrakirchnerista Secco de Ensenada se reunieron con Kicillof para impulsar una “política de Estado” contra las tomas, en sintonía con las declaraciones del Presidente sobre la ilegalidad de las ocupaciones, que fueron alineando a todas las alas del Frente de Todos. Hasta Frederic que había dicho que las tomas no eran una cuestión de seguridad terminó bajándose del relato. El Chino Navarro y Pérsico, acusados por Berni de fomentarlas,  “desensillaron hasta que aclare” y se limitaron a tachar al represor de charlatán. Finalmente terminó imperando la política de Berni, y el gobierno terminó cerrando filas con un planteo represivo porque es su única salida ante la crisis social. Fernández promete cárceles, no viviendas.

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El gobierno y la oposición patronal se curan en salud ante el pronóstico que todos ellos manejan. El ajuste fondomonetarista en curso multiplicará las luchas. El fantasma del Argentinazo planea no solo en los brotes psicóticos de Duhalde, que reclama la unidad nacional para enfrentar eventuales rebeliones.  Quienes no piensan construir una sola vivienda de las -al menos- 400.000 que faltan en la provincia, refuerzan a la Bonaerense y multiplican la presencia de las fuerzas federales para proceder al desalojo de la existentes y reprimir a las que se produzcan empujadas por el hacinamiento y la imposibilidad de muchos trabajadores de seguir pagando alquileres en la crisis.

Sin reparar en la contradicción, los defensores del plan, que se presenta como una respuesta al incremento del delito, reconocen que no hay un registro mayor que años anteriores. El problema sería el machaque del tema en los medios opositores. Una vez más el Frente de Todos y este progresismo de mano dura defensor de Berni se amparan en la agitación derechista para asumir esa agenda y presentarla como un reclamo ciudadano.

El reforzamiento del aparato represivo no tiene la finalidad de terminar con la delincuencia. Es vox populi que el delito se organiza y ampara desde el mismo aparato que se supone debe combatirlo. La Bonaerense es la que libera las zonas para todo tipo de delitos; las cajas de los punteros que forman la estructura política de los intendentes en las barriadas se alimentan también de esos delitos; la saturación de policías y gendarmes solo persigue instalar más profundamente al aparato represivo, especialmente en las zonas donde la miseria, el hambre, la desocupación y la falta de techo empujan a los trabajadores a luchar. Como no hay solución alguna para esta agenda en medio de un ajuste brutal que recién empieza, se criminaliza la pobreza como hizo el Presidente en la conferencia con el viejo cliché centroizquierdista que asume que los pobres son los protagonistas del delito.

El Congreso del Partido Obrero de la Provincia de Buenos Aires discutió a fondo el tema de la seguridad y la avanzada represiva. El Plenario Antirrepresivo en marcha será un canal de acción y reagrupamiento de los familiares de víctimas del gatillo fácil, de lucha por justicia para Facundo Castro y de movilización de todas las organizaciones populares para que se vaya Berni y por el desmantelamiento del aparato represivo. Denunciamos las zonas liberadas controladas por las cúpulas policiales y le oponemos la formación de comités electos de vecinos en los barrios. La tarea de la hora es organizar la intervención de los trabajadores y de la juventud y postular al Frente de Izquierda como una oposición desde la clase obrera y los sectores populares al gobierno ajustador, represor y pagador de deuda.

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