Esta semana, la Concejala de Juntos por el Cambio en el distrito bonaerense de Vicente López, Soledad Martínez, publicó en sus redes sociales con bombos y platillos el lanzamiento del “Plan Frío” en el distrito. Este programa tiene como fin “dar atención” a personas en situación de calle expuestas a las bajas temperaturas e inclemencias del tiempo durante el período invernal. Sin embargo, mantiene a esas personas viviendo en la calle ya que no garantiza la construcción de paradores para alojar a quienes se hallan en esa situación.

En los operativos se entregan viandas y kits de abrigo (gorros, pasamontañas y guantes únicamente) para los “beneficiarios”. Además, se ofrece realizar estudios médicos básicos (control de hipotermia, fiebre, etc). Por otra parte, se establece un número telefónico para recepcionar demandas de atención a personas en situación de calle o “riesgo social”. Esto último resulta pérfido dado que las personas que viven en esas condiciones, en general, no tienen celular ni acceso a hacer llamadas telefónicas. .

En el mismo sentido, teniendo en cuenta las condiciones de vida en las que están sometidas las personas en situación de calle, la atención médica que se brinda consiste en una “gota en el océano”. No se hacen estudios médicos generales, ni se realiza un seguimiento de la situación de salud.

Este programa funciona en el municipio hace más de una década y no representa una solución para quienes no tienen techo, trabajo y comida, sino es más bien una política asistencial insuficiente para dar respuesta a una problemática que crece cada vez más en el país, y Vicente López no es la excepción. Sin lugar a dudas, el gobierno nacional, los gobiernos nacionales, y, en este caso, el gobierno municipal de Jorge Macri (Juntos por el Cambio) son responsables del agravamiento de la crisis social.

“Combatir” el frío con explotación laboral y voluntarios

Las viandas son realizadas en los comedores municipales, con un esquema de trabajo en el cual las cocineras tienen la obligación de cumplir más horas de manera rotativa durante la tarde/noche. Esto se traduce en una mayor explotación para las trabajadoras municipales, que seguramente no cobren horas extras, ni adicionales por realizar estas tareas. Se trata de un colectivo laboral sumamente golpeado cuyos salarios no llegan a $50.000 mensuales por realizar una jornada de 8 horas. Están a la cabeza de los comedores municipales, los cuales brindan asistencia alimentaria a los barrios más pobres del distrito. Sin embargo, su tarea esencial, en la primera línea contra la pobreza y el hambre no es reconocida por el gobierno municipal.

La mayoría no se encuentra en planta permanente y muchas de ellas comienzan trabajando ad honorem para “hacerse un lugar” y conseguir finalmente el empleo precario. Si comparamos sus ingresos con lo que hoy en día está cobrando un subsecretario de cualquier área del municipio (entre $200.000 y $366.000) que ejecuta políticas de ajuste hacia los trabajadores, veremos con claridad qué intereses defiende el Estado local.

Otro de los eslabones importantes de este programa son los voluntarios que se ofrecen a colaborar con la entrega de viandas en las noches. Es decir, además de la explotación a las cocineras municipales, trabajan gratis los voluntarios. Una acción del municipio que se presenta como política pública, en los hechos se sustenta y ejecuta por el voluntarismo de personas que quieren ayudar y trabajadoras superexplotadas.

Esta “propuesta” asistencial del municipio de Vicente López, en lugar de generar alguna mejora sustancial, es una política cosmética que no resuelve la situación de nadie. En el año 2020, en pleno contexto pandémico, se entregaron más viandas que en años anteriores. Esto expresa que hay más cantidad de personas en situación de calle producto de la carestía y crisis social.

Frente a esta burla que nos ofrece Juntos por el Cambio luchemos por el derecho a la vivienda, la salud y el trabajo para todos. Para enfrentar esta cuestión en lo inmediato tiene que haber hogares que funcionen todos los días con contrataciones formales. Esto se debe acompañar con planes de vivienda, financiados con un impuesto progresivo a los grandes capitales inmobiliarios.