A traves del DNU 892/20 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina se han conocido detalles del denominado Plan GasAr (o Plan Gas 4). El DNU lleva la firma del presidente y todo el gabinete e invita a las provincias productoras de gas a adherir al mismo. Es decir, deja claro que es una política del conjunto del Frente de Todos.

El nuevo Plan consiste en una adaptación a los intereses de los grandes pulpos, como la sociedad anónima YPF y sus socias Chevrón, Total, PAE y Techint. El DNU tiene un extenso anexo donde se detalla con minuciosidad las condiciones contractuales que reafirma el sistema de declaración jurada de las productoras para comunicar su producción. No establece un mecanismo de medición de volúmenes por parte del Estado, que sí les asegura a las petroleras mecanismos de cobro del subsidio estatal en tiempos reales (50 días corridas desde la presentación de la declaración jurada).

Además, se habilita la fuga de divisas y se instrumenta un “mecanismo idóneo” por parte del BCRA para “facilitar el acceso” al Mercado Libre de Cambios que les garantice obtener los dólares para la “repatriación de las inversiones directas y sus rentas y/o la atención de servicios de renta o principal de endeudamientos financieros del exterior”. Para las Total, Chevrón, etc., expertas en las ingenierías financieras con sus casas y bancos matrices, será como pescar dentro de una palangana. También podrán exportar en “condiciones preferenciales” hasta 11 millones de metros cúbicos de gas por día (en época no invernal), sea como gas natural por gasoductos o bien como GNL.

Subsidio total garantizado

Aunque el volumen de gas incluído en el DNU puede ser modificado por la Secretaría de Energía, está fijado para todo el país en 70 millones de metros cúbicos por día. La producción neuquina en 2019 ya superó por sí sola ese volumen con 76 millones de m3/día, de los cuales unos 53 millones es gas no convencional, que en su mayoría recibe subsidios de planes anteriores (Resolución 46/2017 y otras).

El nuevo plan le adjudica a la provincia un cupo de 47 millones de m3/día para incorporar al subsidio de este DNU. Pero sería erróneo que la producción se incrementará en esos 47 millones de m3/día. No hay capacidad de evacuación por los gasoductos, al menos en el corto plazo. Se tendrían que construir nuevos ductos o hacer otras cuantiosas inversiones (rulos, estaciones de presurización, etc.). Por lo tanto, este nuevo plan es para ofrecer un subsidio a la parte de la producción que no está subsidiada (fundamentalmente la convencional Loma de la Lata de YPF con 11 millones de m3/día).

El nuevo plan establece que se “amalgama” con los planes que subsidian la mayor producción de gas no convencional (6,50 dólares el millón de BTU para el año 2020 y 6 para el 2021). Es un ofrecimiento a que las empresas renuncien a los planes anteriores con mayores subsidios a cambio de una garantía de cobro del mismo con el nuevo plan y que puedan incorporar la parte de la producción no subsidiada. Habrá que ver en un balance si la extensión del subsidio en el volumen con pago garantizado compensa la renuncia a un subsidio mayor pero de cobro incierto.

Sin embargo, no los obliga a renunciar. El DNU contempla la opción de que, los que ya tienen subsidios, sigan con los mismos por la producción de las áreas incluídas en ellos. En ese “amalgame” se juega el cobro de las sumas que el Estado adeuda y que Techint reclama vía judicial.

Hay para todos los gustos: garantías de plazos de los cobros en pesos del subsidio estatal, garantías para obtener y sacar dólares al exterior, garantías de generar dólares exportando gas. Aunque las “corpos” petroleras no figuren entre los firmantes del DNU, son sus verdaderos autores.

¿Y las y los obreros petroleros?

Son el gran ausente de este decreto. Excepto una confusa mención acerca que los planes de inversión deberán “cumplir con el principio de utilización plena y sucesiva, local, regional y nacional de las facilidades en materia de empleo”, nada se dice.

Todos sabemos -y hasta la propia burocracia sindical lo reconoce- que las empresas despidieron a mansalva, tanto directamente como a través de “retiros voluntarios”. Si las petroleras ignoran impunemente otros DNU donde se “prohiben las suspensiones y despidos”, será motivo de sonrisas cómplices eso de “facilidades en materia de empleo” y hasta puede ser interpretado a favor de las patronales, ya que las rebajas de las contribuciones patronales, los ATP y otros, bien pueden encuadrar dentro de esas “facilidades”.

La flexibilización laboral, aumento de la productividad y la garantía de subsidios estatales, más la puerta abierta para transferencia al exterior de divisas que las petroleras gozan y gozarán tras la “unión nacional” que firmó y adherirá a este DNU, es otro capítulo del sometimiento del gobierno del Frente de Todos y los gobernadores, al FMI y sus mandantes.