A fines de enero pasado, una “corrida” cambiaría llevó el dólar de cinco mil a diez mil australes y planteó de nuevo la hiperinflación con su perspectiva de bancarrotas bancadas, hundimiento de las finanzas del Estado, miseria generalizada y una crisis política excepcional. La “corrida” fue una expresión contundente del agotamiento de las posibilidades de especulación financiera y superbeneficios ofrecidos por el “plan” de Erman González-Cavallo (Alsogaray). Hubo antes dos “corridas” cambiarías en 1990 que mostraron que se iba a la catástrofe. A fines de diciembre, la renuncia de Alsogaray como “asesor” de Menem, fue un preanuncio oficial de la quiebra del plan económico en vigencia.

A los pocos días de haberse hecho cargo de sus nuevas funciones, Domingo Cavallo proclamó que había logrado conjurar la hiperinflación como consecuencia del paquete de impuestos que consiguió obtener gracias al apoyo parlamentario que recibió de la Unión Cívica Radical. Se trató en esencia de un aumento del impuesto al Valor Agregado, es decir, de un golpe a los consumidores. Pocas semanas después, sin embargo, una nueva “corrida” cambiaria consumió cerca de 350 millones de dólares de las reservas del Banco Central en una sola jornada. El “plan Cavallo” había estallado en solo cuarenta y cinco días; la prensa coincidía en prever una segunda “corrida” a corto plazo que podía llevar la cotización del dólar a cualquier nivel. Es que durante febrero y marzo, el ministro que ahora pretende establecer la estabilidad monetaria y abolir la inflación por ley había roto todas las marcas de emisiones de moneda de los últimos años. Ámbito Financiero informaba el 12/2/91 que “Desde que asumió el ‘team mediterráneo’ la base monetaria creció 12%... al 8 de febrero”, es decir en sólo siete días hábiles. El mismo diario estimó semanas más tarde que el gobierno había girado 500 millones de dólares a las provincias, en tanto que el Cronista Comercial informaba que se habían pagado 150 millones de dólares a los proveedores del Estado para cancelar “libramientos impagos”. Durante el mismo lapso de tiempo el gobierno seguía honrando el pago de la deuda pública en bonos, con la excepción de un título que debía a los exportadores. Los fraternales, entre tanto, veían mezquinado un salario básico de dos millones y medio de australes y los jubilados y empleados públicos tenían que esperar hasta los mediados de mes para cobrar sus haberes.

En esta situación inflacionaria explosiva, los banqueros y los diarios que les ofician de voceros empezaron a reclamar contra lo que llamaban la “incertidumbre” cambiaria. Aleccionados por la crisis del “plan primavera” en febrero de 1989 (primera hiperinflación), preveían una devaluación que desvalorizaría sus inversiones en australes y que disminuiría enormemente la capacidad del gobierno para pagar la deuda pública. Manuel Sacerdote, del Banco de Boston, denunciaba que “el recalentamiento cambiarlo ocurre como consecuencia de la... incertidumbre” (Clarín, 28/ 1), en tanto que Emilio Cárdenas, presidente de la Asociación de Bancos extranjeros advertía que “Los problemas (que) pueden darse con el tipo de cambio... complicará(n) la situación del sector público, pues requerirá mayor superávit operativo de divisas” (Clarín, 17 de febrero). El peligro de la hiperinflación llegó a ser tan alto que durante buena parte de enero el Banco Central tuvo que tomar préstamos por 24 horas y a tasas del 250% anual para retirar australes en circulación.

De manera que cuando Domingo Cavallo anunció el pasado miércoles 20 un tipo de cambio fijo de 10.000 australes el dólar, no hizo otra cosa que recurrir a la única medida que le quedaba para parar la hiperinflación y asegurar las condiciones mínimas para continuar con el pago de la deuda pública interna y externa. La decisión no significa solamente que el gobierno y el Congreso se comprometen a usar todas las reservas disponibles del Banco Central para asegurar el actual tipo de cambio sino, por sobre todo, a ir más a fondo en lo relativo a congelar salarios, despedir empleados públicos, aumentar impuestos y tarifas, cesar el financiamiento a las provincias y, por último y lo más fundamental, llegar a un arreglo de conjunto con la banca extranjera y los acreedores del Estado con relación al pago de la deuda pública.

Lo que emerge de esto es simple: el “plan otoño” no es un plan sino una nueva improvisación; no refleja las posibilidades reales de la economía para establecer un tipo de cambio fijo, sino que es un nuevo intento de reducir las condiciones de vida de las masas y arbitrar un acuerdo con la banca internacional. No es un programa económico sino un plan de lucha político para salvar a un gobierno en bancarrota.

Otro golpe a los trabajadores

Como se trata de un intento de salida capitalista a la crisis capitalista, las nuevas medidas significan, como ya ocurriera con todos los “planes” anteriores, un golpe contra los trabajadores y el conjunto de las masas. El “plan” congela los salarios y las jubilaciones en un nivel un 50% inferior al del año pasado. Los aumentos concedidos a los empleados públicos en marzo para cobrar en abril sufrirán, por sí solos, una “quita” del 15 al 20% como consecuencia del crecimiento del costo de vida en marzo. No conforme con esto, los precios, las tarifas públicas y las tasas de interés podrán ser determinados con completa “libertad”, pues solo sufrirán un “desagio” las cuotas de las ventas efectuadas a plazos o los alquileres. La mayor parte de las deudas por contratos de obras públicas no tendrán mermas porque fueron refinanciadas en dólares con anterioridad, y en lo que hace a los bonos del Estado nominados en australes el gobierno se ha comprometido a refinanciarlos a sus cotizaciones al 31 de marzo. Este pantallazo delata la enorme exacción económica que este “plan" representa contra el pueblo.

Aunque el gobierno ha proclamado la “desindexación” de la economía, los precios podrán aumentar, y seguirá aumentando, por los más diversos motivos: por una suba en los .precios internacionales (petróleo) o en los costos (materias primas para la industria), por oscilaciones de oferta y demanda en el mercado o por acción monopólica (lácteos), y hasta por la necesidad de conseguir el famoso “superávit fiscal operativo”, como ocurrirá con las tarifas de los servicios públicos. Se podrá aumentar cualquier cosa mientras no se alegue como causa la “indexación”.

Las tarifas telefónicas podrán ser desindexadas, pero según el contrato de privatización cualquier ley que bloquee o anule la indexación obliga al gobierno a pagar a la Telefónica y a Telecom la diferencia. Además, los contratos de privatización con títulos de deuda externa están sujetos a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, por lo que no pueden ser alcanzados por una “ley de orden público” como la del “plan otoño”. Ni el Citi, ni el Morgan dejarán de incorporar a las tarifas a pagar en abril la inflación de marzo.

Pero mientras las disposiciones de “quita” o “desagio” no afectarán a los grandes contratistas, a los privatizadores o a los dueños de títulos del Estado, sí afectaran la deuda con los jubilados, la cual ya fue reducida administrativamente en el pasado en un 40%. Esta deuda volverá a ser achicada en un 30% como consecuencia del “desagio” y en otro 15% por la inflación de marzo, que no se incorpora al mes de abril.

En el caso de los alquileres, el “desagio” beneficiará indudablemente a los “grandes” inquilinos, porque no todo el que paga alquiler es un trabajador. Pero en el caso de estos últimos la mejora es muy relativa, esto porque el “desagio” es muy inferior a la caída de los salarios operada desde mayo del 90 a la lecha, y porque además muchos alquileres ya se encontraban en cierta medida “desagiados" como resultado de los acuerdos de partes que se alcanzaron en los meses de elevada inflación. La ley no prohíbe el aumento de alquileres en los nuevos contratos.

Los salarios, por su lado, no podrán ser aumentados si no media un superávit fiscal en el caso de los empleados del Estado, o un incremento de la productividad si se trata de la industria privada. Pero la prioridad para quedarse con el superávit fiscal la tienen los acreedores capitalistas del Estado, en tanto que la determinación de la productividad del trabajo es un secreto celosamente guardado por los patrones. Lo que el gobierno en realidad pretende es despedir masivamente a los trabajadores del Estado, y en la industria privada introducir cláusulas de destajo. Se pretende un mayor desgaste físico del trabajador y excluirlo de los beneficios de un aumento de la productividad del trabajo que resulte de las modificaciones que se introduzcan en las condiciones técnicas de la producción y en la organización del trabajo. Se lograría de este modo el sueño capitalista del contrato individual de trabajo y la aplicación de la “flexibilidad laboral”.

Quienes sí saldrán extraordinariamente beneficiados son los capitalistas deudores del fisco, que ya no pagarán cuotas indexadas sobre sus obligaciones a las que el “blanqueo” fiscal ya había reducido a la mitad.

A la luz de estos datos, se puede afirmar sin la menor sombra de duda, de que el “plan” Cavallo es un nuevo negociado de los grandes capitalistas y una nueva estafa contra el pueblo. Los procesos inflacionarios e hiperinflacionarios son la oportunidad para una gran confiscación económica de los trabajadores, pero esos procesos tienen límites económicos y políticos insuperables, esto porque la reserva financiera del Estado no es ilimitada y porque siempre se corre el riesgo de una revolución social. A partir de estos límites se inicia el negociado de la “estabilidad”, que consolida los beneficios inflacionarios y que puede servir para una nueva etapa de inflación.

Precisamente, el “plan” Cavallo es apenas un episodio de “estabilidad”, debido a que el fenómeno inflacionario es mundial (inconvertibilidad de las monedas al oro; déficits presupuestarios en las principales economías; deudas públicas y privadas extraordinarias; especulación cambiaria permanente) y a que el nuevo “plan" no resuelve el problema de la deuda pública (interna y externa) de casi 100.000 millones de dólares.

Un quebrado reincidente

Cuando el año pasado se ejecutó el desfalco González-Cavallo-Alsogaray contra los depósitos en los bancos, la reducción que esto produjo en la cantidad de australes en circulación hubiera permitido establecer una convertibilidad completa entre las reservas en dólares del Banco Central y la totalidad de la masa monetaria nacional. El gobierno, sin embargo, se puso a emitir australes sin modificar el tipo de cambio y a recrear la “bicicleta”.

Después de liquidar la confianza en el austral, el Estado argentino pretendía reaustralizar la economía para permitir a la burguesía argentina la utilización de las instituciones de este Estado (y en especial de su Banco Central) en beneficio propio. Pero un año después del "plan Bonex”, Cavallo se ve obligado a desandar el camino recorrido y a limitar la emisión de australes al monto de las reservas en oro y divisas del Banco Central.

Esta medida significa que el Estado argentino ha hipotecado anta la banca internacional la política monetaria y la base monetaria para pagar la deuda externa. Esa base monetaria no puede crecer para financiar el comercio o la producción, solo puede hacerlo para comprar divisas. Cavallo ha contraído en términos legales la última hipoteca que le faltaba al quebrado Estado capitalista: la hipoteca de sus reservas y de su base monetaria.

Ningún Estado tiene establecido que las reservas deban ser un porcentaje de la base monetaria, y mucho menos del ciento por ciento. En realidad, en el sistema monetario internacional rige la inconvertibilidad — ningún Estado convierte su moneda al oro. La fluctuación de las monedas entre sí y la especulación cambiaría no son la excepción sino la norma. Los tipos de cambio y el comercio mundial están subordinados a la especulación financiera internacional.

Pero la hipoteca contraída por Cavallo no alcanza para cubrir todo el dinero en circulación (depósitos en cuenta corriente y a plazos), ni para cubrir tampoco la deuda pública inmediatamente exigible en dólares o australes. Las reservas constituyen una ínfima parte de esta deuda, de modo que da lo mismo que respalden el cien o el cincuenta por ciento del circulante, ya que a la larga no respaldan nada. Se trata por lo tanto de una garantía ficticia. Vuelve a quedar en evidencia la descomunal limitación económica del nuevo “plan”. Su esencia es eminentemente política: ataque contra los trabajadores por un lado, intento de arbitraje (acuerdo) con la banca internacional y la burguesía nativa, por el otro.

Hay dos cosas que subrayan perfectamente este carácter ficticio de la ley de convertibilidad. La ley no establece que de aquí en más el Banco Central deba quedar fiscalizado directamente por el Congreso y dejar de ser una repartición del ministerio de Economía. Esta “omisión” le impide al Parlamento ejercer la responsabilidad sobre la política monetaria que la ley le adjudica. Como al Congreso, además, le fueron usurpadas por el Poder Ejecutivo sus atribuciones constitucionales sobre la deuda externa hace mucho tiempo, la ley Cavallo es puro verso, ya que no refuerza en un ápice la base legal de la estabilidad monetaria ni el papel del Congreso.

Pero la otra impostura de la ley, es que las propias reservas encargadas de medir en forma estable el valor de la circulación monetaria no tienen un valor estable. Las reservas pueden estar formadas por dólares, yenes, marcos, francos suizos, depósitos, oro, y hasta bonos cuya cotización oscila constantemente. El Banco Central puede modificar la composición de estas reservas (especular) y darles otro uso (especulativo) fuera de las operaciones de conversión (Esta oscilación permanente del valor de las reservas hace imposible la existencia de una relación exacta entre el circulante y las reservas con un tipo de cambio fijo). En el colmo de la hipocresía la ley declara inembargables las reservas del Banco Central cuando los tribunales extranjeros podrían embargar cualquier depósito de las reservas del Banco Central que esté en el exterior.

Es cierto que existe otra garantía ofrecida ya hace mucho a los acreedores que podría añadirse a la que establece la ley de convertibilidad: la privatización de empresas públicas. El problema es que éstas no valen (“a precio de mercado”) los cien mil millones de dólares de la deuda. Por lo que se ha visto con las privatizaciones de Aerolíneas, de las áreas centrales de YPF, y aun con la de ENTel, el precio de las empresas públicas es de pichincha. No sirven para cubrir la deuda. Tampoco sirven para satisfacer las exigencias del conjunto de los acreedores, pues solamente una minoría de ellos está interesada en las privatizaciones, la mayoría quiere cobrarse la deuda a valores muy superiores a los actuales (por lo menos a 50/60 centavos de dólar por cada obligación, y no a los 15 centavos de la cotización actual). Para que se valorice la deuda sería necesario volver a pagar sus intereses en dinero, y no solamente privatizar. Pero para pagar esos intereses no alcanzan las reservas del Banco Central, ni los recursos del Tesoro. El “programa no cierra”, como se dice ahora, sino con un feroz ataque contra el pueblo y un arbitraje (acuerdo forzoso) con la banca internacional.

De manera que el “plan milagroso” es en realidad, una segunda declaración de bancarrota del Estado argentino y del propio Cavallo, quien fue el autor del “plan” enterrado en enero pasado.

Otra "Bicicleta"

No hace falta decir que este “plan" no habría salido de los cajones ni llegado al Congreso si previamente no hubiera sido pactado con los banqueros, los “capitanes de la industria” y la oligarquía de la Sociedad Rural. No en vano pasaron por Argentina el presidente del Citibank (que casualmente declaró que el dólar a 10.000 australes estaba bien, cuando una semana antes su sucursal había armado una “corrida” para voltear al austral), los funcionarios del FMI y el encargado del gobierno yanqui para América Latina, Einaudi; Cavallo discutió varias veces el “plan” con el grupo de los 8 y la Asociación de Bancos.

Pero de estas reuniones solo pudo salir un acuerdo precario, dadas las enormes contradicciones que existen. Un punto del acuerdo ha sido, incuestionablemente, el dolar fijo y la regla de la convertibilidad, en primer lugar porque permitiría hasta cierto punto continuar con el actual plan de pagos de la deuda por medio de recursos del Tesoro, lo que hubiera sido imposible en caso de devaluación. A la protesta del “Club de Exportadores” por el retraso que se ocasionaría en el tipo de cambio, Cavallo se comprometió a restablecer los reembolsos a la exportación; a la oligarquía le eliminó la mayor parte de las retenciones. También pasó por alto la negativa de los “capitanes de la Industria” a pagar el impuesto a los activos, que redundó en una recaudación un 40% menor a la estimada. En un “plan” de “austeridad fiscal”, Cavallo empezó por el ofrecimiento de ventajas y subsidios fiscales a la oligarquía y a los pulpos en el orden de los mil millones de dólares anuales. De esta manera, los capitalistas in-viabilizan el nuevo "plan” mucho antes de que lo liquiden las propias masas.

Otro "incentivo" importante para el acuerdo fue el compromiso de Cavallo de que no habría desagio, quita o “des-indexación” en los títulos de la deuda pública. De esta manera, bonos como el de Inversión y Crecimiento (sic), el BIC, que se ajusta por tasa de interés y que por lo tanto superó en cuatro o cinco veces la cotización del dólar desde mayo de 1990, va a ser refinanciado a su valor integral; lo mismo ocurrirá con los Vavis. Este rescate del valor de los títulos vale para hacer una reflexión fundamental: cuando las “reglas del mercado” exigirían que las obligaciones contraídas por un deudor en quiebra vieran reducido su valor, el “plan de estabilización" de Cavallo “repotencia" las deudas del Estado con los banqueros. Esto viola los principios abstractos del capitalismo y las razones de “emergencia”, “necesidad” u “orden público" que el gobierno ha invocado para justificar tanto este “plan” como todos los anteriores. El “plan” Cavallo necesita violentar el “orden público” que pretende defender y conservar.

Pero el meollo de todo este asunto está, en definitiva, en que con un dólar fijo empezará de nuevo la “bicicleta” financiera, es decir la compra de australes con dólares para ponerlos en el mercado financiero a una tasa de interés usuraria o en rendimientos elevados de otro orden. Mientras por un lado deflaciona la economía con un tipo de cambio fijo y con la limitación de la emisión de moneda, por el otro lado impulsa la inflación al incentivar la especulación financiera. Cavallo desearía que esta “bicicleta” pudiera durar, como lo había querido Sourrouille en su momento, hasta las próximas elecciones; después puede irse todo al infierno. Pero en la situación argentina los comicios de setiembre son el siglo XXII... salvo que se adelanten.

Pero para quienes también setiembre es otro siglo es para los banqueros, que deben hacer frente a la caída estrepitosa de beneficios y de la cotización de sus capitales en acciones en el mercado internacional. El Banco Central de Estados Unidos le acaba de prohibir al Citibank que contabilice sus acciones en la Telefónica Argentina al ciento por ciento de su valor nominal, alegando que esas acciones fueron compradas al 20% de ese valor, lo cual significa que ni las privatizaciones permiten mejorar el balance de los bancos extranjeros. Estos quieren un aumento del pago de los intereses, algo que están a punto de conseguir en Brasil.

Para aumentar el pago de los intereses de la deuda externa y los otros bonos el Tesoro necesitará un “superávit de caja" de 500 millones de dólares por mes. Si no lo consigue Cavallo anunció que emitirá nuevos bonos. Es decir que el Estado quebrado cree que puede seguir endeudándose. Estos nuevos bonos servirían por sobre todo para que los bancos “bicicleteen" el dinero del exterior que venga a especular. La otra alternativa sería dejar de pagar los intereses de la deuda lo cual llevaría a una crisis mayúscula con la banca internacional. El “plan" de Cavallo no depende entonces dé ningún modelo matemático, sino de las pruebas de fuerza entre las distintas clases y del desarrollo de la crisis tanto en el plano nacional como internacional. Por todo eso el desarrollo de esta política irá acompañado de crecientes crisis políticas.

Descomposición y catástrofe

Si el gobierno aplica con rigor la regla de que solo emite contra la entrada de divisas, habría suprimido entonces el Banco Central. Las funciones de éste no se limitan a las de una Caja de Conversión de moneda extranjera en moneda nacional. No podría, por ejemplo, aceptar el redescuento de papeles comerciales ni de títulos públicos o privados. Los bancos comerciales quedarían privados de este modo del respaldo del Banco Central, tanto en lo que hace a su solvencia como en lo relativo a su liquidez. Ello contrariaría reglas no escritos entre los Bancos Centrales de todo el mundo. La vigencia de tales acuerdos se verificó en Argentina cuando el Central tuvo que hacerse cargo de la deuda externa del ex-Banco Italia, a lo cual no lo obligaba ninguna norma legal. Entre la ley enviada al Congreso y esta ley internacional no escrita existe una contradicción flagrante. En una situación de crisis se impondrá naturalmente la norma internacional y no la primera, confirmando de este modo que el “plan” es una impostura.

Sin embargo, el proyecto de ley arma su propia trampa (¡ y qué trampa!) cuando autoriza a conformar las reservas del Banco Central con bonos (en dólares), pues se podrían asi emitir australes, por ejemplo, contra la entrega de Bonex por parte del Tesoro, lo que sería una forma de violar la ley cumpliendo con sus disposiciones. ¡El gobierno podría emitir tomando como respaldo sus propios títulos, sin importarle que éstos se lancen como sustituto de la emisión monetaria que sería necesaria para financiar el déficit del Estado!

Según algunos comentaristas la ambigüedad del texto de la ley permitiría que se reemplacen los australes que los bancos deben guardar ¡como encaje por bonos que emitirán el Tesoro o el Banco Central! Esto también significaría una emisión de moneda para financiar al gobierno. El margen que se ha dejado en la ley en materia de composición de reservas con bonos, en materia de encajes y en materia de control del Banco Central por el Congreso, lleva a la conclusión de que la ley prohíbe la emisión abierta para el Tesoro pero autoriza la clandestina. El Banco Central se transformaría así en una “mesa de dinero” o “cueva” para-bancaria.

Por la regla de la conversión, el Banco Central no podría de aquí en más cumplir con ninguna función de regulación monetaria: no puede emitir cuando no es contra dólares, ni puede retirar circulante sino cuando un particular le requiera la venta de dólares. De acuerdo con esto el Banco Central habría renunciado a intervenir frente a movimientos especulativos de la moneda o de la tasa de interés. Se trata de una perspectiva insostenible porque puede provocar inflaciones descontroladas. El “plan” es objetivamente incoherente y permite prever que el Banco Central y el Tesoro seguirán actuando en el mercado monetario más allá de la compra-venta de divisas y de lo que dice pretender la ley.

La eliminación de los redescuentos del Banco Central significa una espada de Damocles sobre los bancos de provincia, cuya mayor parte está en rojo. Una consecuencia del nuevo “plan” sería proceder a su liquidación, algo ya previsto por el Banco Mundial. Pero aquí habría que imponer un arbitraje con todos los capitalistas beneficiarios de las bancas provinciales y superarlos enormes déficits presupuestarios de las provincias. La otra alternativa es que también los bancos provinciales emitan títulos en un nuevo “festival de bonos”

La ley autoriza a hacer contratos en dólares lo que acentúa la dependencia financiera del Estado argentino con respecto al capital financiero internacional. Hasta ahora los depósitos en dólares fueron usados por los bancos para especular con las altas tasas de interés en australes y para comprar bonos públicos en dólares y para hacer préstamos en el exterior. Una ínfima parte financió el giro comercial interno. El dólar no pudo injertarse en la economía nacional, y la explicación para esto es que la misma insolvencia económica del Estado y de las empresas que desvaloriza al austral limita el otorgamiento de créditos o la asunción de deudas, en dólares. El reemplazo de la moneda argentina por el dólar requeriría la virtual liquidación de la independencia formal del Estado.

El cuadro que surge del análisis del nuevo “plan" muestra acabadamente el alto grado alcanzado por la tendencia a la descomposición de la sociedad capitalista y a la disolución de las relaciones sociales en las que se apoya. El Estado emerge en esta situación como la única posibilidad de recomponer el tejido de las relaciones capitalistas en virtud de su monopolio de la violencia y de las posibilidades de arbitraje que otorga ese monopolio. Pero el Estado está obligado a actuar en la crisis con métodos capitalistas, acentuando la lucha de clases, no solamente entre los trabajadores y la burguesía, sino dentro de la burguesía misma y entre los diversos Estados entre sí. La crisis política que resulta de este agravamiento supera la capacidad de acción de los Estados de las naciones oprimidas, débiles y atrasadas —y requiere la intervención de tos estados más poderosos, imperialistas, que impondrán esa recomposición en función de sus propios intereses. Esta es, entre otras cosas, la lección de la guerra del Golfo.

Se trata de un proceso mundial que enfrenta en todos lados una vigorosa resistencia de las masas. Es aleccionador el giro que ha ¡do tomando la situación en Alemania y en la URSS, con las gigantescas movilizaciones en la zona este de la primera y con la huelga minera en la segunda, donde se esperan más huelgas como resultado del alza de los precios.

Las consecuencias catastróficas del nuevo “plan", tanto económicas como políticas, están fuera de dudas. Toda la incógnita se reduce al ritmo en que se desarrollará esta perspectiva y a sus características, que dependen de las diferentes combinaciones que puede ofrecer su desarrollo. Esto es lo que tiene que tener en cuenta la vanguardia de la clase obrera para poder denunciarlo; para orientar la lucha reivindicativa de los trabajadores; para que el descontento y la indignación popular se transformen en una lucha política abierta; y para que el conjunto de esta experiencia sirva a la construcción de un gran partido obrero.