Las próximas elecciones de 1989 tendrán una menor posibilidad aun que las anteriores para resolver el más mínimo de los problemas nacionales. La modificación que sufra la composición del poder ejecutivo o del parlamento no alterará en nada la perspectiva de agravamiento de la crisis, por la simple razón de que las medidas necesarias para revertir por completo la situación depende de una acción decisiva contra los pulpos acreedores y el gran capital explotador, lo cual sobrepasa por lejos el campo de las posibilidades del actual régimen político y de sus representantes. El simple hecho de esperar a que se cumplan los diversos plazos electorales para poner en marcha un programa político, delata anticipadamente la inacción y la impotencia de los partidos “opositores”. No debe olvidarse ni por un instante que estos partidos, y en especial el peronismo, toleran a un gobierno que ya fue puesto en minoría en las urnas en 1987. El apoyo ciudadano no les ha resultado suficiente para emprender una movilización que cambie la situación de sometimiento nacional y de empobrecimiento de las masas. Los candidatos que aspiran a ganar el año que viene, admiten sin ningún reparo el creciente condicionamiento a su futura gestión. No es sorprendente entonces que la campaña electoral no gane ningún crédito entre la población y en especial entre los trabajadores. Las próximas elecciones deberán acentuar aún más, por lo tanto, el carácter ficticio del régimen democrático como vehículo de las masas populares y como instrumento para concretar sus aspiraciones. Es decir que deberán acentuar también la tendencia de las masas a la acción directa y a la lucha por un gobierno propio, lo que significará dar por tierra con el régimen burgués.

La campaña electoral tiene lugar en un marco de creciente crisis política. El gobierno radical ha agotado, a lo largo de cinco años todos sus recursos y posibilidades para modificar la profunda declinación de la economía. El cuadro de la bancarrota nacional es todavía mayor hoy que en 1983; el Estado nacional y los estados provinciales están en completa quiebra, una situación que se disimula y que se agrava mediante el recurso de un mayor endeudamiento con el imperialismo y con los grandes capitales nacionales. Por sobre todas las cosas, el gobierno de Alfonsín no ha podido imponer un reflujo a la lucha de los trabajadores, ni aun cuando contó con el apoyo del peronismo y de la burocracia sindical. De esta manera no pudo llevar hasta sus últimas consecuencias los planes entreguistas y de hambreamiento, ya que cada paso en esa dirección ha chocado con la perspectiva de la huelga general. La impasse del gobierno ha sido ahora considerablemente agravada por la aparición de dos grandes factores de crisis: la explosiva inestabilidad del mercado capitalista mundial a partir de la crisis de las principales Bolsas en octubre del año pasado, y el viraje creciente de las masas en la mayor parte de los países hacia una lucha gigantesca contra el deterioro de sus condiciones de vida. Este viraje es mucho más agudo, si cabe, en América Latina. La posibilidad de un ascenso de las derechas dentro de los procesos democráticos, ha pasado completamente de moda. Entran así en escena los movimientos nacionalistas de contenido burgués y los de la izquierda democratizante, como recursos últimos del imperialismo contra la revolución dirigida por la clase obrera.

Menem, el relevo

El imperialismo y la burguesía argentina aceptan, en estas condiciones, la necesidad de un relevo político en la dirección del Estado. Existe visiblemente todo un realineamiento en esta dirección. El justicialismo, encabezado por Menem, volverá al gobierno, para encarar los problemas que le deja el fracasado gobierno actual. Su principal cometido será el de hacer aceptar a las masas una política económica de entrega a los acreedores internacionales y un proceso de reestructuración industrial que dejará a centenares de miles de trabajadores en la calle. La pretensión de Menem de operar una reactivación económica por la vía del consumo interno no tiene mayores posibilidades cuando el Estado presenta un cuadro de bancarrota financiera aguda y cuando el comercio mundial se encuentra en un retroceso relativo y sólidamente monopolizado por un reducido grupo de capitales. Es por esto que la llamada “revolución productiva” que esgrime como plataforma el gobernador riojano, solo puede ser interpretada como un nuevo planteo de endeudamiento nacional. A los asesores del justicialismo esto no se les ha escapado para nada, y por eso plantean la creación de “zonas francas” para los bancos y para algunas industrias, donde se derogará la legislación laboral y se autorizará el ingreso de capital financiero sin control de origen y con completa libertad de repatriación. La burocracia sindical que sigue a Menem ya se ha declarado dispuesta a modificar la estabilidad laboral para “incentivar” la inversión. La tendencia de larga data a reemplazar la estabilidad laboral por el trabajo temporario, cobrará así un status legal más completo. Semejantes planteos explican sobradamente que Menem insista en establecer un régimen de “pacificación nacional” por vía legal, de manera de establecer el arbitraje obligatorio por parte del Estado. También en esta línea, la “pacificación” incluye el planteo de retirar los juicios militares de los tribunales inferiores y transformar a la Corte Suprema en instancia única. Para poner en marcha su política de entrega el menemismo no ha esperado el resultado electoral; ahí están para demostrarlo la privatización de las bodegas Giol por parte del gobernador peronista Bordón; el apoyo del PJ a la digitalización telefónica en beneficio de un consorcio de pulpos europeos; el descarado respaldo a la entrega de Aerolíneas a Alitalia; el apoyo al contrato de gas con Dow Chemical-Pérez Companc en Neuquén; el apoyo al plan Houston sobre petróleo; en fin, el impulso a un proceso entreguista que prevé en todas sus etapas la conversión de la deuda externa en australes para la adquisición a precio civil del patrimonio nacional. En el reciente viaje a Europa, Menem dio el “okey” a los convenios con Italia y España, que prevén la conversión de la deuda externa y la libre repatriación de las utilidades.

El planteamiento menemista no hace más que traducir los intereses de los “capitanes de la industria”, es decir, de la burguesía nacional. Las reclamaciones nacionalistas que haga Menem se mantendrán dentro de los límites de los intereses de clase de los explotadores nacionales. Resistirá la presión de una parte de la banca mundial para que el gobierno eleve la cotización de los títulos de la deuda argentina en el exterior, porque eso encarecería el negocio de la conversión de la deuda externa para los pulpos nacionales. Buscará “proteger” el mercado interno, pero lo hará a través de una maxidevaluación del austral, que acentuará el empobrecimiento de los trabajadores.

El proceso político actual no se agota ni mucho menos con la aceptación del relevo de Alfonsín por Menem. Más allá de los planes del gobernador riojano, el imperialismo tiene perfectamente claro que el próximo gobierno se moverá en un cuadro de crisis política y de perspectivas de rápido debilitamiento. La preservación del conjunto del régimen político exige mucho más que un recambio de hombres o partidos.

La posición del Imperialismo

En los últimos meses se ha podido observar un inusitado apoyo del imperialismo al gobierno de Alfonsín. El Banco Mundial, por ejemplo, no ocultó para nada que su reciente crédito de 1.250 millones de dólares para Argentina, tenía por finalidad respaldar la política electoral del gobierno. Unos 700 millones del crédito son, de hecho, de libre disponibilidad, que el gobierno utiliza ya desaprensivamente para apuntalar el “plan primavera”. Alfonsín se ha dado el lujo de postergar el pago de los intereses de la deuda, sin recibir por ello una reprimenda. En pocos días más llegará, claro está, a un acuerdo con los acreedores, a los que pagará con el dinero del Banco Mundial y una vez que arregle el apoyo de la banca al gobierno hasta las elecciones. El domingo pasado, Alfonsín se hizo una escapada a Europa para disputarle a Menem el liderazgo de los negocios con el viejo mundo. Es una rivalidad entre dos agentes de comercio. Hasta han ido a competir por la bendición del Vaticano. Alemania le sacará a Alfonsín algo que Menem le prometió para dentro de un año: la libre repatriación de las utilidades de sus inversiones en Argentina. Pero nada de esto significa que el imperialismo quiere bloquear la victoria de Menem, incluso porque ello está más allá de sus posibilidades. La política alfonsinista, que el imperialismo respalda, apunta a otros horizontes.

Las cartas de Alfonsín y compañía ya fueron puestas sobre la mesa cuando el presidente quiso negociar, y casi obtuvo, la reforma constitucional. Dentro de un abanico de propuestas reaccionarias, el planteo de la reforma apuntaba a la designación de un primer ministro y al acortamiento del período presidencial a cuatro años, con posibilidad de reelección. Menem no aceptó lo del primer ministro, lo que hizo naufragar el acuerdo, pero no hizo lo mismo con lo de tos cuatro años. El pacto radical-justicialista pivotea exactamente en torno al acortamiento del período presidencial, algo que según Alfonsín le permitiría volver al gobierno en poco tiempo. Independientemente de los intereses de Alfonsín, el imperialismo respaldarla este planteo constitucional, no solo por su contenido cercenador de las Iibertades democráticas, sino porque deja abiertas las posibilidades de un recambio político a la brevedad. Esta reforma constitucional serviría para condicionar aún más al próximo gobierno. La virulenta campaña electoral del radicalismo no apunta, por lo tanto, a la posibilidad de ganar las elecciones sino a evitar su aplastamiento y quedar en carrera para la convocatoria de una Constituyente y para elecciones presidenciales en 1993.

El Colegio Electoral

En el proceso de este acuerdo tiene su lugar el Colegio Electoral, adonde el radicalismo quiere llegar en condiciones de poder hacer valer el voto de sus electores. La necesidad de los votos radicales, por parte de Menem, sería la carta que usaría Alfonsín para imponer su planteo de reforma constitucional. El Colegio Electoral se transformaría así en el ámbito natural del chantaje; si no hay acuerdo allí, la decisión de designar al presidente quedaría en manos de la Asamblea legislativa elegida en las elecciones anteriores. El cuadro de violación del sufragio, permitido por la propia Constitución, no podría ser más completo. Todo esto explica el lugar que el Colegio Electoral ha pasado a ocupar en la campaña política. Alsogaray, por la derecha, e Izquierda Unida, por la “izquierda” han entrado en este juego. El Partido Obrero proclama el boicot al Colegio Electoral y llama a desconocer las resoluciones de la Asamblea Legislativa, incluso mediante la huelga general. Al apoyar el Colegio Electoral, y al disponerse incluso a votar por alguno de los candidatos patronales en su seno, la izquierda democratizante ha puesto de relieve los extremos a que llega su adaptación al Estado burgués. No son las Iibertades democráticas sino la intangibilidad del aparato burocrático del Estado, lo que respaldan los democratizantes. La historia del acta democrática de Semana Santa se juega ahora en “replay”, sin que esta vez falte ninguno de los equipos de la izquierda democratizante.

Desaparición de la Izquierda democratizante

Una de las características “picantes” de la campaña electoral es que, al cabo de cinco años de gobierno constitucional, la izquierda democratizante ha desaparecido del tablero político. Los campeones de la acumulación de fuerzas en el campo de la democracia, han quedado agotados por el proceso democrático, es decir, por las limitaciones insalvables de éste ante la crisis histórica del capitalismo. El Pl y la democracia cristiana simplemente se han encolumnado detrás de Menem, en una renuncia voluntaria a jugar un papel independiente. Han ido a parar a lo que es su lugar natural — la cola del furgón del nacionalismo burgués. La izquierda democratizante es por definición tributaria del orden social existente, es decir que no tiene ningún “espacio” para un proyecto propio, el cual se confunde con el Estado burgués mismo. Es también significativo que no pudiera prosperar el proyecto de la candidatura de Molinas, impulsada por el partido comunista, los ex foguistas y aún admitida por el Mas. En la medida en que el capital político de la burguesía todavía se concentra en la UCR y el PJ, la izquierda democratizante ha tenido que hacer mutis por el foro. La necesidad de un planteo profundo frente a la envergadura de la crisis, la ha inviabilizado como alternativa política e incluso electoral.

Izquierda Unida es una sombra de lo que fue el Frepu; no participan de IU ni los “peronistas” ni los ex foquistas de antaño. IU ha rebajado sus pretensiones de frente por los de una “alianza electoral”, que debe expirar luego de las elecciones. No constituye, por lo tanto, ninguna perspectiva política. A pesar de desmentidas y de quejas mantiene en vigencia un acta que la autoriza a votar por Menem en el Colegio Electoral. El PC no esconde su intención de servirse de IU para llegar a un acuerdo con la burocracia peronista. IU es, de todas las fórmulas electorales, la más crudamente electoralista. No constituye un canal de evolución política para la vanguardia obrera. La completa negativa a discutir con el PO la formación de un frente de izquierda  se explica, precisamente, por la firme decisión de evitar que se estructure un canal político independiente de la vanguardia obrera con relación a los partidos patronales. Por sus múltiples contradicciones y por las agudas rivalidades de aparato, IU producirá crisis sucesivas incluso durante la campaña electoral. La formación de IU no está en contradicción con la desaparición política de la izquierda democratizante, al punto que se ha definido como tributaria del peronismo y con la disposición de votar por Menem.

Candidatos patronales débiles

Aunque las grandes masas populares van a votar por Menem, el candidato del justicialismo es políticamente débil y se multiplica en los esfuerzos por mostrarse confiable al capital y al imperialismo. El caudal electoral de Menem puede llegar a inflarse enormemente, pero esto se debería a la diversidad de fuerzas que concurren a sostenerlo y al completo impasse del oficialismo. La debilidad política de la candidatura de Menem se percibe a nivel de la vanguardia obrera y de los luchadores de otras clases sociales que no han sucumbido a la moda democratizante. En la campaña electoral, el Partido Obrero proseguirá con su estrategia de organizar en forma revolucionaria a esa vanguardia, mediante la denuncia del carácter de clase de las candidaturas patronales y de IU.

Alfonsín y Menem se esfuerzan, con la indispensable ayuda del imperialismo, para que la campaña electoral se desarrolle en un cuadro de “paz social” y de estabilidad política. El recurso que aplican para ello es la colaboración entre ellos para aplastar las luchas populares y el endeudamiento creciente del Estado. A los bonos impagables les agregan más bonos; a la deuda impagable más deudas; rifan el país en aras de la manipulación electoral de las masas, a las que con posterioridad le habrán de pasar la factura. El ritmo de la crisis es, sin embargo, más intenso que la capacidad de pedaleo de estos candidatos de la impostura. La campaña electoral se desarrollará en un marco de grandes luchas y, como consecuencia de ello, de mayor crisis política.

Esto significa que no está excluido un viraje político de una parte del pueblo explotado y de una descomposición de las principales candidaturas. El Partido Obrero impulsará enérgicamente esas luchas y la huelga general, que sobrevendrán como resultado del derrumbe del esquema económico artificial que los Alfonsín y los Menem han montado con el imperialismo.

Frente revolucionario

La luna de miel entre las masas y la democracia proimperialista es desde hace bastante una cosa del pasado. El capital político burgués que representan los Angeloz y los Menem, está gravado con enormes hipotecas. Han incumplido las promesas pasadas y tienen por delante la necesidad de presidir el completo remate del país. En estas condiciones, desenmascarar el carácter de clase y la impotencia del régimen burgués y de sus partidos, es la tarea central de una campaña electoral socialista La lucha electoral debe convertirse nuevamente en un terreno de capacitación de la vanguardia obrera para organizarse en formar independiente y asumir un punto de vista revolucionario.

El Partido Obrero ha demostrado a través de una lucha política muy concreta que izquierda Unida está vaciada de contenido independiente y que tampoco llega a ser un frente político. La experiencia de esta lucha ha sentado las bases para formar un Frente de Trabajadores, que representa la única alternativa de izquierda de cara a las próximas elecciones. Llamamos a todos los hombres y mujeres que se reivindican de izquierda, independientes de tos políticos patronales y socialistas, a integrar el único Frente de lucha contra el régimen actual, que no es otra cosa que el régimen capitalista sometido al imperialismo y revestido de instituciones políticas seudodemocráticas.

Es necesario superar a la burguesía en todos los terrenos y en todas sus manifestaciones, es decir» desenmascararla. Es por esto imprescindible y obligado participar enérgicamente en la lucha electoral, máxima cuando ella puede inaugurar un nuevo gobierno del peronismo. Expulsar al imperialismo, romper con los partidos patronales, organización independiente del proletariado, gobierno obrero y de los explotados que acabe con la dominación del capital —estas son las consignas que deberán viabilizar la lucha por la revolución proletaria.