“Vaya cada uno a su casa, a ningún otro lado.” Fue el último mensaje de Juan Carlos Blumberg a la multitud reunida en Plaza Lavalle con un destinatario preciso: la columna piquetera de la ANT, que, con el protagonismo del Mijd y el Polo Obrero, comenzaba a desplazarse lentamente hacia Plaza de Mayo. Allí se consumó otro cierre: una treintena de familiares de víctimas de gatillo fácil y de mártires de la clase obrera expusieron durante mas de una hora testimonios que no ocupan las planas de los diarios pero han comenzado a construir un movimiento de lucha de envergadura. El cronista lo advirtió, de pasada, en el “otro” escenario de la Plaza Lavalle: “Pasaba un hombre humilde, llorando, llevaba colgado en el cuello un cartel con la foto de su hijo, Pablo Daniel Vargas, y la fecha en que fue asesinado. A medida que avanzaba, desconocidos le palmeaban la espalda” (Clarín, 23/4).

¿Cuántos Pablo Daniel Vargas han sido baleados, torturados, asesinados con absoluta impunidad, en particular en el Conurbano? Algunos registros (Correpi) dan la cifra de 1.600 desde el advenimiento de la “democracia”. Si se hiciera un registro de edad y condición social se vería que las dos terceras partes de los caídos son pibes que no llegan a los 25 años y, como dice el gobernador Solá, son “de condición social pobre”.

La columna de la ANT expuso su propio programa frente a la inseguridad pública: la disolución de la Bonaerense y de las fuerzas de seguridad, el juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes, el salario mínimo y un plan de emergencia (obras públicas, jornada de seis horas) para quebrar la desocupación; el desprocesamiento de los luchadores, la elección popular de los jueces, seguridad a cargo de las asambleas populares.

 

La contracara de un planteo impotente

El petitorio de Juan Carlos Blumberg a la Corte Suprema contiene 15 puntos. El punto de partida considera, al igual que lo hacen los piqueteros, que el Poder Judicial es una inmensa mafia protectora del crimen organizado. La multitud los denunció como “chorros” y reclamó “que se vayan todos”.

El punto es que el propio Estado capitalista es la cabeza de la organización criminal. Casi a la misma hora de la movilización quedaba probada la existencia de sobresueldos del orden de 50.000 dólares mensuales a los ministros y secretarios del gobierno menemista, “legalmente” habilitados como “gastos reservados”. Si se parte de que el problema de la inseguridad reside en la descomposición de este Estado y que la delincuencia se engendra entre sus pliegues, se puede apreciar que planteos como “estadísticas públicas para medir el trabajo de cada juzgado” o el “examen de ingreso para empleados judiciales” o la “declaración jurada y pública de los jueces” suenan, en el mejor de los casos, a ingenuidad. Blumberg no parece unir la protección de la banda (“zona liberada”) que segó la vida de su hijo con un Estado que, dirigido por la misma clase social que lo dirige hoy, produjo los crímenes de la Triple A, los asesinatos en masa de la dictadura, la entrega delictiva de las empresas del Estado, el rescate con fondos públicos de los bancos en quiebra, el pago de la deuda externa fraudulenta y el crimen social de una generación obrera condenada a la desocupación.

El petitorio Blumberg pide el “desplazamiento de los jueces malos” y no advierte que esta selección está en manos del Consejo de la Magistratura, una corporación de los grandes estudios profesionales y del Congreso de la Banelco. Respecto del reclamo de “voto para elegir fiscales y comisarios”, el petitorio Blumberg fue impugnado por funcionarios del gobierno (Aníbal Fernández) y del Poder Judicial, quienes argumentaron que el papel inmaculado de la Justicia no puede quedar sujeto a los “vaivenes políticos”.

La Cruzada Axel coloca en el campo de los responsables de la inseguridad nada menos que a los empleados de la Justicia. Pero en el Poder Judicial trabajan miles de “meritorios” que no cobran un peso por falta de presupuesto, y el resto tiene salarios virtualmente congelados, mientras la plana mayor de los jueces cuenta con ingresos (considerando sólo sus haberes en blanco) que deberían ser motivo de un juicio popular. Cuando Blumberg reclama una jornada de trabajo más prolongada para los judiciales razona como empresario textil, no como padre de un joven asesinado.

 

Lucha política

El movimiento piquetero ha salido a pelear el liderazgo político en la movilización popular contra la inseguridad. Blumberg reaccionó pidiendo a “los señores piqueteros … cambiar la forma de reclamo, no cortando las rutas, no faltando el respeto a todos los ciudadanos” (Blumberg en Montegrande, Clarín, 24/4). ¡Pero de otro modo no podrían luchar contra la inseguridad que los afecta a ellos masivamente! Los familiares y vecinos de los mismos casos que se presentaron en la tribuna (Peralta, de El Jagüel) apelaron al corte de ruta como único modo de hacer saltar la impunidad entre la Bonaerense y las mafias del barrio. El planteo de Blumberg se vale de la inseguridad creada por las mafias represivas para reclamar represión. Todo paso atrás de los piqueteros reforzará la criminalidad policial.

La ANT ha denunciado la incapacidad del gobierno para desmantelar el aparato de seguridad y ha caracterizado esta incapacidad como un aspecto de la crisis de poder. La “mano dura” existe ya en el arsenal legal represivo más frondoso del continente y en la enorme cantidad de efectivos (los 50.000 de la Bonaerense más los 70.000 de la seguridad privada constituyen en la provincia de Buenos Aires el “ejército” mas numeroso en relación a la población activa, respecto de cualquier país del mundo). No hay seguridad ciudadana sin la disolución de los aparatos de represión y su reemplazo por una organización directa de la ciudadanía; pero la consigna de los gobernadores y Kirchner no es esa, sino mantener el “orden” y el régimen actual, basado en cuerpos absolutamente extraños a la soberanía popular.

El PO plantea enfrentar este orden: salario, trabajo genuino, disolución de las fuerzas de seguridad, juicio y castigo a los responsables y ejecutores de crímenes políticos, sociales y de “gatillo fácil”, disolución de la Bonaerense y de las agencias privadas de seguridad, elección popular de los jueces. Asambleas Populares que se movilicen por este programa junto a la ANT.