¿Quién juntará, entonces, las 520.000 firmas necesarias? El propio Ibarra, es decir, su gobierno y sus partidarios, lo cual está prohibido por la Constitución. Pero, estrictamente, Ibarra tampoco los tiene: su partido, el Frente Grande, está virtualmente disuelto, después de casi una década de gobernar –“desde el progresismo”– para el gran capital. La coalición política que lo sostiene está integrada por las fuerzas que participan del Encuentro de Rosario, que tampoco aportan nada: es el caso del PI, o de un Partido Socialista dividido y cuestionado, precisamente, por su integración sin escrúpulos al Gobierno porteño. Nuevamente, ¿quién reunirá las firmas?

 

El recurso de colocar empleados públicos o pasantes resultaría bochornoso. Pero Ibarra ha recurrido a un atajo que no es muy diferente: las firmas serían reunidas por “un centenar de organizaciones no gubernamentales”. Se trata, esencialmente, del arco político que semanas atrás salió a denunciar un “golpe institucional de la derecha” contra Ibarra, apenas días después de que Ibarra cooptara a “la derecha” a su gobierno.

 

El “arco” de las ONGs ibarristas es “amplio” y, a la vez, revelador.

 

En ellas, revistan los dirigentes de la “Coordinadora de Villas”, como Guillermo Villar, titular de la Mutual “Flor de Ceibo” y principal mercachifle de casas, terrenos y vidas humanas en la Villa 21. El resto de los dirigentes de la Coordinadora son la “crema” de la burocracia villera, que juega idéntico papel en el resto de la ciudad. Luego, aparecen las (ex) asambleas populares que fueron compradas por el gobierno, y cuyos dirigentes se han transformado en gerenciadores de microemprendimientos, donde los desocupados son sometidos a la peor explotación.

 

El presupuesto de la Ciudad nunca alcanza para abordar las necesidades urgentes de los hospitales, de las escuelas, de la seguridad para los jóvenes y vecinos. Pero la plata “sobra”, siempre, para la corrupción y cooptación de los movimientos que organizan las víctimas de la miseria social generada desde el Estado. Con subsidios y propuestas de mediación, Ibarra –y por supuesto Kirchner– se han lanzado a este mismo trabajo sobre las víctimas de Cromañón.

 

La campaña por el plebiscito es el capítulo más aberrante de este trabajo de estatización de los “movimientos sociales”. En pos de su maniobra plebiscitaria, Ibarra echa mano sin reservas del presupuesto porteño.