Diputados dio media sanción a una ley sobre el cannabis medicinal. El texto quedó lejos de las demandas de las organizaciones de familiares y médicos de un vasto arco de pacientes beneficiados por este tipo de tratamiento, quienes han librado una larga lucha para su completa legalización.

 

El texto habilita la investigación e incluso la importación, pero deja en manos de la reglamentación el espectro de enfermedades que se podrán tratar. Esto será motivo de choques y discusiones porque el gobierno se orientó en todo momento a su habilitación sólo para la epilepsia refractaria, que es apenas una de las enfermedades en las que se ha probado el enorme efecto del cannabis medicinal.

 

Pero el aspecto más polémico y criticado de la nueva ley es que no habilita el autocultivo de la planta con fines medicinales, lo cual fue reclamado a partir de un registro de pacientes y proveedores. Esta lucha se expresó dentro y fuera del Congreso durante todo el año y no tuvo respuesta bajo los “nacionales y populares”. Con Mama Cultiva a la cabeza y una veintena de organizaciones en todo el país, se desarrolló una intensa campaña que el bloque del FIT-PO acompañó e impulsó a través de un proyecto de ley elaborado junto a las organizaciones y que fuera presentado en una multitudinaria audiencia pública a principios de año. Incluso en la marcha por la despenalización del cannabis fue bandera de cabecera el reclamo para uso medicinal.

 

El Partido Obrero actuó con un proyecto propio que plantea la producción estatal del cannabis medicinal y la eliminación de toda la legislación penal sobre el cultivo y el consumo para ese fin. Fue la base para la elaboración de un dictamen común de la Comisión de Salud, junto a otras iniciativas. El gobierno mostró su hilacha reaccionaria y represiva, girando el tratamiento a la Comisión de Seguridad Interior y Legislación Penal, ubicando el tema en el plano del delito. Justamente el régimen al que se le “filtró” el narcotráfico por todos los poros de la sociedad y con amparo de todos los pliegues del Estado, se mostró preocupadísimo por evitar un “desliz” hacia el uso recreativo del cannabis.

 

El FpV actuó mediante un manijazo, usurpando la defensa del dictamen común a las otras fuerzas. La Cámpora compartió con la ex ministra de Defensa de la “seguridad democrática” de Milani y compañía, Nilda Garré, la exposición del dictamen de consenso con las organizaciones de lucha.

 

En línea con el manejo conspirativo de las sesiones por parte del macrismo, no se dejó entrar a las gradas a decenas de luchadores por este derecho, entre ellos numerosos pacientes que caen cada día en la ilegalidad, a veces, la penalización y hasta la detención y la cárcel por ejercer el derecho a su salud.

 

Logramos incluir la autorización del cultivo para el Inta y Conicet para la investigación científica, aunque rechazaron la inclusión pedida por nosotros de las universidades públicas.

 

El oficialismo y Patricia Bullrich, para contener a las madres que cultivan, introdujeron una ambigua excepción a las prohibiciones del artículo 5 de la ley de estupefacientes, lo cual difícilmente cubra legalmente a mamás cultivadoras y aún menos a terceros que lo hacen para ellas.

 

Hubo cerrada oposición incluso a una redacción propuesta para la habilitación transitoria del cultivo hasta tanto se produzca por los laboratorios y el Estado.

 

Destacamos que el texto aprobado concluyó limitado a la importación del aceite de cannabis que garantizaría el Estado de manera gratuita, lo cual significará un negociado para el único laboratorio que lo fabrica, la marca Sativex, del grupo GW Pharmaceutical.

 

El autocultivo y el cultivo solidario han sido fundamentales frente a la criminalización y la persecución de los gobiernos, y ahora ante un gobierno de ajuste que destinó un presupuesto miserable a la salud pública. Son claves para garantizar la mejora en la calidad de vida de los niños y adultos que necesitan de esta planta.

 

La lucha continúa.