SE VIENE UNA GUERRA ENTRE MAFIOSOS

Jorge Telerman avanzó un poco más en su propuesta, electorera y fraudulenta, de crear una policía propia para la Capital Federal.

El proyecto es una parodia destinada a atraer incautos, porque el nuevo cuerpo estaría integrado por los mismos 800 que ya cumplen tareas bajo el mando de la Dirección General de la Policía Comunitaria, que cuesta a la Ciudad 12 millones de pesos anualmente.

Telerman se propone crear un organismo represivo paralelo al de los “federicos” (policías federales), lo cual costaría otros 20 millones anuales además de los 12 ya dilapidados por la “policía comunitaria”. Macri, en cambio, habla de partir al medio a la Federal y ponerla al comando de la Jefatura de Gobierno porteña, algo en lo que ni él mismo cree. Como se dice en Prensa Obrera N° 986, jamás la burguesía permitirá que su fuerza represiva por excelencia quede en manos de un intendente.

Según el ministro de Gobierno de la Ciudad, el macrista Diego Gorgal, los nuevos canas “deberán hacer cumplir las leyes locales, actuarían sobre faltas, contravenciones y tránsito” (Clarín, 7/4). Todos conocemos el conflicto generado cuando se quiso autorizar a la Guardia Urbana a cobrar multas por infracciones de tránsito: la Federal, en forma pública, amenazó con “pudrir la ciudad”. En su lenguaje mafioso, eso significaba que convertirían a Buenos Aires entera en una enorme zona liberada para el delito.

¿Por qué? Sencillamente porque el cobro de multas a automovilistas infractores es una de las “cajas” de la Federal, la menor de ellas. Fácil resulta imaginar qué sucedería si alguien quisiera meter los dedos en las grandes: la prostitución, los desarmaderos de autos robados, el juego clandestino y el tráfico de drogas, además de los “arreglos” con delincuentes pesados. En su momento, quien esto escribe denunció en la revista Pistas, dirigida por el fallecido compañero Enrique Sdrech, sin que nadie lo desmintiera, que la División de Seguridad Bancaria de la Federal cobraba a los asaltantes de bancos 20 mil dólares por un plano de los edificios de esas instituciones.

Algo parecido sucedió cuando León Arslanián quiso llevar a efectivos de la Federal a reforzar la tarea represiva en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, la cúpula de la Bonaerense dejó llegar bajo cuerda un mensaje contundente a las redacciones de los diarios: “Avisen que al primer federico que pise la provincia lo vamos a cagar a tiros”.

Está claro que no se trata de gente que resuelva las cosas con denuncias judiciales.

Tampoco faltaron conflictos cuando la Federal quiso poner los pies en la zona portuaria, años atrás, para meterse en el negocio del tráfico de drogas llegadas en lanchas rápidas, desde el Alto Paraná, a los boliches que el menemismo había dejado abrir en la Costanera Norte. El autor de estas líneas fue testigo de un incidente en que efectivos de la Prefectura estuvieron a punto de tirotearse con miembros de la Federal a las puertas de uno de esos antros.

Quién maneja la represión

Veamos el meollo del asunto.

Consultados por la prensa, asesores de Gorgal dijeron: “Esta nueva policía no podría regular una movilización contra el gobierno nacional. Por ejemplo, si marchan a la Casa Rosada para pedirle al Presidente determinadas medidas económicas, la Policía de la Ciudad no intervendría. Aunque sí lo haría si se trata de un reclamo concreto al gobierno porteño” (ídem anterior).

Ahí está la madre del borrego. Telerman quiere crear una guardia de corps para protegerse de las movilizaciones populares, a sabiendas de que las tendrá y en abundancia.

Esta idea encuentra algún punto en común con la creación de la “Bonaerense 2” en la provincia, que a poco de existir asesinó al chico Krince. La “2” tiene el gatillo tan fácil como la “1”.

Corresponde reiterar que el Partido Obrero se opone a la transferencia de la Federal y a la creación de cualquier cuerpo parapolicial como el que propone Telerman. Luchamos por un gobierno de trabajadores, por un gobierno de Asambleas Populares, que sabrá organizar una fuerza armada al servicio de la población, no de los delincuentes ni de las mafias, bajo estricto control obrero y popular.