¿Alguién se acuerda del anuncio, efectuado hace sólo tres meses, de una “política de seguridad conjunta para la zona metropolitana”, que iba a poner fin al desasosiego ciudadano?

Pues bien, los jefes encargados de poner en práctica esa “política” (y sus planas mayores) acaban de ser destituídos.

¿La razón?

La misma de otras tantas veces, pero cada vez más arriba: ellos son los principales responsables del delito organizado que debían enfrentar.

El defenestrado jefe de la Federal, Giacomino, firmó en beneficio de su familia un contrato por dos millones de pesos en perjuicio de la Obra Social de la propia policía.

Encima, nos enteramos, que “la deuda de la Obra Social Policial creció en los últimos tres años de 16 a 50 millones de pesos” (Clarín, 4/10).

Béliz, que fue ministro de Interior de Menem, descubre ahora que lo de Giacomino “es apenas la punta de un iceberg de corrupción estructural”.

La “corrupción”, sin embargo, es lo de menos.

La policía ha sido formalmente acusada de “una asociación ilícita” con las agencias de seguridad, que cuentan con 70 mil hombres, para la ejecución de los “secuestros extorsivos”, entre otros delitos.

Estos eran los que reclamaban “mano dura”.

Según Clarín (2/10), “tres grandes bandas que cuentan con información de la fuerza de seguridad” han producido más de “80 secuestros extorsivos entre junio del 2002 y junio del 2003”.

El defensor oficial de Lomas de Zamora denunció que su propio secuestro contó con una “zona liberada” – “una tierra de nadie, dijo, por donde los patrulleros nunca pasan”.

Este es el régimen que acusa a los desocupados y a los cartoneros por la inseguridad y que exige “tolerancia cero” para los piqueteros que cortan las rutas.

La descomposición policial no tiene salida.

No la tiene porque está apoyada por el régimen político y porque está incentivada por la descomposición económica capitalista.

Kirchner y sus ministros sólo atinarán a establecer un nuevo pacto con un nuevo grupo de jefes policiales.

No hay salida sobre la base del viejo régimen político y social.

La inseguridad ciudadana es la manifestación extrema de la descomposición de una organización capitalista que ha sembrado el país de desocupados, pobres, indigentes, desnutridos y desamparados.

Solamente un gobierno de trabajadores y una Asamblea constituyente soberana, que reconstruyan el país sobre nuevas bases sociales, puede dar una salida.