28/08/2018

Policías en la Legislatura: así recibió el radical Cornejo la sesión especial contra los tarifazos

En línea con su política de amedrentamiento a los parlamentarios opositores, el gobierno de Alfredo Cornejo (UCR) dispuso ayer la presencia de varios policías en la Legislatura, cuando la oposición se había convocado para una sesión especial contra los tarifazos.


La sesión, que había sido convocada a las 19 horas, no se pudo realizar por el boicot del oficialismo, que se ausentó y la dejó sin quórum –frente a lo cual habrá una nueva convocatoria. Cuando estaban saliendo de allí, parlamentarios del Frente de Izquierda (entre ellos Víctor Da Vila, del Partido Obrero) se encontraron con los miembros de infantería en un subsuelo de la Cámara; junto a senadores de otros bloques reclamaron explicaciones por su presencia, pero la única respuesta fue el intento del jefe del destacamento de expulsarlos de allí. 

 




Según un comunicado publicado hoy por un vocero de la vicegobernadora Laura Montero, los vigilantes estaban allí “a los efectos de GARANTIZAR el normal desarrollo de las sesiones”. Los legisladores tienen buenos motivos para sospechar lo contrario: se trata del mismo gobierno que intentó imputar a Da Vila y a dos diputados del FIT (Héctor Fresina y Lautaro Jiménez) por su participación en los piquetes del paro general del 6 de abril de 2017. 


Cornejo gobierna, como ha denunciado sistemáticamente el FIT, con el Código Penal en la mano: recientemente fueron condenados –en un fallo sin precedentes- a meses de prisión en suspenso la dirigente de ATE Raquel Blas y Roberto Macho, por acompañar luchas de despedidos de la Universidad de Cuyo y un corte de trabajadores  del organismo fitosanitario de Mendoza en el ingreso al aeropuerto. Decenas de luchadores sindicales, políticos y vecinales han sido procesados, y recientemente se intentó desalojar e imputar a docentes y estudiantes que protagonizaban la toma del Instituto Godoy Cruz.

 




En esta línea, el oficialismo consiguió aprobar hoy en el Senado (en una sesión que llegó al quórum por la participación de legisladores de Libres del Sur y el Partido Intransigente) un Código de Faltas de corte represivo, que penaliza las concentraciones populares, habilita a imponer multas e incluso la cárcel por “infracciones” como pegar un cartel, permite la actuación policial a discreción y detenciones de hasta 10 días por “averiguación de antecedentes”. La normativa será ahora tratada en Diputados.


Las organizaciones populares tienen planteada una lucha a fondo contra la avanzada represiva de Macri y sus cómplices de Cambiemos y la oposición en los gobiernos provinciales.

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