Políticas

12/12/1995|477

Política Nacional: una situación prerrevolucionaria

1. Abajo el régimen fundido de Menem y Cavallo, que arrastra y quiere arrastrar todavía más a los explotados y al país a su propio hundimiento;


2. Que la crisis la paguen ellos;


3. Que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas;


4.Por un seguro al parado de 500 pesos; por una jubilación mínima de 400 pesos; por un salario mínimo igual a la canasta familiar (1.100 pesos); abajo todas las formas de flexibilización laboral y de desconocimiento del contrato colectivo de trabajo; apoyo a todas las reivindicaciones populares;


5. No a la privatización de la salud ni de las obras sociales, por la salud estatal y gratuita bajo control y gestión de los trabajadores;


6. Por la unificación de todas las luchas con una plataforma única: huelga general;


7. Fuera Menem-Cavallo y sus gobernadores;


8. Asambleas Populares, Congresos de Bases y Congresos de Trabajadores en todas las provincias y el país; denunciamos el planteo de formar ‘multisectoriales’ con las patronales grandes o ‘pequeñas’, como una política de recambio del sistema, de ‘paz social’ y de derrota de los trabajadores;


9. Reconstruyamos y desarrollemos la organización obrera y de las masas, reventada por la burocracia sindical de todas las tendencias;


10. Formemos una dirección revolucionaria reclutando a la nueva generación de luchadores;


11. Por un gobierno de los trabajadores. Por la unidad socialista de América Latina;


Con estas once consignas, votadas en forma de resolución, el Congreso del PO resumió —para la comprensión de las más amplias capas de trabajadores— las conclusiones de su debate sobre la situación política.


En esa apretada fórmula se encuentra concentrado el derrumbe del ‘plan’ Cavallo, que se manifiesta en una crisis industrial, bancaria y comercial sin precedentes, en la quiebra de las finanzas públicas en todos sus niveles y en el incontenible crecimiento de la deuda pública. Y que se manifiesta, también, en sus consecuencias políticas: enfrentamientos de las camarillas, derrumbes de los gobiernos provinciales, fractura del oficialismo y de la oposición.


El derrumbe del ‘plan’ Cavallo ha llevado a un agravamiento insoportable de la situación de las masas hambreadas, desocupadas, superexplotadas y privadas de la educación, la salud y la previsión social. Pero los trabajadores se están rebelando en todo el país contra la pretensión de la burguesía de atacar todavía más a fondo sus condiciones de vida. Esta rebelión va tomando cada vez contornos más agudos: las ocupaciones de edificios públicos, las manifestaciones políticas de masas —en las que toman parte trabajadores ocupados y desocupados, pasando por encima de las divisiones que pretende imponer la burocracia—, los ataques a los locales del poder político, la organización de los desocupados. Todo esto confirma que el movimiento obrero ha entrado en una nueva etapa.


El ‘mensaje’ común que surge de las manifestaciones, las huelgas y las luchas es que los trabajadores no están dispuestos a pagar las consecuencias de la crisis creada por la bancarrota capitalista. El mandato común de las luchas es uno solo: Que la crisis la paguen ellos.


Pero la lucha por determinar quién pagará la crisis es una lucha por el poder. Los explotadores imponen y sólo podrán imponer el conjunto de su programa —reducción salarial, más despidos, más flexibilización, privatización de la salud— a través de la acción despótica del Estado, que actúa como un capitalista colectivo contra los trabajadores. Y porque los trabajadores sólo podrán impedir que esta catástrofe se descargue sobre sus espaldas imponiéndole una derrota política decisiva al capitalista colectivo, el Estado. Detrás de la lucha por el pago en fecha de los salarios o por el subsidio a los desocupados, se plantea una lucha —aún en términos embrionarios— por el poder político, porque sólo mediante el ejercicio del poder político una clase podrá imponer a la otra que pague los costos económicos y sociales de la crisis capitalista. Esta lucha embrionaria por el poder político, que se esconde detrás de cada reivindicación acuciante de los explotados, indica el carácter prerrevolucionario de la presente etapa política.


El VIIº Congreso del PO realizó un debate minucioso sobre las consignas fundamentales que, planteando una salida para las necesidades apremiantes de los trabajadores mediante la lucha, permitan desenvolver la conciencia de los explotados sobre la naturaleza capitalista de la crisis y sobre la necesidad de organizarse independientemente en la perspectiva de su propio poder. La consigna de “Que se abran las cuentas del Estado y los capitalistas” juega este papel, porque —a la vez que plantea una respuesta inmediata a la pretensión de los explotadores de que ‘no hay plata’— plantea la cuestión decisiva de quién debe determinar a dónde se destinan los fondos. ¿A pagar la deuda externa o a pagar el subsidio a los desocupados? ¿A subsidiar a los capitalistas o a pagar un salario igual a la canasta familiar? ¿A subsidiar a la educación clerical o a sostener la educación pública? La consigna de “Que se abran las cuentas del Estado y los capitalistas” plantea, en última instancia, quién debe apropiarse de la riqueza social —los que la producen o los parásitos.


Para imponer las reivindicaciones, el Congreso llamó a desarrollar  a fondo todas las luchas existentes y organizarlas allí donde haya un reclamo pendiente, en la perspectiva de su unificación nacional: la huelga general.


En las provincias, las movilizaciones políticas de los explotados y el dislocamiento económico han planteado —y seguirán planteando—  objetivamente el problema del poder. Cayó Angeloz; el gobernador electo de Jujuy, Snopek, declaró que si no le mandan fondos no asumirá, y el ‘vacío de poder’ deberá ser cubierto por un interventor federal. ¡Pero si le envían los fondos, el propio Snopek, como lo es Mestre, será un interventor federal! Lo mismo sucede en Córdoba, Río Negro y Tucumán —sólo por citar algunos casos donde  la bancarrota económica es fulminante. La bancarrota del ‘plan’ Cavallo y el derrumbe de los regímenes provinciales plantea, en todos lados, la supresión de los gobiernos provinciales y su reemplazo por interventores federales … aun cuando estén disfrazados de ‘gobernadores elegidos por el voto popular’. En defensa de las reivindicaciones apremiantes de los trabajadores de las provincias, levantamos la consigna “Fuera Menem-Cavallo y todos sus gobernadores”.


La diferencia entre las provincias del interior y Buenos Aires es apenas de grado. Los municipios bonaerenses ya se encuentran en la cesación de pagos y deberán proceder a despedir a miles de trabajadores e ir a una liquidación aún más a fondo de la salud pública, ya en bancarrota. La aplicación de la Ley Federal de Educación provocará el despido de miles de docentes en el conurbano. La desocupación en el Gran Buenos Aires es récord y la crisis social empuja a los trabajadores a la ocupación de tierras. El pronóstico de que “ha llegado el turno de Buenos Aires” preside la intervención del PO.


Cuando los trabajadores necesitan con mayor urgencia de sus organizaciones de masas para combatir la catástrofe, el vaciamiento de los sindicatos por parte de la burocracia es absoluto. En esto, nada diferencia a las burocracias de la CGT, del MTA y del CTA, cuya única preocupación es que ‘no los dejen afuera’ en los grandes negocios que se montan con la destrucción de las conquistas obreras: la jubilación privada, la privatización de la salud y la creación de las ‘Aseguradoras de Riesgo del Trabajo’ (ART), que vendrán a lucrar con la liquidación de las indemnizaciones por accidente.


La reconstrucción de las organizaciones obreras sólo puede plantearse en estrecho contacto con las reivindicaciones apremiantes de los trabajadores y la lucha por imponerlas. No se trata, sin embargo, sólo de reconstruir los sindicatos, sino de desarrollar las organizaciones de las masas, extendiendo todas las formas de agrupamiento que se den en el curso de la lucha. Los plenarios abiertos de delegados y activistas de los gremios cordobeses y en Río Negro, están indicando la tendencia de los trabajadores a dotarse de organizaciones propias, superando a la burocracia sindical. Por embrionarias que sean, se trata de formas de organización de consejos obreros, desde el momento que en todo el curso de la lucha, esos plenarios se convirtieron en un poder alternativo, sustituyendo en los momentos de alza a la burocracia en la determinación de las consignas; en caso de haberse generalizado y desarrollado, se hubieran convertido, además, en una referencia para todo el movimiento obrero provincial frente al poder del estado.


La consigna de organizar Asambleas Populares, Congresos de Bases de los sindicatos,  Congresos de Trabajadores, para proceder a la deliberación común de los explotados y dotarse de un  pliego de reivindicaciones único para una lucha de conjunto, se dirige en la misma dirección: plantear un polo de organización independiente de los explotados frente al poder del Estado y los capitalistas. Las ‘multisectoriales’ con la Iglesia y los patrones —incluso los muy, muy grandes, como los ingenios Esperanza o Ledesma en Jujuy— son una estrategia de estrangulamiento del movimiento obrero, porque con ellas se pretende embarcar a los trabajadores en una operación de salvataje del capitalismo en quiebra y provocar su derrota política, y subordinar los reclamos de los trabajadores a los de los grandes capitalistas.


La tarea de reconstrucción de las organizaciones obreras, de la organización de Asambleas Populares y Congresos de Bases, de organización de las luchas, requiere el desarrollo de la dirección revolucionaria. El Congreso subrayó una y otra vez que los nuevos contingentes de esa dirección revolucionaria se encuentran en la nueva generación de luchadores y en la minoría de la vieja generación que pueda romper con los partidos democratizantes. Esto porque el partido y su juventud sólo podrán desarrollarse interviniendo a fondo en estas luchas y unificando, mediante sus planteos y su organización, a los luchadores que se movilicen para imponer las reivindicaciones populares, elevándolos políticamente a la comprensión del programa revolucionario de conjunto: la lucha por el gobierno de los trabajadores y la unidad socialista de los explotados de América Latina.