La actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones por la fórmula de movilidad sancionada por el gobierno volverá a quedar muy por detrás de las subas de precios. En diciembre se aplica el aumento trimestral y según privados rondaría entre 21% y 24%, cuando la inflación del tercer trimestre del año (período de referencia) fue de 34,65%. El agregado de esta nueva página de confiscación a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares es que el porcentaje de actualización será traccionado a la baja por el tope máximo anual impuesto por ley. Todo un retrato del robo a los trabajadores para cumplir con el FMI.

Recordemos que a fines de 2020 el gobierno del Frente de Todos impulsó la sanción de una nueva ley de movilidad jubilatoria, después de un año haber fijado los aumentos por decreto en perjuicio de los adultos mayores, que ya habían perdido desde la reforma previsional macrista de diciembre de 2017 casi 20 puntos de su poder adquisitivo. La nueva ley desindexó los haberes de toda referencia de precios, y va consagrar un tercer año de caída de los ingresos de 18 millones de personas.

La fórmula de movilidad instaurada por el peronismo se calcula trimestralmente en función de la recaudación de Anses y y la variación salarial, en partes iguales. Pero a su vez establece un tope anual para que no supere en un 3% el incremento de los ingresos al sistema previsional, por lo que cada diciembre se aplica una rebaja sobre el porcentaje que correspondería por el cálculo de la fórmula. Según estimaciones privadas (faltan aún conocerse algunas variables) en el último mes del año correspondería una actualización de hasta el 28%, pero quedaría entre 4 y 7 puntos por debajo por esta cláusula infame.

Será la coronación de una estafa a gran escala, ya que en los primeros nueve meses del año los aumentos sumaron un 74,5%, cuando el IPC acumuló un 103%. Un resultado lapidario que intenta ser disimulado con bonos que no se incorporan al básico y solo cobran los de la mínima, por lo que no se cuentan en los futuros cálculos y achatan la pirámide jubilatoria en perjuicio de quienes aportaron toda su vida laboral a la caja previsional. Para colmo, hoy ocho de cada diez retiros se realizan vía moratoria, producto del desempleo y el empleo no registrado, de manera que cada vez son más quienes perciben montos debajo de la línea de indigencia.

La misma actualización rige, además de para los haberes jubilatorios, para las pensiones y asignaciones. Por lo tanto, el ajuste golpea tanto a los adultos mayores como a las familias trabajadoras. Esto se ve clarito en las cuentas públicas. Un informe del centro Cepa, de orientación oficialista, refleja que en septiembre el presupuesto ejecutado por el Estado nacional para pagos de jubilaciones y pensiones cayó un 9% interanual, mientras que lo destinado a asignación universal para protección social lo hizo un 4% y las asignaciones familiares se derrumbaron un 51%. El supuesto “plan platita” de cara a las elecciones no desafiló la tijera del ajuste hacia los laburantes.

La responsabilidad del gobierno es completa, ya que habiendo atado la suerte de los haberes a la recaudación previsional no se cansa de eximir a empresarios con la condonación total o parcial de los aportes patronales, como es el caso de la medicina privada, las pymes que contratan nuevos empleados o el adelanto salarial de $60.000 que también se financió a costa de las cargas sociales. El mismo informe sobre las cuentas fiscales da cuenta de una caída del 5% en los aportes y contribuciones a la seguridad social, lo cual baja el techo para el cálculo de la movilidad.

Esto cuando reina la evasión, ya que las empresas actúan como agentes de retención y luego no efectúan o demoran los pagos a la Afip. O incluso peor, se valen de todo tipo de contrataciones precarizadas para evadir la relación de dependencia, que es efectivamente el único segmento de trabajadores que crece. Solo en el rubro de plataformas digitales de delivery los empleadores fueron denunciados en el último mes por adeudar 7.500 millones de pesos, entre quienes se hayan los grandes jugadores como Rappi y Pedidos Ya; también fueron acusadas grandes firmas como la cadena de pizzerías Kentucky, las fábricas y zapaterías de Grimoldi y la inmobiliaria Remax.

Es decir que, mientras tanto Massa como Milei se hacen eco de las exigencias de la clase capitalista por una reforma flexibilizadora alegando un altísimo “costo laboral”, vemos que lo que ocurre en Argentina es exactamente lo contrario, si además consideramos el hundimiento de los salarios -que medidos en dólares cayeron al escalón más bajo de la región. Son los mismos que, después de vaciar las arcas de la Anses para beneficiar a las patronales, reclaman nuevas reformas jubilatorias o imponen esta fórmula confiscatoria en nombre de garantizar la “sustentabilidad” del sistema previsional.

Para tener futuro, los trabajadores tenemos que organizarnos para enfrentar este ajuste fondomonetarista y las reformas antiobreras.

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