La escalada de casos positivos de Covid-19, llegando al umbral de los 100 mil contagios por día, viene imponiendo de hecho un cese paulatino de la actividad laboral debido al alto número de aislamientos, combinado con el periodo vacacional. El gobierno admite que los contagios “no tienen techo”, pero ha dejado caer la regulación que presumía los contagios de Covid-19 como enfermedad laboral, en medio de una nueva saturación sanitaria y una puja de las patronales por evadirse de los gastos excepcionales.

Las patronales han salido a reclamar una reunión con el gobierno y los sindicatos para tratar el tema. Las Pymes registran un 20% de “ausentismo”, debido a los aislamientos por contagios, mientras las grandes empresas reportan porcentajes que oscilan entre el 16 y 25%.

Un cálculo efectuado por el medio La Política Online estima que a razón de 100 mil contagios por día, más los contactos estrechos, restado el sector que no incluye la Población Económicamente Activa, estaríamos en al menos un 1% de la población laboral que debería aislarse diariamente. Esto teniendo en cuenta que los contagios se mantengan estáticos.

Desde el Ministerio de Salud solo atinaron a señalar que “no hay ninguna manera de detener la transmisión de Ómicron”, pero no se ha instrumentado ninguna política para ampliar la red de testeo y diagnóstico del sistema sanitario, la cual ha pasado a su fase de colapso, abriendo las puertas para una “descentralización privada” del manejo de la pandemia.

Del trabajo a hisoparse

A diferencia del comienzo de la pandemia, donde parte de la actividad económica se paralizó y/o restringió debido al aislamiento obligatorio y a la implementación de protocolos sanitarios laxos y deficientes, lo que ocurre actualmente es que los contagios generalizados están dando lugar a una paralización de hecho de los lugares de trabajo.

A la crisis epidemiológica se agregan planteles laborales disminuidos por las vacaciones. Incluso la combinación de ambos factores, ya que ante el supuesto de un contagio el trabajador puede solicitar la postergación del periodo vacacional para más adelante; o, a la inversa, una alta probabilidad de contraer Covid-19 en dichas vacaciones, donde los controles y precauciones son casi inexistentes.

Ante la denuncia del trabajador de la aparición de síntomas, las patronales requieren que los mismos vayan a testearse para certificar la existencia o no de un contagio. Esto implica que el trabajador deba apersonarse en las largas colas de los centros de testeos, donde se estima más de un 50% de positividad de Covid-19, lo que implica una alta posibilidad de contagiarse en el mismo lugar, si es que ya no se contaba con el virus.

De hisoparse a la casa

Las asociaciones que agrupan a las Pymes (IPA, CGERA) amenazan con que esta situación devenga en un faltante de insumos industriales y un consecuente encarecimiento de los bienes debido a la escasez de oferta por el impacto en toda la cadena de valor.

Aerolíneas Argentinas informó que operará con demoras debido a esta situación, algo similar a lo que ocurre en la industria aceitera, donde remarcaron que se encuentran funcionando con el 60% del personal.

Las patronales también alertaron respecto a la negativa de las ART a cubrir los contagios de Covid como enfermedades laborales, lo que abre un conflicto respecto a quién debe hacerse cargo del pago de los días de aislamiento. De allí que le demanden al gobierno la restitución de la cobertura de las ART, caso contrario los costos adicionales podrían trasladarse a los precios, recargando aún más la situación inflacionaria.

Esto también podría originar conflictos entre la patronal y los trabajadores, si los primeros cuestionan el carácter “inculpable” de  los contagios. Ni hablar que también podría manifestarse con recortes salariales y atrasos y adeudamiento de pagos, trasladando los gastos excepcionales a los trabajadores.

Descentralización peligrosa

En el mientras tanto el gobierno ha autorizado la utilización de autotest para tratar de descongestionar la saturaciones de los centros de testeo, aunque los mismos no sirvan como certificación para viajar o para presentar ante las patronales, y puedan dar lugar a un alto porcentaje de falsos positivos. El control de los mismos será “supervisado” por las propias farmacéuticas, habilitadas para la venta, y dependerá de la “voluntad” del usuario de informar los resultados.

También se ha “avanzado” en la indicación de no testearse en caso de contacto estrecho y presentación de síntomas, entendiéndose que se trata de un caso positivo, y de aislarse en caso de contacto estrecho asintomático.

Es llamativo que el gobierno escatime en gastos de personal e instalaciones para testear, diagnosticar y atender a la población, pero le requiera a los trabajadores que “prueben” el nexo epidemiológico de sus contagios para determinar los mismos como una enfermedad laboral: un disparate. Además, las próximas colapsadas podrían ser las comisiones médicas de la SRT, ante la presentación masiva de expedientes para el reconocimiento de enfermedad laboral por Covid-19.

La salida a este caos no puede ser dar un paso al costado, como ha hecho el gobierno, en medio de un vaciamiento sanitario dictado por las exigencias del FMI. Debe centralizarse todo el sistema de salud y destinarse el presupuesto para la apertura de centros de testeo y atención sanitaria. Así como debe restituirse la presunción del contagio de Covid-19  como enfermedad laboral y garantizarse el aislamiento del personal contagiado o con contacto estrecho.

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