A nadie se le escapa a esta altura que los alimentos vienen reportando en los últimos meses aumentos siderales. Subiendo una y otra vez por encima del índice general, los precios de comidas y bebidas se volvieron un dolor mayúsculo de cabeza para las familias trabajadoras del país. Como se podía esperar, esto fue modificando los hábitos alimenticios de la población, por lo que un estudio reciente corrobora que el 89% de los hogares del país no accede a una buena alimentación.

Así lo asevera Sergio Britos, experto en nutrición, profesor universitario y director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea). Con el 7,5% de aumento en los alimentos de febrero, el acumulado interanual llegó al 58%. Pero dentro de este índice hay brechas que también separan a unos de otros: los alimentos de mejor calidad, por ejemplo, se encarecieron un 60% más que los panificados y las harinas, y hasta un 115% más que los principales alimentos azucarados.

Britos apunta por esta situación a los programas enmarcados en la política oficial para contener la inflación, como Precios Cuidados. Amén de que estos edictos una y otra vez demostraron su fracaso, agregamos nosotros, el especialista señala que son los ítems saludables los menos contemplados. Es claro entonces que la responsabilidad del gobierno por el encarecimiento de una dieta sana es absoluta, cuando solo incluyó en sus repertorios de control, congelamiento o topes de precios a los productos más nutritivos en tan solo un 21%.

El especialista presenta por último que actualmente el costo de una dieta saludable para una familia promedio ronda los $60.000, casi el doble de una canasta básica alimentaria (que actúa como línea divisoria de la indigencia), y más de $20.000 por encima del salario mínimo. La licuación del poder adquisitivo de los salarios es entonces uno de los aspectos centrales del problema. La población más empobrecida es la que peor se alimenta, lisa y llanamente.

Esta situación empalma con la no aplicación de la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en octubre pasado. A mediados de febrero debería conocerse el texto final, en el que ya las alimenticias habrían pujado por modificaciones y enmiendas. Sin embargo, no hay certezas hasta el día de la fecha, más que las dilaciones del Ejecutivo nacional. La ministra de Salud Carla Vizzotti, de hecho, dijo que la fecha tope era el 22 de marzo. Es claro que el gobierno solo puede hacer demagogia en materia de garantizar algún tipo de acceso a la alimentación saludable.

Los trabajadores tenemos que dar la lucha por el derecho a una alimentación saludable y nutritiva, que va indisociablemente ligada a la lucha por la recomposición del salario, las jubilaciones y los ingresos. En la vereda contraria, el gobierno se reunió ayer nomás con la CGT y la Unión Industrial a fines de delinear una hoja de ruta para contener los reclamos salariales e imponer el techo del 45%, mientras hoy convocó al Consejo Económico y Social para avanzar en la liquidación de los convenios colectivos de trabajo. En tanto, los jubilados ya perdieron en el primer trimestre más de un 2%.

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