La sesión del 19 de abril de la Cámara de Diputados votó la modificación de la Ley de Prevención y Represión del Lavado de Activos (LA). Esta ley de Néstor Kirchner, votada en 2007, fue como ahora una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control y tutela manejado por Estados Unidos con la supuesta función de detectar operaciones de lavado de activos. El GAFI viene a inspeccionar a la Argentina en septiembre y eso explica la premura en incorporar 40 modificaciones dictadas por este organismo.

Como señalara la diputada Romina Del Plá, los EEUU se arrogan la supuesta autoridad para decidir cómo deben legislar y actuar los países a los que imponen su política, cuando varios estados norteamericanos son paraísos fiscales, y las multas que se aplican a las empresas por lavado y pagos para corromper funcionarios del mundo subdesarrollado son irrisorias, haciendo la vista gorda ante las operaciones de lavado bancarias del narcotráfico, venta de armas y trata de personas. Finalmente esos fondos contribuyen a sacar de la bancarrota al capital en crisis.

No casualmente esta iniciativa parlamentaria express se vota cuando llega al país la Jefa del Comando Sur Laura Richardson. Romina Del Plá remarcó: “Es evidente que quiere nuestro litio y demás reservas naturales estratégicas: no es casualidad que se reuniera con Cristina Kirchner hace poco tiempo atrás. Los diputados de los bloques mayoritarios que van a votar esta ley son los mismos que después reciben financiamiento espurio en sus campañas electorales, proveniente del narcotráfico y el lavado de activos. Son los bloques que amparan la fuga de capitales y después organizan el lavado a través de sistemáticos perdones y blanqueos. La burguesía argentina tiene más de un PBI no declarado en el exterior, la fuga de capitales es una política de Estado.”

La ley incluye la persecución al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, definiendo al terrorismo como “actos que se hubieran cometido con el fin de aterrorizar a la población, u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o de alguna organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” con lo que cualquier reclamo popular al Estado, cualquier manifestación sobre alguna embajada o inclusive una huelga de un sector considerado esencial, podría entrar dentro de esta clasificación.

De hecho, esta legislación ya se ha aplicado contra la población mapuche y contra los ambientalistas anti mineros, acusados de terrorismo. Además, al convertir en legislación interna la Convención de Represión al financiamiento al terrorismo de la ONU, y la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la OEA, el país está obligado a negar refugio o asilo político a todo “sospechoso de terrorismo” renegando del principio jurídico de presunción de inocencia para establecer exactamente lo contrario.

Siendo la Argentina, según los Panama Papers, el tercer país del mundo con activos financieros en paraísos fiscales, que sistemáticamente se auto indulta con blanqueos de todo tipo, queda claro que lo único que realmente tiene vigencia por esta legislación es la criminalización de la protesta. Acertadamente, Romina Del Plá resaltó el carácter del fallo que condenó a Cesar Arakaki y Daniel Ruiz basado en la figura de “intimidación pública” por el hecho de manifestarse contra la reforma previsional macrista. Este acto de coloniaje es una prueba más del vasallaje de nuestra burguesía nacional.

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