Después de su muerte, los medios coincidieron en el calificativo histórico de Raúl Alfonsín: “padre de la democracia”. No es cierto.

La “democracia” tuvo otro padre: el régimen militar, que después de 30 mil desaparecidos, una catástrofe económica sin precedentes y una guerra perdida, se vio obligado a retirarse de apuro y convocar a elecciones, luego de arribar a un acuerdo con los partidos “suspendidos” pero no ilegalizados. Alfonsín sólo las ganó, aunque para ganarlas necesitó ver lo que otros no vieron.

El factor decisivo fue su posición ante la guerra de Malvinas.

Apenas producida la acción del 2 de abril de 1982, Alfonsín, como todos los políticos del momento, le dio su aval: “Este hecho militar tiene el respaldo de todo el país. Es una reivindicación histórica que tiene el asentimiento y la unanimidad de todos los argentinos” (Crónica, 2/4/82).

Pero, cuando los bombardeos británicos -aún antes del desembarco en la bahía de San Carlos el 21 de mayo- empezaban a hacer previsible el resultado de la guerra, Alfonsín cambió de posición. Con la flota inglesa en operaciones, pidió la sustitución de la junta militar por un gobierno de “unidad nacional”, que firmara el retiro de las tropas argentinas de las islas: “… (Alfonsín) postula al doctor (Arturo) Illia, presidente de la UCR, para liderar el proceso hacia la democracia… acompañado por un gabinete de salvación nacional… Argentina debe transitar de inmediato el camino de la democracia… se definió (Alfonsín) como un ferviente partidario de la paz” (La Razón, 15/5/82). Con esa postura, el jefe de Renovación y Cambio de la UCR presentó la carta política del gobierno norteamericano: retiro de las tropas argentinas y reemplazo de la camarilla militar que había desafiado al bloque anglo-yanqui.

Aunque la llegada de la flota y la apertura del fuego hicieron que todos los partidos patronales que inicialmente habían respaldado la ocupación militar de las islas se inclinaran por negociar, Alfonsín fue el único que ofreció una salida de conjunto, definitiva: el cambio de gobierno y la modificación del régimen político. Alfonsín inauguró la tendencia “desmalvinizadora”, que por eso garantizaba el pago de la deuda externa y todos los compromisos asumidos por la dictadura con el imperialismo.

En enero de 1983, con el proceso electoral ya abierto, Alfonsín anunció oficialmente esa “desmalvinización”: “Un gobierno democrático puede negociar con Gran Bretaña… La ocupación de las islas ha sido un error… Entiendo el escaso deseo británico de entregar a sus ciudadanos a una dictadura…” (La Prensa, 25/1/83). Apenas semanas antes de las elecciones, denunciaría el “pacto militar-sindical”; o sea, la tentativa del peronismo y de la burocracia sindical de intentar una amnistía para los invasores de Malvinas.

En aquel entonces, en el fragor de los hechos, Política Obrera caracterizó la política alfonsiniana con mucha precisión. En el informe de su III Congreso (diciembre 1982, realizado en la clandestinidad) puede leerse: “Alfonsín fue catapultado por el imperialismo, en oportunidad de la guerra de las Malvinas, cuando se lanzó a una campaña para el reemplazo inmediato del régimen militar. Con esto se colocó como un elemento dispuesto a insertar el proceso ‘democratizante’ en una renegociación con el imperialismo yanqui” (‘Se realizó el III Congreso de Política Obrera’, en Política Obrera Nº 335, 28/12/82).

No siempre Alfonsín había exigido el retiro de los militares. En marzo de 1980, cuando el ministro del Interior de la dictadura, el general Albano Harguindeguy, comenzó su ronda de “diálogo político” con vista a una apertura electoral, Alfonsín estuvo entre sus interlocutores (un listado completo de quienes hablaron con Harguindeguy se tiene en Yanuzzi, María de los Angeles; Política y dictadura: los partidos políticos y el Proceso de Reorganización Nacional, 1976-1982, Rosario, Fundación Ross, 1996). Alfonsín aprobó la participación de la UCR en esos encuentros y declaró estar “de acuerdo con la postura que hoy exhibe mi partido” (La Nación, 22/3/80).

Aquellos encuentros con los partidos produjeron una crisis de régimen. Leopoldo Galtieri, jefe del Ejército, salió al cruce del gobierno al sostener que “las urnas están bien guardadas” (Clarín, 28/3/80). Se encargó de contestarle el propio Alfonsín: “Que les vayan pasando el plumero, porque las llenaremos de votos” (Clarín, 1/4/80). Alfonsín respaldaba al ala “institucionalista” de la dictadura representada por el general Roberto Viola.
En 1981, Viola reemplazó a Jorge Videla en la presidencia de facto y a fines de ese año Galtieri lo derrocó, precisamente para abortar cualquier “apertura”. Otra historia empezó entonces.

“Es evidente que (Alfonsín) cuenta con un gran apoyo financiero, que le permite realizar una campaña muy costosa. Por los ‘equipos económicos’ que lo rodean se puede ver claramente su vinculación con la burguesía industrial y con el gran capital bancario con intereses en la exportación industrial” (‘Se realizó el III Congreso…’). Al mismo tiempo, “el fenómeno alfonsinista es un intento relativamente audaz de explotar la declinación del peronismo y su aguda división interna. Se daría la posibilidad inédita de una derrota electoral del peronismo” (ídem), porque, además, Alfonsín “puede canalizar electoralmente a la pequeña burguesía y a una buena parte del proletariado” (informe político al III Congreso de Política Obrera, agosto de 1982).

El caudillo de Renovación y Cambio pasó así a ocupar un lugar de preferencia para el imperialismo. Como indicaba aquel informe al III Congreso de PO, “sería simplemente un crimen agotar la caracterización del alfonsinismo como una corriente democratizante en la forma, y ocultar su carácter proimperialista en el contenido”.

Ya se vería hasta qué punto eso era así.

Alejandro Guerrero