03/03/2011 | 1166

Por qué cayó Pedraza

Los responsables y autores políticos de los crímenes del 20 de diciembre de 2001 o de Kosteki y Santillán, o del maestro Fuentealba o de los campesinos qom, o los sin techo de Soldati o de Teresa Rodríguez, nunca fueron llevados al banquillo de la Justicia: siguen sueltos y en la dirección de asuntos políticos de diversas características. Los asesinos de la jornada del Argentinazo fueron puestos a buen recaudo por sus padrinos políticos.

Victoria política

La cárcel de Pedraza y de Fernández es, por eso mismo, una victoria política extraordinaria, aunque el proceso judicial deba pasar aún por diversas instancias y por las fluctuaciones del proceso político nacional. Su protagonista excluyente fue el formidable movimiento popular que llenó varias veces la Plaza de Mayo, que se expresó en pronunciamientos de personalidades relevantes (destacamos el video de Carlos Tévez) y en la acción de artistas internacionales que metieron la bandera del juicio y castigo incluso en los festivales oficiales, a pesar de sus organizadores. El empuje popular se manifestó, por sobre todo, en las decenas de trabajadores que concurrieron a testificar desde un primer momento y en los ‘movileros’ de televisión, quienes documentaron paso a paso la acción criminal. La batalla por el juicio y castigo ganó a los trabajadores tercerizados, a los talleres de Remedios de Escalada y el Roca, así como al conjunto de los trabajadores ferroviarios.

La orientación adoptada por nuestro partido también fue decisiva, como lo prueban las polémicas que suscitó, en forma ininterrumpida, en los cuatro meses que han pasado desde el 20 de octubre -en especial, la escala de ataques sin respiro de parte de la prensa y los escribas del oficialismo. El reclamo de una definición política del gobierno, en cuyas secretarías ministeriales se aloja la patota ferroviaria aún hoy, fue fundamental para atacar las tendencias al encubrimiento del crimen y desarrollar una crisis política. De entrada lo caracterizamos como un «crimen político», es decir, que involucra al poder y al conjunto del Estado. La torpe reacción del gobierno, frente a la aguda delimitación de posiciones que establecimos con la cabeza del Estado, fue adjudicarnos a nosotros la responsabilidad por el asesinato de Mariano. El país asistía a una nueva defensa del «orden», esta vez en boca de los voceros nacionales y populares. Incluso la primera fiscal, Caamaño, inició su labor con la denuncia absolutamente mentirosa de que impedíamos la presentación de los testigos -un cargo gravísimo, pues su consecuencia inmediata hubiera sido el procesamiento de los compañeros de la víctima. Nuestra línea, de entrada, fue cárcel a Pedraza y expulsión de la patota del ferrocarril, junto a los capitalistas de Ugofe. Desde el inicio, denunciamos la zona liberada por la policía y la protección que ésta brindó a la fuga de los criminales. La querella de nuestro partido rechazó la propuesta del co-querellante CELS de Verbitsky, de asegurarnos el juzgamiento de los autores materiales y después ver cómo seguirla con los responsables políticos -el curso exacto tantas veces usado para que todo quede en la nada. El planteo dejaba ver la desconfianza en una colaboración del poder político con el proceso judicial y era, al mismo tiempo, un acto cómplice con el interés último de preservar a los autores políticos del crimen. La movilización popular y la orientación política señalada derrotaron el intento oficial de calificar a lo ocurrido desde el primer momento como un «enfrentamiento» o la «acción de los violentos» (CFK) que «buscan un muerto» (Tiempo Argentino).

Complicidad oficial

La complicidad política del gobierno con la patota se manifestó con toda claridad en el bloqueo de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Trabajo a la incorporación a planta de los trabajadores tercerizados, que hasta ahora fue cumplida en apenas un 30%. Eliminar la tercerización significa destruir la gran fuente de lucro de numerosos empresarios y de la propia patota, que regentea empresas y cobra coimas por los contratos. Esa complicidad se manifestó el 23 de diciembre, cuando el gobierno criminalizó un corte de vías de tercerizados y miró para otro lado por los desmanes protagonizados por la patota en la estación Constitución y pretendió adjudicarlos al PO a través de la ministra Garré. Los K habían logrado, al cumplirse el tercer mes del asesinato, culpabilizar judicialmente a los compañeros de militancia de Mariano Ferreyra. Es muy claro que la lucha de los ferroviarios puso en la agenda nacional la cuestión de la tercerización y de la complicidad de todos los Pedraza del país con la precarización laboral. Nuestro empeño va dirigido a extender esa lucha hacia todos los efectivos ferroviarios, donde se refuerzan hoy las tendencias a la expulsión de una burocracia descabezada en una Unión Ferroviaria virtualmente acéfala.

La llamada oposición política se mantuvo al margen de esta lucha, con la lógica excepción de agrupamientos menores que actúan en su seno. La llamada ‘derecha’ prosiguió su campaña electoral como si nada hubiera ocurrido, aunque de nada le sirvió para mejorar su intención de voto. Es decir que fue un cómplice consecuente de los K desde la primera hora. Más adelante, mostraría aún más la hilacha al solidarizarse con el burócrata Venegas, un agente de la explotación infantil y el trabajo esclavo (que él argumenta que son necesarios en el agro, debido al método de trabajo familiar que requerirían los «frentes de cosecha»). El sector que esgrime la «defensa de la institucionalidad» salió a ‘apretar’ al Poder Judicial; el gobierno capituló presuroso al ordenar a Oyarbide la liberación del reo. La CGT de Moyano aprovechó para declarar que «el sindicalismo es discriminado por la Justicia», una defensa de Zanola, cuyos términos generales incluían a Pedraza (el 1º de marzo, sin embargo, Moyano no usó los mismos términos para responder al ataque de la Presidenta contra las luchas de los gremios de servicios). Algunos sectores de la conducción moyanista, como la UTA, se pronunciaron públicamente por la libertad de Pedraza -defendiendo seguramente sus propias prácticas espejo en el subte. El defendido Venegas se ocupó él mismo de solidarizarse con Pedraza.

Obama, Mubarak y los K

Los oficialistas, que presentan el encarcelamiento de Pedraza como una variante de «Cristina lo hizo», ocultan los hechos relatados. Para ellos, la prisión de Pedraza es el resultado de un «testigo arrepentido» aportado por Néstor Kirchner. Sandeces: el tal ‘testigo’ ha sido usado por la defensa para reclamar la excarcelación de la patota. Para el oficialismo no hubo un «crimen político», es decir que ignoran la naturaleza del conflicto social con los tercerizados, la gestión político-mafiosa del ferrocarril y el entrelazamiento del aparato del Estado con la patota y la burocracia sindical que adultera medicamentos, entre otras cosas. Los oficialistas adulteran la naturaleza de la política oficial respecto del asesinato de Mariano: no tienen por objetivo clarificar el crimen hasta sus últimas consecuencias políticas, sino que buscan cabalgar la crisis generada por el crimen para poder salvar todo lo que sea posible y, en última instancia, el botín estratégico de la estatización del movimiento sindical por medio de una burocracia adicta. Es lo que está haciendo ahora Obama en el norte de Africa: sacrificar a los Ben Alí, Mubarak y Gaddafi para salvar el aparato de Estado de esos regímenes. La defensa incondicional de los sátrapas no es siempre la mejor línea de defensa de los intereses de conjunto de los explotadores liderados por ese sátrapa. Si la Presidenta caracterizó a Pedraza, en noviembre de 2009, al inaugurar un policlínico ferroviario, como la expresión de un «sindicalismo que construye», aún cuando Pedraza ya había sido encontrado culpable de una estafa por 34 millones de pesos con los sepelios de su mutual, es claro que si ahora «le soltó la mano» es para preservar ese «sindicalismo» de los crímenes de Pedraza. ‘Despegarse’ de un criminal no es convertirse en el fiscal del crimen, menos aún cuando se trata de un ‘despegue’ sigiloso, sin ninguna declaración pública -quizá porque cualquier palabra que hubiera sido dicha habría desnudado las contradicciones insalvables del ‘despegue’. El destino final de Pedraza, con todo, no está sellado, porque depende de la evolución del contexto político y la política de los K es reforzar la alianza con la burocracia sindical contra el clasismo; o sea: favorecer el desarrollo de un contexto político que permita, eventualmente, la liberación de Pedraza y de la patota.

El kirchnerismo se ha visto obligado a despegarse (¡por omisión!) de un eslabón para salvar dos posiciones clave: primero, el manejo de la privatización ferroviaria en sociedad con la burocracia de la Fraternidad y la UF; segundo, a la Unión Ferroviaria misma del embate de los activistas y delegados de izquierda. Un tercer objetivo es salvar con el conjunto de la patronal el régimen de la tercerización, un pilar de la baja de costos laborales y de la fragmentación del movimiento obrero durante los últimos veinte años. El gobierno aliado a esa burocracia «cabalga» la crisis para salvar las relaciones sociales y políticas que forman la base del crimen contra Mariano. El mismo significado tiene el «despegue» de la CGT con Pedraza, ya que necesita evitar nuevos compromisos criminales a la causa de los medicamentos y a otros crímenes cometidos por ajustes de cuentas entre la misma burocracia. Los oficialistas olvidan que los Pedraza operan en todo el país, desde las patotas de Santa Cruz que golpean a toda clase de trabajadores por órdenes de los gobernadores K. El pedracista Antonio Luna, de la Fraternidad, es subsecretario de Transporte Ferroviario, al comando de todo el sistema, de la caja de los subsidios, de los negociados de compra y mantenimiento, del ingreso de personal, de los contratos tercerizados.

El contenido de la lucha

El kirchnerismo, en este proceso, defiende intereses incluso más estratégicos que los de la mafia ferroviaria estatal-burocrática. El pedido de indagatoria a cinco policías deja afuera a la cúpula que fue responsable del operativo y al ministerio respectivo, que hoy está en manos de Nilda Garré. La flamante funcionaria, quien predica la «seguridad democrática», hasta ahora no ha movido un dedo para que toda la jerarquía y el ex ministro encargado del área desfilen por los tribunales. Como se puede ver, el oficialismo ‘suelta una mano’ para agarrar la otra con más fuerza.
A la luz de este balance emerge definido el contenido de la lucha por el juicio y castigo de TODOS los culpables. Implica la expulsión del Estado de la mafia ferroviaria; su expulsión de los sindicatos; la nacionalización efectiva del ferrocarril bajo control obrero. El gobierno se apresta a discutir un convenio de trabajo con los paritarios de Pedraza: exigimos que lo paritarios de la UF sean electos por asamblea o en un congreso de delegados electos por la base.
La lucha por el juicio y castigo sigue. Cárcel a todos los responsables; que paguen la Federal y la Ugofe; fuera la patota de la Secretaría de Transporte; pase a planta de todos los compañeros; inmediatas elecciones en el Roca con el voto de todos los tercerizados; asambleas por ramal para que una asamblea general de la Unión nombre una comisión provisoria ante la acefalía, anule el estatuto cárcel y convoque a elecciones democráticas.

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