La crisis del sistema previsional está obviamente en el centro del temprano desplazamiento del titular de la Anses, Alejandro Vanoli. Esa crisis no es el producto de un régimen jubilatorio deficitario o de los “privilegios” de ciertos sectores de trabajadores –como asegura el gobierno-, sino del saqueo de los fondos de la Anses como una caja preferencial para intentar aceitar las contradicciones mortales de la política oficial. Todos los beneficios a las patronales y la escasa asistencia económica a las familias trabajadoras salen de esta caja, que para colmo recibe también la mayor parte de los papeles de deuda que emite el gobierno. La crisis en torno a la Anses es una aspecto de la quiebra del Estado al calor del rescate a los capitalistas

Un punto importante de fricción fue la demora en darle curso a la aprobación de las empresas que solicitaron incorporación programa de Asistencia al Trabajo y la Producción -en virtud del cual la Anses paga del 50% de los salarios de sus trabajadores. La proximidad de la fecha del cobro del mes trabajado en abril generó una fuerte presión para que se resuelvan todas las solicitudes, luego de que las cámaras patronales lograran que el gobierno habilite el alcance del programa a nuevos rubros, lo que llevó la cifra de empresas inscritas hasta el momento a cerca del medio millón.

Este retraso no se debe únicamente al alto nivel de informalidad laboral en las pymes, que hizo que dos tercios de las empresas no terminaran de completar los requisitos porque se niegan a declarar la nómina de trabajadores que emplean. Es sobre todo un problema de caja. Hay que tener en cuenta que por estos mismos días la Anses tiene que cubrir el Ingreso Familiar de Emergencia, que si bien es reducido en su monto –y a pesar de haber excluido casi al 40% de los anotados– suma un nuevo gasto extraordinario. No por nada Vanoli se había apresurado a hacer público que tanto el bono a los jubilados (de principios de abril) como el IFE serían pagados por única vez, generando nuevos chispazos hacia dentro del gobierno.

El problema radica en que al mismo tiempo se desploma la recaudación de la Anses. En primer lugar, porque una de las primeras medidas de aquel programa de Asistencia al Trabajo y la Producción fue permitir a más de la mitad de las empresas del país postergar por dos meses el pago de los aportes patronales al sistema previsional. A ello se suman los miles de despidos, suspensiones y reducciones salariales que también impactan en forma directa achicando los ingresos de la Anses. El acuerdo que establece el consentimiento del gobierno nacional y la CGT a los recortes salariales que reclama la UIA es un tiro de gracia a la caja previsional. Las tensiones que derivaron en la desvinculación de Vanoli son la expresión política de que el organismo es una bomba de tiempo.

A todo eso se suma el empapelamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que viene siendo el principal rescatista de la deuda en pesos, ya que le son enchufados casi todos los bonos que emite el gobierno. Además, el refinanciamiento compulsivo de los vencimientos de los bonos que tiene en su poder el FGS (que en lo que va del año suma 465 millones de dólares y 125.000 millones de pesos) llevan a una desvalorización sostenida del fondo, que en poco más de dos años cayó desde los 64.000 millones de dólares a unos 30.000 millones. Ni bien asumió, el gobierno de Alberto Fernández incrementó el máximo de fondos que podían utilizarse en compra de bonos del 50 al 70%

Para completar el cuadro, se habría generado una disputa por los sillones en los directorios de empresas clave en las que el FGS tiene participación. Ello habría estancado las designaciones de directores en Telecom y Techint, mientras que en Edenor el designado fue el propio Vanoli (que ahora conservará ese cargo). El nombramiento de la camporista Fernanda Raverta como sucesora en la presidencia de la Anses vendría posiblemente a intentar zanjar las peleas internas del gobierno por el reparto de los cargos.

Para los trabajadores, lo que está en juego es la defensa de la Anses contra el saqueo a que es sometido el sistema previsional para rescatar a los capitalistas, tanto a las empresas como a los bonistas. El robo de perpetrado a principios de año contra los jubilados -quienes entraron a la enorme crisis actual tras el congelamiento de la movilidad que dejó a la mayoría cobrando un tercio de la canasta de la tercera edad- promete agravarse al calor del vaciamiento de la Anses. Lo que necesitamos es dejar de pagar la deuda, reponer los aportes patronales y poner al organismo bajo control de los trabajadores activos y pasivos, para garantizar el 82% móvil a los jubilados. Que la crisis la paguen los capitalistas.