El presidente Javier Milei aseguró este martes 12 que está evaluando el envío de un proyecto al parlamento para modificar la ley de Seguridad Interior, esto con el propósito de ampliar las atribuciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en ese terreno.

Si bien Milei lo esgrime como una herramienta para el combate del narcotráfico en Rosario, hace tiempo que tiene en mente rehabilitar a las FF.AA. para la represión interna. Es un ataque peligrosísimo contra las libertades democráticas que va de la mano de otras iniciativas, como la modificación del decreto reglamentario de la ley de defensa nacional, de 2006, que ya anticipó el ministro de Defensa, Luis Petri.

La ley de Seguridad Interior data de 1991 y restringe el papel de las fuerzas armadas en la seguridad interior a proporcionar en ciertos casos, y a solicitud del Ministerio de Defensa, “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones” (artículo 27). Amparándose en esto es que el gobierno dispuso el apoyo logístico de las FF.AA. a las fuerzas federales que ya operan en Rosario.

Pero Milei quiere ir más lejos. En una entrevista con Crónica TV, habló de “algunas acciones adicionales”, y de “acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo”. La vaguedad no podría ser mayor. ¿Significa que los militares podrían efectuar operativos? ¿Usar su armamento letal? El presidente dijo que los militares no dispararían, pero no dio mayores precisiones.

Hasta aquí, según trascendidos periodísticos, en los propios medios castrenses hay reticencia a involucrarse en la crisis rosarina y en tareas de seguridad interior, especialmente por la falta de un marco normativo claro que las preserve legalmente. Se dice que Bullrich tenía la intención de mandar militares a la ciudad santafesina, junto a otros efectivos de las fuerzas de seguridad, pero que el ejército dijo que no (La Nación, 9/3). El anuncio de Milei tal vez busque disipar esas inquietudes.

Paralelamente, el ministro Luis Petri trabaja desde el comienzo de su gestión en una nueva reglamentación de la ley de defensa nacional. Instituida en 1988, la norma establece que el área de las fuerzas armadas se limita a las “agresiones de origen externo” (artículo 2). En 2006, un decreto reglamentario precisó que “se entenderá como ‘agresión de origen externo’ el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país”.

Petri buscaría, según versiones periodísticas, eliminar la referencia a los Estados extranjeros, de modo de crear un paraguas legal para que las FF.AA. puedan intervenir ante la amenaza de “grupos terroristas”. Un viejo pretexto que se viene usando indiscriminadamente desde el 11S en Estados Unidos, en 2001, para suprimir garantías constitucionales y crear verdaderos “estados de excepción” por todo el mundo.

El gobierno, en definitiva, quiere aprovechar el temor y la angustia generada en la población trabajadora por la crisis narco para avanzar en la rehabilitación de las fuerzas armadas para la represión interna. Esto es indisociable de la grave crisis social que generan las brutales políticas de ajuste que ya sumergieron en la pobreza al 60% de los argentinos. Es un hecho grave que debe ser denunciado y rechazado. Al narcotráfico no se lo enfrenta empoderando a los militares (consúltese, si no, las experiencias dramáticas de México y Colombia), sino desarticulando la red de complicidades dentro del aparato de seguridad y del poder político y económico.

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